En una gira de trabajo por Tulum, Quintana Roo, la presidenta Claudia Sheinbaum protagonizó uno de los momentos más polémicos de su administración: frente a quejosos y funcionarios, le ordenó en público al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) que no cumpliera una norma vigente. La razón, dijo, es que hay que gobernar con sentido común y para la gente.
Qué pasó: Sheinbaum, la norma y el Parque del Jaguar
El escenario fue el Parque del Jaguar en Tulum, el polígono federal que desde su creación ha generado conflictos con empresarios turísticos, cooperativas y habitantes del área. Sheinbaum escuchó uno tras otro los reclamos: el plan de manejo de la CONANP había clasificado como zona de recuperación un predio donde desde hace años opera infraestructura turística, bloqueando la regularización de esas actividades.
Después de escuchar y hacer un par de preguntas, la presidenta se voltea hacia Pedro Álvarez Icaza Longoria, comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, y le dice: «Autorízalo». Álvarez Icaza, al parecer, le señala que hay normas que cumplir. Sheinbaum entonces se detiene, lo mira fijo y suelta la frase que incendió el debate: «Hay que gobernar con sentido común y para la gente. Cuando las normas se ponen por encima de la gente y del sentido común, está mal. No cumplas con la norma».
Para rematar, la presidenta le preguntó públicamente al funcionario cuándo resolvía el problema. Álvarez Icaza propuso tres meses. Sheinbaum lo cortó: antes de que acabe el mes.
El eco inmediato: AMLO tenía una frase parecida
Si esto te suena conocido, es porque lo es. El expresidente Andrés Manuel López Obrador popularizó aquella máxima de «no me vengan con que la ley es la ley», que también buscaba justificar decisiones de gobierno por encima del marco legal. La diferencia, para quien quiera verla, es el contexto: Sheinbaum reaccionó ante un conflicto concreto entre empresarios turísticos y una regulación ambiental federal. Pero la lógica de fondo es la misma: cuando la norma incomoda, se salta. Y eso tiene consecuencias.
El problema no es únicamente filosófico. Es constitucional.
Por qué te importa la Sheinbaum norma sentido común
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene algo muy claro en el artículo 16: el principio de legalidad obliga a que las actuaciones de cualquier autoridad estén fundadas y motivadas en la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado esto en jurisprudencia firme: «las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes». No hay excepción de sentido común.
Eso aplica en las dos direcciones: ni el titular de la CONANP puede ignorar las normas que su institución administra, ni la presidenta puede instruirle que lo haga. Una orden verbal en un pasillo no reforma un plan de manejo. Lo que sí puede hacer es poner al funcionario en una posición jurídicamente imposible: si obedece a la presidenta, viola la norma; si cumple la norma, desobedece a la presidenta.
Álvarez Icaza, según las imágenes, solo asintió con una sonrisa.
El contexto de Tulum que explica la presión
Tulum no es un destino en su mejor momento. La zona atraviesa una crisis económica visible, con tensiones entre el desarrollo turístico y la conservación ambiental que llevan años sin resolverse. Desde la apertura del Parque del Jaguar, prestadores de servicios, cooperativas y empresarios han denunciado restricciones de acceso, cambios en la zonificación y decisiones administrativas que, dicen, han frenado la actividad económica de uno de los destinos más importantes del Caribe mexicano.
En ese contexto, Sheinbaum llega con la gobernadora Mara Lezama a su lado y un operativo de seguridad inusual en toda la ciudad. La presión política era real. Pero eso no cambia el marco jurídico.
La Sheinbaum norma sentido común: ¿excepción o patrón?
Lo que la presidenta instruyó en Tulum no fue cambiar la ley ni hacer una reforma —lo cual sería el camino institucional—, sino saltársela invocando el bienestar ciudadano. Sheinbaum, quien llegó al cargo con una imagen de ser más técnica y apegada a procedimientos que su predecesor, está usando exactamente el mismo argumento que AMLO usó durante seis años para justificar decisiones al margen de la norma.
La diferencia que sus defensores señalarán es que aquí la causa es empática: gente con negocios afectada por una regulación que parece no haber considerado sus realidades. Pero el precedente que se siembra es el mismo: en este gobierno, la norma vale si no estorba. Y eso aplica para lo ambiental, pero también podría aplicar para cualquier otra cosa que un funcionario considere que va «en contra de la gente».
No es menor que esto ocurra en un parque natural protegido, donde precisamente las normas existen para equilibrar uso económico y conservación ecológica. Vale la pena recordar que el gobierno de Sheinbaum también ha desplegado esfuerzos en materia de seguridad en otros estados, como cuando envió 10 mil militares a Michoacán para combatir la extorsión, una decisión que sí tiene respaldo legal explícito. La distinción importa.
¿Qué sigue?
Álvarez Icaza tiene ahora una instrucción presidencial que contradice el plan de manejo vigente de su propia institución. Modificarlo formalmente requiere un proceso técnico y administrativo que no se resuelve en semanas, aunque la presidenta así lo exija. La pregunta real es si la CONANP actuará antes con un criterio informal —que es lo que Sheinbaum pareció ordenar— o si iniciará el proceso formal para cambiar la norma.
En cualquier caso, el video ya circula, la frase ya existe y el debate sobre si en México el sentido común puede sustituir a la ley vuelve a estar sobre la mesa. La misma mesa donde Sheinbaum, a diferencia de lo que dijo en su campaña, parece estar sentada del mismo lado que su antecesor.
