El transfeminicidio de Paola Buenrostro marcó un antes y un después en la justicia trans de México: la Fiscalía de la CDMX ofreció una disculpa pública por su actuación negligente en el caso, reconociendo también las agresiones a los derechos de Kenya Cuevas. Y ahora, diez años después del crimen, el presunto responsable por fin está detenido.
¿Qué pasó con Paola Buenrostro?
La madrugada del 30 de septiembre de 2016, Paola Buenrostro, una mujer trans de 25 años originaria de Campeche que ejercía el trabajo sexual en la Ciudad de México, abordó el vehículo de un hombre que había contratado sus servicios sobre la avenida Puente de Alvarado, en la alcaldía Cuauhtémoc. Metros después se escucharon disparos. Sus compañeras se acercaron al auto y encontraron a Paola inconsciente con una herida de bala; el hombre seguía ahí, con el arma en la mano.
Kenya Cuevas, su mejor amiga, presenció todo. Ayudó a detener al agresor en el momento, grabó video y rindió su testimonio. Aun así, el hombre fue liberado horas después bajo el argumento de falta de pruebas. Luego se dio a la fuga. Paola murió. Y comenzó una de las batallas legales y activistas más importantes de la historia trans en México.
La disculpa: qué dijo la Fiscalía CDMX
El 30 de septiembre de 2021, exactamente cinco años después del crimen, la entonces fiscal general Ernestina Godoy ofreció formalmente una disculpa pública a la memoria de Paola y a Kenya Cuevas. Lo hizo en el lugar exacto donde ocurrió el transfeminicidio.
La Fiscalía reconoció que no aplicó protocolos con perspectiva de género, que hubo graves fallas en la investigación que impidieron ejercer acción penal, y que el personal responsable de procurar justicia actuó de forma negligente, discriminatoria y sin empatía. Durante años, las autoridades habían referido a Paola con pronombres masculinos y nombres que no eran los suyos, negándole incluso el derecho a la identidad de género en los expedientes.
Además, Kenya Cuevas —testigo directa y víctima indirecta del crimen— fue excluida de la investigación porque las autoridades se negaron a reconocerla como parte de la familia social de Paola, limitando su derecho a participar y conocer el proceso.
Todo esto derivó de la Recomendación 02/2019 de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el primer pronunciamiento de este tipo que documentó que la Fiscalía no investigó el caso con la debida diligencia. Puedes consultar el historial de recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX directamente en su sitio oficial.
En el acto, develaron una placa en el lugar del crimen como acto de memoria y reparación simbólica.
Por qué te importa el transfeminicidio Paola Buenrostro
Porque no es solo una historia de un caso mal investigado. Es el espejo de cómo el Estado mexicano trató —y sigue tratando— a las mujeres trans: como si sus vidas valieran menos, como si sus identidades no merecieran ser nombradas correctamente, como si quienes las conocen y las quieren no fueran familia.
La disculpa pública fue necesaria. Pero fue también una admisión de que sin la presión de Kenya Cuevas, sin años de activismo, marchas y exigencias públicas, el caso habría quedado en el olvido institucional. La justicia no llegó sola: la fueron a buscar.
En 2020, las mujeres trans fueron las víctimas más numerosas de la comunidad LGBT+ con 43 transfeminicidios, que representaron el 52.5% del total de crímenes de odio. El de Paola no fue un caso aislado; fue el que logró hacerse visible.
La Ley Paola Buenrostro y lo que cambió
La lucha de Kenya Cuevas no terminó con la disculpa. Fundó la Casa de las Muñecas Tiresias en 2018, un refugio para mujeres trans en situación de vulnerabilidad. Impulsó la tipificación del transfeminicidio como delito específico en el Código Penal de la CDMX, y en agosto de 2024 esa reforma fue aprobada: la Ley Paola Buenrostro. Las penas van de 35 a 70 años de prisión.
Es el tipo de cambio legal que solo ocurre cuando alguien no se rinde. Y que debería replicarse en todo el país. Igual que la exigencia de rendición de cuentas institucional no puede ser solo un evento simbólico: tiene que ser el inicio de transformaciones reales en los protocolos de investigación. Algo que, dicho sea de paso, también es pertinente en otros contextos donde el Estado mexicano ha ignorado sus propias obligaciones —como cuando las fiscalías estatales actúan con selectividad política en lugar de con apego a la ley.
El transfeminicidio Paola Buenrostro hoy: el agresor fue capturado
El 31 de agosto de 2026, diez años después del crimen, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía CDMX detuvieron a Arturo Felipe Delgadillo Olvera en la colonia El Tráfico, municipio de Nicolás Romero, Estado de México. Había estado prófugo moviéndose entre Tamaulipas, Veracruz y Baja California, y fue localizado trabajando en hojalatería y talachas.
La fiscal general Bertha Alcalde Luján confirmó la detención y señaló que es un paso para que el caso avance ante los tribunales. El 1 de septiembre de 2026 se realizó la primera audiencia para determinar su vinculación a proceso en el Reclusorio Oriente.
La orden de aprehensión contra él existía desde el 19 de octubre de 2016. Casi una década de impunidad antes de que la justicia lo encontrara. En 2023, la Fiscalía había ofrecido una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que llevara a su captura. Puedes revisar los comunicados oficiales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX en su portal oficial.
Lo que sigue
La captura es un hito. Pero la disculpa pública, la ley y la detención son puntos en una línea que todavía no termina. El juicio tiene que llegar, la sentencia tiene que ser justa, y los protocolos que fallaron en 2016 tienen que ser hoy una realidad operativa —no solo un compromiso en papel.
Kenya Cuevas lo dijo desde el principio: no pedía favores, exigía justicia. Después de diez años, México le debe a Paola Buenrostro que esa justicia sea completa. Y le debe a todas las mujeres trans del país que este caso no siga siendo la excepción, sino el estándar.
