La noche del lunes 24 de agosto, dos periodistas atacados en Poza Rica, Veracruz, volvieron a poner en evidencia que ese municipio del norte del estado se ha convertido en una trampa mortal para quienes cubren nota roja. Uno de ellos logró escapar. El otro, Elí Martínez, reportero del portal Noreste y colaborador de Radio Fórmula, está desaparecido.
Qué pasó esa noche en Poza Rica
Todo ocurrió en la colonia Cazones, frente a una gasolinera sobre la avenida 20 de Noviembre. Elí Martínez y su compañero Raymundo Perdomo, del periódico Vanguardia, estaban platicando a bordo de una moto tras cubrir un evento cuando sujetos armados con el rostro cubierto los interceptaron.
Sin previo aviso, los agresores abrieron fuego. Ambos reporteros corrieron en direcciones distintas para salvar su vida. Perdomo logró esconderse y se reporta estable. Martínez no apareció. Familiares y colegas lo buscaron en hospitales sin encontrarlo. Todo apunta a que fue privado de la libertad por los atacantes.
La persecución policial que siguió fue un desastre: los agresores huyeron en un auto blanco lanzando ponchallantas sobre la avenida, lo que provocó que una patrulla de la Policía Estatal perdiera el control y chocara contra una unidad de Pemex. La zona terminó acordonada por elementos de la Sedena, Guardia Nacional y policías estatales y municipales.
Por qué te importa el ataque a periodistas en Poza Rica
Porque no es un hecho aislado. Es el tercero en lo que va de 2026 en ese mismo municipio, sobre esa misma avenida.
El 8 de enero, Carlos Castro —reportero y director de Código Norte Veracruz— fue asesinado a tiros en un restaurante de Poza Rica. El 11 de junio, Luis Ángel López Valdez, del periódico Vanguardia, fue ejecutado en la avenida 20 de Noviembre. Hoy, Elí Martínez está desaparecido. Tres agresiones graves contra periodistas en ocho meses, en la misma ciudad.
Y el dato que hace esto todavía más escalofriante: tanto Castro como López Valdez contaban con medidas de protección vigentes otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) cuando fueron asesinados. Los protocolos fallaron. Dos veces.
Qué dice —y qué no dice— el gobierno
Al cierre de esta nota, ni el gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, ni la CEAPP habían emitido un comunicado oficial sobre el ataque. Nada. Silencio institucional mientras un periodista está desaparecido.
Fue el propio portal Noreste quien salió a exigir públicamente la localización de Martínez y solicitó la intervención de la CEAPP —el organismo creado precisamente para estos casos.
La ironía es brutal: la CEAPP tiene un presupuesto de más de 24 millones de pesos para 2026, pero según análisis públicos, alrededor del 91.5% de sus recursos en 2025 se fueron a salarios, operación y gastos generales. Menos de uno de cada diez pesos llegó a acciones reales de protección. Y encima, dos periodistas que tenían medidas activas de esa comisión terminaron muertos.
Veracruz: el contexto que nadie quiere ver
Veracruz lleva décadas siendo uno de los estados más peligrosos de México para ejercer el periodismo. Según cifras de la propia CEAPP, entre 2005 y 2024 se registraron 31 asesinatos de periodistas en la entidad y cuatro desapariciones.
A nivel nacional, el informe 2025 de Artículo 19 documentó 176 periodistas asesinados desde el año 2000, con 32 desaparecidos que siguen sin aparecer. Eso coloca a México como el segundo país más letal para la prensa en el mundo. Y Veracruz, junto con Tamaulipas y Michoacán, concentra la mayor parte de esas desapariciones.
Poza Rica en particular es una ciudad petrolera, económicamente estratégica, donde el crimen organizado lleva años operando con una impunidad casi total. Que tres periodistas de nota roja —los que documentan precisamente esa violencia cotidiana— hayan sido blanco de ataques mortales o de secuestro en 2026 no es casualidad. Es un patrón.
Periodistas atacados en Poza Rica: ¿quién responde?
Elí Martínez no solo cubría nota roja. Tras el asesinato de Luis Ángel López Valdez en junio, él mismo había exigido públicamente esquemas de protección para los reporteros locales y criticado el actuar de las autoridades. Ahora es él quien está desaparecido.
Sus colegas salieron a las calles a pedirle a las autoridades una respuesta: «necesitamos saber qué pasó con el compañero». La pregunta sigue sin respuesta oficial.
Lo que sí quedó claro es que en Poza Rica, cubrir la violencia te puede costar la libertad —o la vida. Y que el aparato institucional diseñado para evitarlo, hasta hoy, no ha podido o no ha querido hacerlo.
