La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó constitucionalmente el acuerdo presidencial del 2020 que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024.
Los magistrados resolvieron la controversia constitucional 90/2020, bajo el proyecto que presentó la ministra Margarita Ríos-Farjat. La misma la promovieron diversos miembros de la Cámara de Diputados para frenar el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2024.
Ríos Farjat sostuvo que el acuerdo impugnado sí es constitucional y no normaliza la militarización. Asimismo, calificó como infundada la controversia presentada sobre una invasión de competencias legislativas.
Argumentó que la propia Cámara de Diputados otorgó una facultad explícita y excepcional al presidente de la República para que, condicionada a determinados fundamentos pudiera hacer uso temporal de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública”.
Cabe recordar que, en ese año, el acuerdo disponía el uso de las Fuerzas Armadas para estas labores solamente por cinco años, es decir, desde el 2019 que se aprobó la reforma de creación de la Guardia Nacional, hasta el 2024, feche en que se estimó que estaría lista y requeriría el apoyo del Ejército y la Marina.
Sin embargo, este año se amplió hasta el 2028, pero ese no fue el punto de discusión de la Suprema Corte de este día, sino el del 2020. El proyecto lo avalaron los ministros Loretta Ortiz Alhf, Javier Laynez Potisek, Yasmín Esquivel Mossa, Mario Pardo Rebolledo, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Opiniones de los ministros
El presidente de la SCJN, Zaldívar Lelo de Larrea, consideró que el acuerdo en mención “no violó” las atribuciones de la Cámara de Diputados. Por otro lado, aseguró que no se está discutiendo la permanencia de las Fuerza Armadas en labores civiles ni la militarización.
“No estamos frente a un caso de sobre militarización, estamos frente a un caso que exige revisar si el Ejecutivo ha cumplido con la ruta que el propio Constituyente ha trazado, a fin de terminar con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública o ciudadana”.
A su vez, el ministro Juan Luis González Alcántara, quien vitó en contra, manifestó que el decreto viola los derechos humanos y su presencia en las calles podría generar más violencia.