El Senado de la República aprobó este martes 29 de septiembre una reforma constitucional contra la doble nacionalidad que cambia las reglas del juego para quien quiera aspirar a la Presidencia de la República, una gubernatura estatal o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Simple y directo: si tienes dos pasaportes y quieres gobernar, tendrás que elegir.
Qué dice exactamente la reforma doble nacionalidad
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece que los mexicanos por nacimiento que posean otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar el registro de su candidatura a alguno de esos cargos.
No es una prohibición de la doble nacionalidad en general —eso seguiría siendo legal para todos los demás mexicanos. El candado aplica únicamente a quien quiera llegar a Los Pinos, a una capital de estado o al gobierno de la CDMX.
Con los cambios, se establece que para ser presidente o presidenta, gobernador o gobernadora, o jefe o jefa de Gobierno de la CDMX, además de ser ciudadano mexicano por nacimiento, se requiere no tener ni adquirir otra nacionalidad. Además, queda prohibido el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de derechos políticos ante otro país, o acogerse a su protección diplomática.
Los números: así pasó la reforma doble nacionalidad en el Senado
Durante la sesión vespertina de este martes 29 de septiembre, el dictamen fue aprobado con 86 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones.
La iniciativa obtuvo 86 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 41 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Así, la 4T alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.
El proyecto fue enviado por Sheinbaum a finales de agosto y pasó por la Cámara de Diputados la semana pasada antes de llegar al Senado. La propuesta comenzaría a aplicarse a partir del proceso electoral de 2028.
Por qué te importa la reforma doble nacionalidad
Aquí viene la parte que mucha gente no está procesando: esto no es solo un tema de élites políticas. México tiene millones de connacionales viviendo en Estados Unidos, muchos de ellos con ciudadanía estadounidense. Esta reforma les cierra explícitamente la puerta a los cargos ejecutivos más importantes del país.
Incluso senadores de oposición señalaron que esta reforma aplicará a la senadora con licencia del PVEM, Jasmine Bugarín, quien nació en Estados Unidos y será la candidata de Morena a la gubernatura de Nayarit. En ese caso, tendrá que renunciar a su nacionalidad extranjera. O sea: la reforma ya tiene nombre y apellido en el corto plazo.
De concretarse la aprobación en los congresos estatales, la reforma tendría efectos a partir del proceso electoral de 2028, de acuerdo con el régimen transitorio aprobado por la Cámara de Diputados.
También hay que pensar en las generaciones que vienen. Jóvenes mexicanos que nacieron o crecieron en el extranjero, que son parte activa de sus comunidades transnacionales, quedan técnicamente excluidos de los cargos ejecutivos más altos. ¿Eso es soberanía o es exclusión?
El argumento del oficialismo: soberanía y lealtad
Morena y sus aliados defendieron que la medida constituye un requisito de elegibilidad limitado a los principales cargos ejecutivos y que no elimina la doble nacionalidad para el resto de los ciudadanos. El argumento de los legisladores oficialistas se centró en la necesidad de garantizar una lealtad nacional única para quienes encabecen el Poder Ejecutivo federal o los gobiernos estatales.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido públicamente la propuesta bajo el argumento de que quien represente al Estado mexicano debe tener una sola nacionalidad. El discurso es limpio y fácil de vender. El problema es lo que implica en la práctica.
Lo que dice la oposición
La oposición no se quedó callada. Uno de los principales cuestionamientos fue que la doble nacionalidad no implica, por sí misma, una falta de lealtad hacia México. También se planteó que el proyecto no acredita de manera suficiente cuál es el problema que busca resolver ni por qué la restricción debe aplicarse a las gubernaturas, además de la Presidencia y la Jefatura de Gobierno.
Representantes del PRI, como Manuel Añorve y Alejandro Moreno, aseveraron que la lealtad a la patria se demuestra con el cumplimiento de la Constitución y no con un pasaporte, tildando la iniciativa como un menoscabo hacia los mexicanos en el exterior.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas de MC lo puso en términos más crudos: habló de «un poder que busca limitar cada vez más la competencia electoral», del crimen organizado que financia campañas y decide quién puede hacer política en regiones enteras del país, y de gobernadores señalados por vínculos con esos grupos ante los que el oficialismo guarda silencio.
Ojo: esto va de la mano con el debate más amplio sobre quién puede o no puede competir políticamente en México. En Tiempo Real ya hemos rastreado cómo la discusión sobre requisitos y candados para acceder a cargos públicos va tomando forma, como en el caso de la propuesta para eliminar la inmunidad procesal penal de legisladores y gobernadores — otra pieza del mismo tablero donde se está redefiniendo quién puede hacer política y bajo qué condiciones.
¿Qué sigue? El proceso no termina aquí
Con 86 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 42 en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, la iniciativa fue remitida a los congresos de los estados, requiriéndose la aprobación de al menos la mitad más uno para su promulgación e ingreso en vigor.
El dictamen también contempla que, una vez vigente la reforma, el Congreso deberá adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral, mientras que los estados tendrán que armonizar sus propias normas.
Dado que Morena y sus aliados controlan la mayoría de los congresos locales del país, la aprobación en estados es prácticamente un trámite. La Constitución — al menos en este punto — ya cambió en los hechos. Puedes revisar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sitio de la Cámara de Diputados para ver el texto vigente de los artículos 82, 116 y 122.
La pregunta que queda en el aire no es técnica ni jurídica. Es política y generacional: en un México donde millones de familias son transnacionales por necesidad, ¿tiene sentido que tener un segundo pasaporte te descalifique para gobernar? La respuesta que da el oficialismo y la que da la oposición revelan dos visiones de país que no se van a reconciliar fácil. Y con el tablero interno de Morena en tensión constante, esta reforma también dice algo sobre quién tiene el poder de decidir las reglas del juego antes del 2028.
