La sección de los miércoles en la Conferencia Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, “Quién es quién en las mentiras de la semana”, es un espacio que estigmatiza a la prensa, reveló el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2022.
Dentro del Informe Anual de la CIDH, en el volumen II, se encuentra el Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE). En este se da cuenta de muchos de los atentados contra periodistas, reporteros y camarógrafos que ejercían la profesión en México, desde amenazas hasta asesinatos.
La organización Artículo 19, refirió el Informe, destacó que las prácticas de estigmatización por parte del jefe de Estado generan un “efecto en cascada”. Es decir, que dicho lenguaje lo replican en distintos niveles de gobierno y por personas funcionarias de diversos partidos políticos”.
Por ejemplo, que el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), habría señalado que a los periodistas “no hay que matarlos a balazos […] hay que matarlos de hambre”. O bien, que un dirigente nacional de Morena afirmó que existen “gatilleros en la prensa abusando de la libertad de expresión y agrediendo al presidente”.
En este contexto, la RELE observó que la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, que implementó el Gobierno con el fin de “informar” a la ciudadanía y “desmentir” las supuestas noticias falsas de los medios de comunicación, “continúa siendo un espacio utilizado por el poder ejecutivo para estigmatizar y descalificar el trabajo de la prensa”.
Justificación de la sección por el Estado
Según el Estado, este “mecanismo de comunicación gubernamental” busca “analizar, verificar y aclarar las noticias imprecisas de interés general para la población”.
Además, de que, con este espacio, se pretende “contribuir con la responsabilidad social de los medios de comunicación para dar a conocer información veraz”. En otras palabras, “que sirva a los intereses de las personas y permita que la ciudadanía esté en posibilidad de tomar sus propias decisiones”.
La sección, según las autoridades, se sustenta en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política. Estos hablan acerca del derecho de la ciudadanía a estar informada respecto a la administración pública federal.
Con el objetivo de una efectiva rendición de cuentas, “los entes públicos están obligados a emitir mensajes institucionales y de carácter informativo relevantes para la población”.
La opinión de la Relatoría Especial
Por su parte, la RELE reconoce como legítimo que las autoridades se pronuncien sobre temas de interés y se defiendan ante cuestionamientos de la prensa.
Sin embargo, precisó, al hacerlo “no deben desacreditar ni estigmatizar a quien lo cuestiona”. Incluso, en razón de su alta investidura, del alcance de sus pronunciamientos y de los eventuales efectos que sus expresiones pueden tener en la población.
“Ello implica que deben abstenerse de realizar discursos que puedan, directa o indirectamente, alentar o promover violencias contra personas comunicadoras y periodistas”.
Para la Relatoría Especial, el Estado califica el trabajo de la prensa como “mentiras” o “noticias falsas” o los etiqueta como “conservadores” o “del régimen”. “Esto contribuye al deterioro del debate público y puede incrementar los riesgos de la labor periodística”.
El Informe sobre la sección “Quién es quién sobre las mentiras”
Asimismo, reconoce las problemáticas por la difusión de noticias falsas y que las sociedades democráticas deben combatir los intentos de manipulación del debate público. No obstante, considera que el propósito de combatir las presuntas “mentiras” se puede canalizar por otras rutas institucionales. Por ejemplo, promover marcos de autorregulación periodística, conformar consejos de prensa y de tribunales de ética periodística.
En este sentido, la Relatoría cree que la sección que chequea contenidos periodísticos y etiqueta a periodistas y medios de comunicación “pone en riesgo las garantías para la libertad de expresión y la institucionalidad democrática en México”.
En julio de 2021, el Relator Especial para la Libertad de Expresión invitó al Estado de México a reevaluar el formato de la sección y a reconsiderar su existencia. Después, en 2022, el Relator Especial llamó al Estado mexicano a que suspendiera esta sección.
La RELE subraya que, ante el aumento de asesinatos, amenazas, agresiones físicas y ataques en contra de periodistas en México, “es esencial que el Estado envíe mensajes claros de reconocimiento a la legitimidad y el valor de la labor periodística”.
La RELE considera que, bajo la premisa de garantizar el acceso de la ciudadanía a información de interés público, el “Quién es quién en las mentiras de la semana” “envía mensajes públicos que podrían contribuir a la estigmatización en contra de personas periodistas y medios de comunicación”.
“Las instituciones del Estado no son las plataformas idóneas para evaluar la veracidad de la información periodística y los medios de comunicación son principalmente responsables ante el público y no ante el Gobierno.
Finalmente, la Relatoría concluyó que la sección contraviene estándares interamericanos sobre libertad de expresión. Por ende, llamó al Estado Mexicano a suspender esta práctica.
