El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), José Antonio García García, propone que la licencia de conducir que expide cada estado o municipio en México sea de carácter permanente; es decir, no pagar por la renovación cada cierto tiempo.
De acuerdo con la iniciativa, su propuesta es reformar los artículos 51 y 76 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Este señala que la vigencia establecida para las licencias de conducir puede ser de no mayor a cinco años de forma general.
En otras palabras, que federación, entidades federativas y municipios expidan licencias de conducir con una vigencia de carácter permanente en la modalidad de uso particular.
Asimismo, que los usuarios actualicen cada cinco años, de forma gratuita, sus datos biométricos. Además, el que realicen exámenes de valoración integral y teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias.
“La posibilidad de que los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a una licencia de conducir permanente representaría un ahorro significativo de tiempo y económico. Además, de brindar certeza jurídica de los automovilistas en caso de que se presenten incidentes en materia de salud, accidentes, choques o cualquier tipo de infracción de tránsito”.
Licencias de conducir permantenes ahorrarán dinero y tiempo a la ciudadanía
Dentro de la exposición de motivos, García García, destacó que importante evitarles a ciudadanía la necesidad de regresar periódicamente a renovar su licencia de conducir. Esto, indicó, implica un costo económico y pérdida de tiempo que pudiera invertir en su desarrollo personal o familiar.
El legislador expuso que, de acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo, los tramites presenciales son “engorrosos y complejos” para la ciudadanía, necesitando 5.4 horas en promedio para completar una gestión.
Finalmente, sostuvo que con esta medida los estados incentivarían el uso de licencia de conducir en sus demarcaciones. Por otro lado, construirían o actualizarían su padrón de las personas que transitan en su entidad.
Si la propuesta es aprobada por el Pleno, los Congresos locales, en el ámbito de su competencia, tendrían un año para armonizar el marco jurídico en la materia.