La senadora Patricia Mercado Castro propuso que las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en prisión decidan en qué tipo de penal o centro de reclusión, femenino o masculino, deben estar.
El propósito es que el Sistema Penitenciario resuelva las condiciones y la seguridad en que viven. Además, establecer su derecho a la identificación para evitar la discriminación, estigmatización social y laboral en la que viven.
Señaló que las personas en reclusión y liberadas enfrentan la discriminación y estigmatización. Sin embargo, es más complicada la situación de la población LGBTTTIQ+ que ha estado en prisión. Subrayó que el rechazo que sufren por su orientación sexual e identidad se agrava aún más cuando enfrentan un proceso penal, cuando cumplen una condena y cuando salen de prisión.
“Ninguna sociedad que pretenda alcanzar una convivencia pacífica puede permitir que la prisión sea un castigo que implique privar a las personas de su derecho a la identidad y a ejercer su vida sexual íntima”, expresó
La legisladora de Movimiento Ciudadano reflexionó sobre cuáles tienen que ser los protocolos o procesos para que las personas, sobre todo trans, puedan decidir en qué tipo de reclusorios deben de estar.
“Esto es para cuando el juez de la causa les pide su identificación y resuelve que se van a un penal femenil o varonil, sino que sea la persona la que pueda decidir esa posibilidad”, comentó.
Mercado Castro abundó en que la prisión no es un lugar para aislar a los elementos indeseables de una sociedad, esto en un régimen democrático. Al contrario, dijo, es un sitio para que las personas asuman la responsabilidad por sus actos y que gradualmente puedan hacerse cargo de sí mismas.
“En mi opinión, las medidas que excluyen, estigmatizan y discriminan a las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en prisión, constituyen formas de tortura. Las autoridades deben entender que los derechos se restringen, limitan o se suspenden, pero nunca se pierden”, indicó.
Comentó que en varios estados hay avances para que las personas internas y liberadas puedan obtener la credencial de elector fácilmente y se plantea incluir su derecho al voto en una eventual reforma electoral.