Rubén Rocha Moya retomó este viernes 21 de agosto la gubernatura de Sinaloa tras 112 días de licencia, declarando que regresa «con la frente limpia y en alto». El problema: el gobernador sigue formalmente acusado en una corte federal de Nueva York de conspirar con el Cártel de Sinaloa. Y México, básicamente, lo dejó volver.
¿Qué pasó exactamente con Rocha Moya y la gubernatura?
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló una acusación formal —un indictment— contra Rocha Moya y nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil. El cargo: conspirar con los Chapitos para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Puedes leer el comunicado oficial de la DEA directamente en dea.gov.
El 1 de mayo, Rocha Moya pidió licencia al Congreso de Sinaloa para, según dijo, ponerse a disposición de la justicia mexicana. Yeraldine Bonilla Valverde quedó como gobernadora interina. Cuatro meses después, el resultado del proceso mexicano es: sin cargos, sin carpeta, sin nada. Y él regresa.
Por qué te importa la gubernatura de Rocha Moya en Sinaloa
Puede sonar como drama político lejano, pero Sinaloa no es un estado cualquiera. Es la entidad que lleva dos años en una guerra entre facciones del propio Cártel de Sinaloa —los Chapitos contra la gente de El Mayo Zambada—, con cientos de muertos, desplazados y comunidades enteras en colapso. El gobernador que vuelve hoy es el mismo al que EE.UU. acusa de haber operado como escudo político de ese cartel.
Si eres de Sinaloa, tu seguridad, la economía local y hasta si hay maestros en tu escuela dependen de decisiones que toma esta persona. Y si no eres de allá, el fentanilo que cruza esa frontera es el que alimenta la crisis de opioides en EE.UU. y también la presión diplomática que México recibe y que eventualmente afecta migración, aranceles y tratados.
La versión de Rocha Moya: «Patrañas de la ultraderecha»
En sus redes sociales, el gobernador afirmó que la FGR concluyó que «no existen elementos mínimos de prueba» que sustenten su participación en ningún delito. Calificó la acusación estadounidense de maniobra de sectores de la ultraderecha nacional y extranjera para dañar la soberanía y golpear a la Cuarta Transformación.
Lo que no aclara es que el proceso en México y el proceso en una corte federal de Manhattan son dos cosas completamente distintas. La FGR puede cerrar su carpeta. El Distrito Sur de Nueva York sigue adelante con o sin cooperación mexicana. Los acusados pueden ser juzgados en ausencia.
Qué dice el indictment del DOJ sobre Rocha Moya
El documento oficial del Departamento de Justicia —disponible en justice.gov— detalla que Rocha Moya enfrenta cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos. De ser condenado, la pena mínima obligatoria sería de 40 años de prisión; la máxima, cadena perpetua.
El texto del indictment describe una red en la que funcionarios estatales se reunían con líderes de los Chapitos, acordaban planes de protección a cambio de favores políticos y operaban como enlaces entre el cártel y el gobernador. Todo esto, según los fiscales federales de Nueva York, desde antes de las elecciones de 2021 que llevaron a Rocha Moya al poder.
El regreso de Rocha Moya a la gubernatura: ¿qué sigue?
Morena y el gobierno federal defienden el regreso argumentando que en México no hay cargos formales ni orden de aprehensión. Técnicamente, tienen razón. Constitucionalmente, Rocha Moya puede gobernar. Pero «técnicamente legal» no es lo mismo que «políticamente limpio», y mucho menos que «socialmente legítimo».
El elefante en la sala es la extradición. México tiene un tratado activo con Estados Unidos. La pregunta que nadie en el gobierno federal quiere responder en voz alta es qué pasa si Washington formaliza una solicitud. Hasta ahora, la postura oficial es que no existe tal petición en curso. Mientras tanto, Sinaloa sigue siendo uno de los estados más violentos del país, y su gobernador —con acusación federal activa en EE.UU.— acaba de retomar el cargo.
La frase «regreso con la frente limpia» es una declaración política, no jurídica. Lo que queda pendiente —el juicio en Manhattan, la crisis de seguridad en Sinaloa, la tensión diplomática México-EE.UU.— no desaparece porque un gobernador diga que ya puede volver a trabajar.
