La violencia en Juchitán no llegó de golpe: se instaló, creció y se normalizó durante la gestión de un alcalde de Morena que prometió seguridad, ganó la reelección con más de 34 mil votos y terminó detenido por extorsión agravada, vínculos con el crimen organizado y homicidios. Mientras tanto, el municipio se convirtió en el más peligroso del estado de Oaxaca.
El municipio que nadie quería ver
Juchitán de Zaragoza, la tercera ciudad más importante de Oaxaca y puerta del Istmo de Tehuantepec, lleva al menos dos años consecutivos encabezando la lista de municipios con mayor incidencia de homicidios dolosos en la entidad. Solo en el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 20 asesinatos, equivalentes al 12% del total estatal, y para octubre la cifra ya se acercaba al medio centenar, con semanas en las que se reportaban hasta cinco crímenes consecutivos.
El patrón se repitió en 2026. De acuerdo con el diagnóstico de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), los delitos de alto impacto con mayor incidencia en Juchitán son el homicidio doloso, la extorsión y el narcomenudeo. En homicidios dolosos, el municipio se ubica en primer lugar estatal desde 2025, mientras que en el primer trimestre de 2026, en extorsión también ocupó el primer lugar, y en narcomenudeo el segundo.
Según la Fiscalía General del Estado, Juchitán es uno de los municipios más violentos del país y alcanzó el quinto lugar entre las 88 ciudades más importantes de México en tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. «Alcanzó el quinto lugar entre las 88 ciudades más importantes de México en tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes», confirmó el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla. Solo lo superan Cajeme, Culiacán, Irapuato y Cuernavaca.
La violencia en Juchitán: números que duelen
Durante 2025, Juchitán acumuló 88 víctimas de homicidio doloso, lo que equivale a un asesinato cada cuatro días en promedio, mientras que en el primer bimestre de 2026 concentró casi 29% de los homicidios del estado.
Los ataques más frecuentes se concentraron en colonias urbanas y comunidades cercanas, donde mototaxistas, comerciantes y transeúntes fueron víctimas de ejecuciones en plena vía pública. En algunos casos, los agresores dejaron mensajes amenazantes o incendiaron los vehículos de las víctimas, lo que refuerza la presencia de grupos delictivos organizados que operan en la zona con altos niveles de impunidad.
El contexto estatal tampoco ayuda: el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) documentó 230 víctimas de homicidio doloso en Oaxaca durante el primer trimestre de 2026, frente a 197 en el mismo periodo de 2025, un aumento del 17%. Dentro de esa tendencia, Juchitán jalaba hacia arriba con fuerza propia.
¿Quién es el alcalde morenista detrás de la crisis?
Miguel Sánchez Altamirano, conocido en su región como «Miguel Quetu», es presidente municipal de Juchitán de Zaragoza y fue detenido el 23 de septiembre de 2026 en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales.
Había sido secretario particular del exalcalde Emilio Montero Pérez y asumió la presidencia municipal en noviembre de 2022. En 2024, Morena lo postuló para la reelección en candidatura común con el Partido Verde y Nueva Alianza Oaxaca, asegurando un segundo mandato para el periodo 2025-2027.
Al tomar posesión en enero de 2025, Sánchez Altamirano prometió: «Vamos a trabajar para garantizar la seguridad física y patrimonial de las y los juchitecos». Lo que siguió fue lo contrario.
El alcalde fue detenido acusado de extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas, homicidios y protección a operaciones de grupos delictivos. Sánchez cumplía su segundo periodo como alcalde y, como parte de sus funciones, participaba de manera constante en las mesas de seguridad del Istmo de Tehuantepec, donde conocía las acciones de combate a la delincuencia que el gobierno estatal y federal realizaban en la región. O sea: sabía exactamente lo que pasaba, y presuntamente desde adentro.
La Operación Sable: tarde, pero llegó
La detención ocurre después de que Juchitán fuera intervenido por fuerzas estatales y federales en junio de 2025 mediante la llamada Operación Sable, ante indicios de infiltración criminal en la Policía Municipal y el centro de videovigilancia C2.
En esa operación, los 218 integrantes de la Policía Municipal fueron sometidos a evaluaciones de control de confianza, mientras la Policía Estatal, la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional asumieron la seguridad del municipio. Y aun así, la violencia no cedió.
La Fiscalía reportó que entre febrero de 2025 y abril de 2026, la Operación Sable había capturado a más de 140 personas por homicidio, secuestro, tráfico de migrantes y asociación delictuosa. Números importantes en el papel, pero insuficientes frente a la escala del problema.
¿Y a mí qué me importa la violencia en Juchitán?
Te importa porque Juchitán no es un caso aislado: es la foto más nítida de cómo el crimen organizado permea estructuras de gobierno local que nadie cuestiona mientras ganan elecciones con mayoría aplastante. Sánchez Altamirano obtuvo 34,304 votos frente a apenas 10,496 de su rival más cercano. La gente lo reeligió. Y eso habla de una falla que va más allá del alcalde.
También te importa porque el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec —uno de los megaproyectos estrella de la 4T— pasa exactamente por aquí. Un estudio sobre la percepción de inseguridad entre jóvenes del Corredor Interoceánico, elaborado por investigadores de la Universidad Autónoma de Oaxaca, documentó el aumento de delitos como abuso sexual, despojo, feminicidio, secuestro y violencia familiar. El desarrollo económico llegó, pero trajo consigo disputa territorial entre grupos criminales.
Y te importa porque la violencia no respeta edad. El crimen organizado actúa donde hay vacíos de autoridad, y los jóvenes son los más vulnerables —como objetivo de reclutamiento o como víctimas directas. No es casualidad que el mismo fenómeno de grupos criminales operando en Oaxaca esté vinculado a casos como el reclutamiento de adolescentes oaxaqueños a través de TikTok, donde el crimen organizado usa redes sociales para captar a menores de edad en estados como el propio Oaxaca.
¿Qué sigue?
La detención del alcalde abre más preguntas que respuestas. ¿Cuánto sabían el gobierno estatal y el federal? Sánchez Altamirano es identificado como colaborador cercano del senador morenista Antonino Morales y del director del IEEPO, Emilio Montero. Vínculos que, en política, no son menores.
Mientras tanto, Juchitán sigue siendo el municipio más violento de Oaxaca. Las promesas de campaña quedaron como evidencia de lo que no fue. Y los datos oficiales —que puedes consultar directamente en el portal de datos abiertos del SESNSP— cuentan una historia que ningún boletín de gobierno puede disfrazar: la inseguridad no se combate desde adentro del problema.
