El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que insistirá con reformas en materia electoral, fiscal y de austeridad republicana, enviando nuevamente las iniciativas al Congreso de la Unión antes de que concluya el actual periodo legislativo.
Reformas electorales
Respecto a las electorales, reiteró que serán reformas legales o secundarias ya que, dijo, se sabe públicamente que la oposición no dejará pasar las reformas a la Constitución, en donde se requieren dos terceras partes de los legisladores. En cambio, con la legal, solo la mayoría, es decir, el 50 más uno.
«¿Para qué espero?, si ya es de dominio público que ya se pusieron de acuerdo. Yo quiero que antes de que termine el periodo se vote, y como es una reforma legal no se necesitan dos terceras partes de los votos. Es un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional”, manifestó.
Irónicamente, aplaudió el logro de la oposición en el tema, sobre todo en que no se podrán eliminar las representaciones plurinominales. También, el que tampoco reducir el presupuesto de los partidos políticos.
Las reformas secundarias serían para ahorrar recursos en la organización de las elecciones y prohibir la compra de votos.

Va otra vez por los delitos fiscales
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminara la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales, López Obrador también informó que, a través de una reforma a la Constitución, buscará que se vuelva a incluir en el catálogo de delitos.
Otra vez, la austeridad republicana
Asimismo, precisó que enviaría una iniciativa de austeridad republicana porque “no puede ser que con amparos, con triquiñuelas legaloides, estén ganando más que lo que gana el Presidente”, expresó, señalando que violan el artículo 127 Constitucional mediante amparos y que, además, son jueces y parte.
Añadió que será una “reforma de Estado” para incluir un candado para que servidores públicos no puedan incorporarse a la iniciativa privada tras concluir sus cargos. Mismo que ya estaba contemplado en la Ley de Austeridad Republicana aprobada por Morena y su coalición, pero también fue declarado sin validez por la Suprema Corte.