La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Omar García Harfuch solicitó formalmente ante un juzgado federal retirarle la protección de la Guardia Nacional a Paola Gárate, diputada priista de Sinaloa que lleva meses siendo amenazada por el crimen organizado. La protección de la diputada en Sinaloa, que un juez ordenó en junio, podría quedar en manos del gobierno estatal —el mismo que ella ha criticado públicamente.
¿Qué pasó exactamente con la protección de la diputada en Sinaloa?
El 10 de junio de 2026, una corona fúnebre con el nombre de Paola Gárate Valenzuela apareció en la entrada de su casa en Culiacán. No fue un susto cualquiera: la legisladora ya había sido secuestrada en 2021 por hombres armados la noche previa a las elecciones estatales, y desde entonces vive con una diana pintada en la espalda.
Tras la corona, Gárate promovió un amparo y un juez federal ordenó que la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la SSPC le brindaran protección inmediata. Desde entonces contaba con dos patrullas de la GN y entre 10 y 14 elementos permanentes.
Eso se acabó —o intenta acabarse— el 27 de agosto de 2026, cuando la SSPC presentó un escrito ante la Jueza Cuarto de Distrito en Sinaloa, Mariana Arámburo Rojo, dentro del amparo indirecto 895/2026, pidiendo revocar esa suspensión. La diputada se enteró el 1 de septiembre y lo hizo público al día siguiente.
El argumento del gobierno: «ya tienes protección estatal»
La SSPC argumenta que el Ministerio Público local ya le otorgó medidas de protección a Gárate como víctima del delito derivadas de la corona fúnebre. Ergo: la Guardia Nacional ya no tendría por qué seguir ahí.
El problema es lo que esas «medidas locales» significan en la práctica: rondines aleatorios en su domicilio. Nada de escolta permanente, nada de protocolo de seguridad personal. La propia Guardia Nacional, en otro documento del mismo expediente, reconoció que Gárate necesita un esquema de seguridad permanente —solo que propone que ese esquema lo pague y opere la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
Traducción directa: el gobierno federal quiere pasarle la factura al gobierno estatal. El mismo gobierno estatal del que Gárate ha sido crítica consistente.
¿Por qué te importa la protección de la diputada en Sinaloa?
Porque esto no es un pleito administrativo entre secretarías. Es la pregunta de fondo sobre si en México una legisladora de oposición puede seguir viva y activa cuando habla de narcoelecciones, señala a funcionarios y denuncia vínculos del crimen organizado con el poder.
Gárate lleva años siendo el costo visible de decir cosas incómodas en Sinaloa. En 2021 la secuestraron. En 2025 le despojaron su vehículo a mano armada. En junio de 2026 le mandaron una corona. Y cada vez que pidió protección federal —antes del amparo— recibió silencio. El propio gobierno federal tardó meses en actuar, y solo lo hizo porque un juez se los ordenó.
Ahora que ese resguardo existe, la SSPC quiere borrarlo del mapa con un argumento que su propia defensa califica de insuficiente. No es un tecnicismo: es el tipo de señal que el crimen organizado sabe leer perfectamente.
Esto conecta con algo más amplio que hemos documentado: la opacidad en decisiones de seguridad del gobierno federal, donde los límites entre lo que se informa y lo que se oculta los define el propio Ejecutivo. Y no siempre a favor de quienes corren el riesgo.
El historial que no se puede ignorar
Paola Gárate no es una figura nueva en el radar del crimen organizado en Sinaloa. En la elección local de 2021 fue interceptada la noche del 5 de junio por sicarios y mantenida retenida durante toda una noche, con los ojos cubiertos, mientras hombres armados le dejaban claro que «tenía que ganar Morena».
Desde 2023, Gárate solicitó en reiteradas ocasiones protección federal a la Sedena, a la Segob, a la Guardia Nacional y a la propia SSPC. Todas las peticiones fueron ignoradas. La respuesta llegó solo cuando un juez la impuso mediante una suspensión de plano dentro de su amparo.
La situación de fondo en Sinaloa —un estado que lleva años fracturado entre la violencia del Cártel y un gobierno que ha tenido que explicar demasiadas cosas— no mejora. Y figuras como Gárate, que hablan de ello con nombre y apellido, pagan el precio más alto. Para entender la escala de lo que implica operar en ese entorno, hay que recordar que en México la inseguridad toca hasta los espacios que se suponen controlados, como lo muestra el caso del acceso preferente en el AICM a cambio de dinero: las instituciones tienen fisuras, y quienes quedan más expuestos siempre son los mismos.
Qué sigue para la protección de la diputada de Sinaloa
La decisión está ahora en manos de la Jueza Mariana Arámburo Rojo. Si acepta el argumento de la SSPC y levanta la suspensión de plano, la Guardia Nacional se retira y Gárate queda con rondines estatales aleatorios frente a amenazas que ya incluyeron un secuestro y una corona fúnebre.
Si la jueza mantiene la suspensión, el gobierno federal tendrá que seguir proveyendo el esquema que un juez ya consideró necesario. La SSPC puede apelar. El proceso legal puede alargarse. Y mientras tanto, Gárate sigue en Culiacán.
Lo que no cambia es la pregunta que este caso deja abierta: ¿proteger a una legisladora amenazada por el narco es una obligación del Estado o una cortesía que se puede retirar cuando ya no conviene? La respuesta que dé este gobierno —en los hechos, no en los discursos— importa mucho más allá de Sinaloa. Puedes consultar el portal oficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para seguir los comunicados del caso.
