La regulación de redes sociales e IA en México dejó de ser una idea vaga: la presidenta Claudia Sheinbaum la convirtió en agenda de gobierno y Morena ya la incluyó entre sus prioridades legislativas para el próximo periodo ordinario. La pregunta que nadie quiere responder en voz alta es si esto protege o silencia.
Lo que dijo Sheinbaum sobre regular las redes sociales e IA
Desde junio, Sheinbaum viene acumulando declaraciones sobre el tema. La presidenta advirtió que es inevitable abrir un debate sobre la regulación de la inteligencia artificial, ante el uso creciente de esta tecnología para fraudes, desinformación y noticias falsas. Señaló que los contenidos manipulados en redes sociales —como supuestos programas sociales, mensajes falsos de militares o invitaciones a invertir en Pemex— muestran la urgencia de garantizar el derecho a la información y proteger a la ciudadanía.
El anuncio más concreto llegó a finales de junio. Una vez concluida la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno federal abrirá un debate nacional sobre la regulación de la inteligencia artificial, las redes sociales y el uso de dispositivos móviles, con énfasis en la protección de niños y adolescentes.
La mandataria subrayó que México también requiere una legislación específica sobre inteligencia artificial, ya que actualmente el país carece de un marco jurídico que establezca reglas para su desarrollo, implementación y uso responsable. «No hay ley de inteligencia artificial y es algo que tiene que ocurrir», dijo.
Pero aquí está el detalle que nadie debería ignorar: Sheinbaum fue enfática al sostener que «necesariamente tiene que revisarse» en México «la influencia de grupos internacionales de derecha que se organizan para utilizar las redes sociales con noticias falsas». Es ahí donde el debate entra en un terreno peligroso.
La agenda legislativa: Morena mete la regulación de redes sociales e IA al Congreso
La regulación de la inteligencia artificial y de las redes sociales se perfila como uno de los temas centrales del próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, luego de que el grupo parlamentario de Morena incorporara ambos asuntos entre sus principales prioridades legislativas para el tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
De acuerdo con el documento «Temas legislativos por abordarse en el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LXVI Legislatura», la discusión sobre estas tecnologías tendrá como objetivo analizar su funcionamiento y definir mecanismos de control. El proceso incluirá mesas de trabajo con especialistas en tecnologías, académicos, legisladores, representantes de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
Mario Delgado informó que, con base en las conclusiones de los foros, la SEP elaborará una propuesta legislativa para el siguiente periodo ordinario de sesiones. Los números que presenta el gobierno para justificar la urgencia no son menores: los adolescentes mayores de 16 años pasan un promedio de 7.32 horas diarias frente a una pantalla. Esa exposición prolongada está vinculada con mayor riesgo de obesidad, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión, aislamiento social y disminución de la actividad física.
Sobre el espacio en línea como escenario central del debate, ya tenemos contexto: el propio gobierno acordó con Google, Meta y TikTok una estrategia digital mensual contra la violencia de género, lo que muestra que la relación entre el Estado y las plataformas ya existe —la pregunta es cuánto poder quiere formalizar el gobierno sobre ellas.
El precedente que ya se convirtió en pesadilla: la Ley Serrano
Antes de aplaudir el debate, conviene mirar lo que ya pasó en San Luis Potosí. Ya hay un primer precedente oscuro que emanó desde la 4T: la denominada ‘Ley Serrano’, una reforma al Código Penal que castigaba el «uso indebido» de la IA hasta con seis años de prisión.
La reforma penal contemplaba sanciones de hasta seis años de prisión por el uso indebido de IA para provocar alarma social. Su aplicación derivó en mayo de este año en la detención de dos personas —una comunicadora y una funcionaria pública— acusadas de difundir imágenes generadas con inteligencia artificial.
La ‘Ley Serrano’, de acuerdo con Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, representa un peligroso instrumento de censura. La CNDH ya promovió una acción de inconstitucionalidad contra la citada reforma por los riesgos que representa para la libertad de expresión, la seguridad jurídica y el principio de taxatividad penal. Ante la presión, el Congreso de San Luis Potosí eliminó los artículos que penalizaban el uso de IA. Pero el daño ya estaba hecho —y el modelo existe.
Oposición y sociedad civil: las alertas que no deberían descartarse
La oposición en el Congreso no tardó en reaccionar. El diputado del PRI, Rubén Moreira, calificó iniciativas similares como una «ley mordaza», mientras que el senador del PAN, Máximo García López, sostuvo que los lineamientos representarían un golpe contra la prensa libre. El senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, afirmó que la propuesta busca establecer un mecanismo de control sobre los medios de comunicación bajo el argumento de proteger a las audiencias.
Desde la sociedad civil, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) puso el dedo en la llaga: los nuevos tipos penales representan un riesgo para la libertad de expresión, y los procesos iniciados contra periodistas y otras voces críticas evidencian su potencial para ser utilizados como mecanismos de intimidación y censura, especialmente de cara al proceso electoral de 2027.
Cuando una norma no distingue con claridad entre crítica, sátira, denuncia de interés público y conducta verdaderamente dañina, cualquier opinión incómoda puede terminar tratándose como delito. Ahí comienza la censura.
Por qué te importa la regulación de redes sociales e IA
Que el gobierno quiera meter mano a las plataformas puede sonar razonable —y en parte lo es. Nadie debería estar cómodo con algoritmos que amplifican odio, IA que fabrica audios falsos de funcionarios o plataformas que venden datos de menores sin consecuencias. Pero hay una diferencia enorme entre regular a las empresas tecnológicas y regular lo que tú puedes decir o compartir.
Regular plataformas digitales no equivale a supervisar empresas tecnológicas: implica intervenir sobre una nueva forma de participación ciudadana y libertad de expresión. En un país donde Artículo 19 documentó 451 agresiones contra periodistas durante 2025, una cada 19 horas, entregar al gobierno herramientas legales para decidir qué es «desinformación» o «alarma social» no es un tecnicismo —es una palanca de poder.
La 4T dice que no busca censura. El problema es que la Ley Serrano también decía eso antes de que dos personas terminaran detenidas. Para quienes ya estamos pensando en el contexto de cara a 2027, cuando habrá elecciones intermedias clave, la sincronía entre la agenda regulatoria y el calendario electoral no es un dato menor. Si quieres entender el patrón más amplio de cómo el gobierno de Sheinbaum maneja la narrativa digital, conviene recordar también qué amenazas circulan en redes y cómo proteger tu privacidad desde ya.
El debate está abierto. Pero debatir sin candados claros, en un Congreso donde Morena tiene mayoría calificada, es exactamente la receta para que una buena intención se convierta en mala ley.
