Como hijo de una familia campesina, a lo largo de mi carrera he sostenido la visión de impulsar al agro mexicano para dar solución a los problemas de pobreza y desigualdad. En diversas oportunidades externé mi interés por fortalecerlo en sus dos componentes más esenciales: la tierra, con sus recursos y riquezas naturales, y la gente que lo trabaja e hizo posible el sustento y crecimiento del país desde sus inicios.
La situación actual que vive el campo es delicada, y debemos alzar la voz frente a la degradación de las sociedades rurales o campesinas y ante fenómenos que las impactan gravemente, como la migración, el desempleo, la pobreza o el crimen organizado. Es importante enderezar el rumbo de cara al futuro y reivindicar al campo como un eje clave en el desarrollo nacional.
El hambre representa una amenaza para la paz y para la salud humana en todas sus dimensiones; sus daños son multifactoriales. Esa problemática se incrementó exponencialmente a nivel mundial debido a las políticas neoliberales de finales del siglo XIX, por lo que su erradicación se ha convertido en un compromiso mundial entre las naciones, como parte de la Agenda 2030.
Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que siempre me ha interesado es el de hambre cero, el cual pretende en una de sus metas (2.3) duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores en pequeña escala, con foco en los pueblos indígenas, la agricultura tradicional y familiar, los pastores, migrantes y, sobre todo, las mujeres.
En un país como el nuestro, donde el sector agropecuario y forestal alimenta a 126 millones de personas (cifra equiparable a la población de Japón) y representa el principal sustento económico del 19 por ciento de los hogares mexicanos, es imperante que, como representantes del pueblo, nos sumemos a este esfuerzo internacional.
Estoy convencido de que construir otro campo sí es posible, y para ello tenemos que realizar acciones tendentes a construir un acceso seguro y equitativo a los recursos de producción e insumos, a los servicios financieros, a la generación de un valor añadido y a la seguridad social y laboral de las personas que trabajan en el campo. En pocas palabras, debemos cerrar la brecha de desigualdad, así como eliminar las condiciones de marginación y exclusión que históricamente han acompañado la actividad productiva de este sector.
Esta visión la comparten las y los líderes mundiales que firmaron la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y es justamente la que desde el Senado de la República queríamos reflejar en favor del campo mexicano.
En nuestro país, las personas trabajadoras del campo se encuentran en situación de vulnerabilidad. Muchas veces se ven obligadas a laborar en empleos estacionales y condiciones de informalidad; constantemente son obligadas a migrar de sus localidades y, además de soportar la imposición de bajos salarios a cambio de un trabajo físicamente demandante, viven en condiciones de pobreza, prolongados periodos sin empleo y bajo la incertidumbre jurídica.
Recientemente, en el Senado de la República presentamos una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo en Materia de Derechos de las Personas Trabajadoras del Campo, con la finalidad de ampliar la regulación de su actividad, buscando máxima protección para ellas, y abordando aspectos como vivienda digna, alimentación, seguridad social, transporte, salud y seguridad en el lugar de trabajo, entre otros.
La reforma propuesta no sólo pretende resolver la deuda histórica que desde la Revolución los gobiernos anteriores han mantenido con el sector agropecuario, representa también la intención del Gobierno federal actual de construir a futuro un campo mexicano alineado a los estándares internacionales y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030.
Asimismo, tomando en cuenta metas e indicadores internacionales, se plantea satisfacer aspectos fundamentales, como las necesidades de alimentación sana, suficiente y adecuada; que se provean condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir enfermedades profesionales o riesgos de trabajo, y cumplir con las normas nacionales de seguridad e instalación adecuada de maquinaria, equipo y herramientas.
También se propone incluir la realización de exámenes médicos para las y los trabajadores, así como la creación de la Comisión para la Protección de las Personas Trabajadoras del Campo, como una instancia de análisis, consulta, discusión y coordinación de asuntos en materia de labor rural. Era inadmisible continuar bajo un esquema en que este sector poblacional careciera de lo elemental durante toda su vida.
En el Senado seguimos trabajando para garantizar la seguridad jurídica en el campo; consideramos importante transitar a una agricultura que eche mano de los avances tecnológicos; resulta inaplazable garantizar un mayor acceso al crédito para el agro, priorizando a pequeños y medianos productores; igualmente, debemos cuidar nuestros recursos naturales e introducir en ese sector un sistema obligatorio de seguridad social, para garantizar salud y retiro digno.
Detrás de cada alimento están el campo y el trabajo de su gente; por ello, el espíritu de la propuesta de reforma es plasmar nuestro más profundo reconocimiento a las personas que brindan el sustento a todas las familias y hogares de México.
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