La violencia en escuelas de Sinaloa alcanzó un nivel que ningún niño debería normalizar: maestros que gritan «todos pechotierra», alumnos que se esconden bajo sus bancas y simulacros de balacera como si fueran un ejercicio más del calendario escolar. Mientras el gobierno federal debate si prohibir los celulares en las aulas, en Culiacán el problema no es la pantalla —es la bala.
Cómo llegamos aquí: la guerra que nadie ganó
Todo se detonó en septiembre de 2024. La detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos rompió el frágil equilibrio interno del Cártel de Sinaloa y encendió una guerra entre dos facciones: Los Chapitos y La Mayiza. Culiacán, una ciudad de más de 800 mil habitantes, se convirtió de la noche a la mañana en campo de batalla.
Los primeros meses fueron devastadores. Bloqueos, quema de vehículos, ejecutados abandonados antes del amanecer. La violencia no distinguió colonias ni horarios; tampoco distinguió si había niños en clase.
La violencia en escuelas de Sinaloa: del miedo al protocolo
En octubre de 2024, escuelas de educación básica y media superior de Culiacán comenzaron a realizar simulacros para que los estudiantes supieran cómo protegerse ante una balacera. La Secretaría de Educación Pública y Cultura del estado (SEPyC) distribuyó en planteles de Culiacán, Elota, San Ignacio y Concordia el documento «Entornos escolares seguros en escuelas de educación básica», que incluye diez acciones concretas para docentes y alumnos en caso de ataque armado.
Las instrucciones son tan crudas como la realidad que las hizo necesarias: tirarse al piso boca abajo, cerrar puertas y ventanas, no asomarse, mantener la voz tranquila y no dejar salir a nadie hasta que la situación esté controlada. El protocolo también indica llamar al 911 —aunque hay documentado al menos un caso en que nadie llegó tras el reporte.
En diciembre de 2024, un plantel de Culiacán tuvo que aplicar el protocolo en tiempo real: los estudiantes permanecieron debajo de sus mesas mientras se escuchaban detonaciones afuera. No era un simulacro. El 27 de febrero de 2025, alumnos de la primaria Sócrates repitieron el ejercicio, esta vez como práctica. La línea entre el simulacro y la emergencia real se había borrado.
Para marzo de 2025, la escena ya era viral: videos de estudiantes del CBTIS 224 en la colonia Rosales tirados en el piso de sus salones mientras las clases se paralizaban por nuevas detonaciones en los alrededores. Más de 80 escuelas cerraron temporalmente o migraron a clases a distancia en algún momento del ciclo 2024-2025 por inseguridad.
¿Y por qué te importa la violencia en escuelas de Sinaloa?
Porque no es un problema regional. Es el termómetro de lo que pasa cuando el Estado pierde el control de un territorio y los que pagan los platos rotos son los que menos tienen que ver: los niños.
Normalizar que un chamaco de primaria sepa cómo tirarse al piso para no recibir una bala perdida no es resiliencia —es una falla de gobernanza que nadie ha querido nombrar con esas palabras. Y el contraste es brutal: mientras la conversación pública a nivel federal gira en torno a si los niños deben tener celular en el recreo, en Culiacán el recreo mismo se convirtió en un riesgo.
El gobierno de Sheinbaum desplegó más tropas del Ejército y la Guardia Nacional en Sinaloa desde finales de 2024, una medida que los propios representantes estatales reconocieron como insuficiente. El gobernador Rubén Rocha Moya, que ha protagonizado su propio circo político con idas y venidas de licencia, tampoco ha dado cifras claras sobre familias desplazadas.
El protocolo que la SEP federal no mencionó
La Secretaría de Educación Pública lleva meses organizando foros sobre el impacto de los celulares y las redes sociales en los menores. Es un debate legítimo. Pero en ese mismo período, la SEPyC de Sinaloa estaba distribuyendo manuales de sobrevivencia ante balaceras en escuelas públicas. Las dos conversaciones no se tocaron en ninguna conferencia mañanera.
El documento estatal instruye además a cada escuela a formar un comité de vigilancia con padres de familia, definir rutas de evacuación y, después de un incidente, atender la ansiedad, el trauma y el miedo de los estudiantes de forma responsable. Todo eso suena a lo que en Estados Unidos se ha normalizado durante décadas con los active shooter drills —y que aquí criticamos como síntoma de una sociedad enferma.
Lo que esto dice de nosotros como país
Hay una pregunta que incomoda y que vale la pena hacerse: ¿en qué momento decidimos que era más urgente debatir el tiempo de pantalla que el tiempo que un niño pasa tirado en el piso de su salón esperando que paren los balazos?
No es que el debate sobre los celulares sea irrelevante. Es que la jerarquía de urgencias revela mucho sobre quién importa y quién no. Los niños de Culiacán no necesitan que les quiten el celular —necesitan que el Estado les garantice que llegar vivos a la escuela no sea un logro del día.
La violencia en escuelas de Sinaloa no es una anécdota. Es el retrato de un país que lleva años postergando sus facturas más caras.
