El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, concedió la suspensión para que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas no se apliquen en Coahuila y el Estado de México, donde se renovarán las gubernaturas este año.
Lo anterior, quiere decir que detuvo temporalmente el inicio del «Plan B» de la reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicha decisión, se tomó luego de que diputados federales y senadores de oposición, así como los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Quienes presentaron acciones de inconstitucionalidad en contra de las reformas.
El juez también admitió las acciones, argumentando que es necesario preservar la materia del juicio. Pues las reformas podrían afectar irreparablemente los derechos fundamentales y los principios democráticos.
Señaló que el decreto impugnado se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución federal.
Hasta el 18 de febrero, la SCJN ha recibido un total de 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales en contra del «Plan B». De las cuales 7 acciones de inconstitucionalidad y 18 controversias fueron turnadas a la ponencia del ministro Pérez Dayán.
Entre los demandantes se encuentran el Instituto Nacional Electoral (INE) y municipios de Chihuahua. También en Sonora, Coahuila, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Campeche y Yucatán. Mismos que son gobernados por el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, la suspensión otorgada por el juez Pérez Dayán tiene un alcance limitado. Debido a que sólo se aplica en Coahuila y el Estado de México.
Además, el juzgador aún tiene que decidir si admite a trámite el resto de los medios de control constitucional presentados.