El Human Rights Center de la Universidad de California en Berkeley acaba de publicar el conteo más completo que existe sobre la violencia contra la prensa en México: 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024. La cifra no es solo un número. Es un argumento.
¿De dónde sale este número de periodistas asesinados?
El informe se llama Bajo ataque: Persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México (Under Attack, en inglés) y lo publicó el equipo internacional de rendición de cuentas del Human Rights Center de UC Berkeley School of Law. No es un reporte de activistas ni de un partido. Es una institución académica de primer nivel, con metodología abierta y una base de datos pública donde puedes ver caso por caso.
De las 337 víctimas documentadas, 78 eran periodistas y 259 eran defensores de derechos humanos. Para ponerlo en perspectiva: Artículo 19, que es la organización de referencia en libertad de prensa en México, había contabilizado entre 46 y 47 periodistas asesinados en ese mismo periodo. Berkeley casi duplicó esa cifra. ¿Cómo? Ampliando la metodología, cruzando fuentes y construyendo expedientes propios.
El equipo analizó 75 expedientes individuales de homicidios, desapariciones forzadas y actos de violencia física grave. Pero ahí no paró: también procesaron, con inteligencia artificial, más de 1,400 conferencias mañaneras de López Obrador para rastrear patrones de estigmatización contra periodistas críticos.
Por qué te importan los periodistas asesinados en el sexenio AMLO
Aquí viene la parte incómoda. El informe no dice que AMLO mandó matar a nadie. Lo que dice es algo más sofisticado y, en cierta forma, más perturbador: que el Estado mexicano construyó un ecosistema donde matar a periodistas salía barato, quedaba impune y era, en parte, alentado desde el podio presidencial.
La impunidad estimada por Berkeley oscila entre el 93% y el 99% durante todo el periodo. Eso significa que de cada 100 crímenes contra periodistas y defensores, entre 93 y 99 quedaron sin castigo. No es un fallo del sistema: es el sistema funcionando exactamente como alguien quería.
El informe documenta cómo algunos comunicadores fueron señalados por nombre desde la mañanera y luego enfrentaron campañas de hostigamiento coordinadas en redes sociales. No es casualidad: es un patrón. Y ese patrón tiene un antecedente que ya documentamos en Tiempo Real: la práctica de AMLO de exhibir públicamente a periodistas «pagados» y cómo eso sentó las bases de una cultura de odio institucionalizado contra la prensa.
Pegasus, Guacamaya y espionaje militar: el otro nivel de la persecución
Los asesinatos son la punta del iceberg. Berkeley también documenta que un centro secreto de inteligencia militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, utilizó el software espía Pegasus —y otras herramientas como Geomatrix, de Rayzone— contra periodistas, defensores de derechos humanos e incluso contra investigadores del propio gobierno. Todo eso, sin autorización judicial y sin ninguna ley que lo respaldara.
La investigación arrancó gracias a los Guacamaya Leaks: la filtración de 6 terabytes de archivos de la Sedena que el grupo hacktivista Guacamaya obtuvo en septiembre de 2022. Esos documentos permitieron reconstruir las redes de vigilancia que operaban en las sombras mientras AMLO negaba públicamente cualquier espionaje.
Además, datos del litigio de WhatsApp contra NSO Group revelaron que al menos 456 teléfonos en México fueron atacados con Pegasus solo entre abril y mayo de 2019 —el 37% de todas las víctimas identificadas globalmente en ese período, la proporción más alta de cualquier país del mundo.
¿Esto puede llegar a la Corte Penal Internacional?
Berkeley no lanza esa acusación a la ligera, pero sí la pone sobre la mesa. Los autores del informe plantean que el patrón documentado —asesinatos, desapariciones, vigilancia ilegal, estigmatización presidencial e impunidad sistemática— podría configurar lo que el artículo 7 del Estatuto de Roma define como «persecución», lo que ameritaría un examen preliminar de la Corte Penal Internacional (CPI).
La investigación toma como referencia la nueva Política sobre Crímenes Habilitados por Cibernética bajo el Estatuto de Roma, publicada en diciembre de 2025 por la Oficina del Fiscal de la CPI. Es decir: el marco legal ya existe. La pregunta ahora es si alguien tiene la voluntad política de activarlo.
El sexenio de AMLO y la violencia contra periodistas: más amplia de lo que creíamos
Una de las cosas que hace relevante este informe es que no separa a los periodistas de los defensores de derechos humanos. El perfil de las víctimas es claro: personas que investigaban crimen organizado, corrupción y abusos de poder, o que defendían causas ambientales, territoriales, de mujeres o de personas desaparecidas. Todos tenían en común haber incomodado a alguien con poder.
Y aunque AMLO llegó prometiendo proteger a la prensa —llegó a decir en abril de 2024 que durante su gobierno no había repunte de violencia contra periodistas—, los números de Berkeley cuentan otra historia. Una historia que, dicho sea de paso, tiene continuidad: la violencia estructural contra quienes informan no desapareció con el cambio de sexenio. Ya lo documentamos cuando analizamos cómo 8 de cada 10 periodistas en CDMX han sufrido discursos de odio, una herencia directa de años de estigmatización institucional.
Lo que Berkeley puso en papel es lo que muchos ya sabían, pero nadie había podido demostrar con esta precisión: la violencia contra la prensa en México no fue accidental. Fue un sistema. Y ese sistema operó, en buena parte, con la complicidad o la indiferencia del Estado.
