Este viernes, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de aprehensión contra el presidente ruso, Vladímir Putin. Esto por presuntamente ser el “responsable” de la deportación y traslado ilegal de niños ucranianos a zonas ocupadas en Ucrania a Rusia.
De acuerdo con el tratado del tribunal de la CPI, los actos de los que el presidente ruso es acusado, son crímenes de guerra. Sin embargo, Rusia calificó de “nula jurídicamente” la orden de arresto contra Putin.
“Las posibles ‘prescripciones’ de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas”, dió a conocer María Zajárova, portavoz de Exteriores rusa, en su canal de Telegram.
Al respecto, Zajárova argumentó que “Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional”, por lo que, al respecto, “no tiene obligaciones”.
A su vez, la sala de cuestiones preliminares de la CPI emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova. Quien es la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por las mismas acusaciones.
La CPI informó que los hechos de los que son acusados, tuvieron lugar desde el 24 de febrero de 2022. En consecuencia, el fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó al tribunal la autorización para girar las órdenes de detención.
Además, esta es la primera vez en la historia que la CPI dicta una orden de arresto contra el presidente de un país miembro del Consejo de Seguridad de la ONU.
“Vladímir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia”, señala la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.
Es importante aclarar que la portavoz rusa no mintió. Pues Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, es decir, no es miembro de este tribunal.