El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó hoy que sí podrá analizar la constitucionalidad de la reforma judicial, misma que se aprobó y publicó recientemente. Dicha resolución se dio tras una votación que culminó con ocho ministros a favor y tres en contra.
La reforma judicial se publicó en el Diario Oficial de la Federación apenas el 15 de septiembre por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, es objeto de controversia desde su concepción, ya que los juzgadores que impugnaron la reforma argumentan que atenta contra la independencia judicial.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso la admisión de la consulta, subrayó que la Corte tiene facultades para “velar por la autonomía e independencia del Poder Judicial”.
Según González Alcántara, la petición de los trabajadores del Poder Judicial contra la reforma judicial es válida y debe admitirse para su análisis.
Por otro lado, las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra de la propuesta. Al respecto, argumentaron que la SCJN no tiene supremacía sobre los otros poderes, en este caso, el legislativo, que aprobó la reforma constitucional.
Asimismo, Batres Guadarrama enfatizó que, si la SCJN reencauza las consultas que buscan frenar la reforma judicial, estaría dando un “auténtico golpe de Estado”.
“La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder constitucional reformador. […] actúa de manera tiránica, despótica y autoritaria al tratar como inferiores jerárquicos a tales poderes, incluso al poder reformador”, afirmó.
Sin embargo, la mayoría de los ministros rechazaron los argumentos en contra y destacaron que no se estaba estudiando el tema de fondo. Es decir, solo discutían la atribución de la Corte para analizar las consultas que solicitaron los trabajadores.
La ministra Margarita Ríos Farjat, por su parte, puntualizó que no hay razón jurídica para impedir el análisis de la reforma judicial. Aseguró que el momento histórico brinda a la Suprema Corte la posibilidad de enriquecer el derecho constitucional mexicano con debates más amplios y profundos.
Los opositores argumentan que la reforma podría socavar la independencia del Poder Judicial. Esto es por permitir, entre otras cosas, la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, algo que consideran populista y peligrosa para la imparcialidad de la justicia.
