El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentó este día una iniciativa donde propone eliminar la prisión preventiva oficiosa.
La iniciativa busca reformar y adicionar el artículo 19 de la Constitución Política. Al eliminar dicha figura, se busca que cada juzgador o juzgadora determine la sanción preventiva.
Esto, a partir de la evaluación de las circunstancias particulares y concretas de cada caso tomando en cuenta el riesgo fundado de fuga, interferencia en la investigación o el riesgo para la víctima o la sociedad, “mas no en función del delito imputado”.
De igual forma, se propone adecuar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para cumplir con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad personal.
Uno de los párrafos del artículo a reformar y adicionar, quedaría así:
“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva justificada cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.
“Para la imposición de dicha medida, el Ministerio Público deberá acreditar ante el Juez la existencia de elementos probatorios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso ha participado en el ilícito del que se le acusa. La imposición de la prisión preventiva justificada deberá de estar sujeta a revisión periódica”, cita el segundo.
También se propone que las personas privadas de la libertad bajo esta figura, las sujetas a un proceso penal y las que ya cuentan con sentencia, deberán tener acceso a convenios y espacios de orientación y apoyo para lograr una reinserción.
Los motivos de la iniciativa
Justifican que esta figura legal es transgresora de los derechos humanos. Asimismo, permite el encarcelamiento de una persona sin que ésta haya sido condenada. Las causas: temor de que huya de la justicia o cuando no existen elementos suficientes para decretar una sentencia y se requiere recabar más pruebas. Dichas acciones, señalan, genera una violación al debido proceso.
Además, esto ha llevado a condiciones de hacinamiento y sobrepoblación en las cárceles.
Cabe recordar que el tema está siendo analizado y debatido actualmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ministros se pronunciaron en los dos polos, a favor y en contra. Esperan que el próximo jueves se vote y se dé una sentencia al respecto.
Por el contrario, el presidente López Obrador se manifestó en contra de la eliminación de esta medida cautelar.