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Obrador sí difundió propaganda durante proceso electoral: TEPJF

La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí difundió propaganda gubernamental durante el proceso electoral.

Es decir que, en lo prohibido por la ley electoral, el mandatario federal vulneró diversos principios constitucionales desde su conferencia matutina o “mañanera”.

Entre estos:

  • Realizó promoción personalizada.
  • Usó indebidamente recursos públicos.
  • Vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la competencia.

Estas expresiones se emitieron en la “mañanera” del pasado 12 de abril. Además, el TEPJF consideró que estas fueron infractoras, porque versaron sobre logros y acciones de gobierno, es decir, constituyeron propaganda gubernamental.

La autoridad electoral recordó que dicha difusión debe suspenderse desde el inicio de la campaña y hasta la conclusión de la jornada electoral.

También precisó que las expresiones fueron de carácter electoral. En otras palabras, que hubo una intención de rechazo hacia una candidatura y opciones políticas diferentes a la que lo llevó al poder). Al mismo tiempo, que fueron susceptibles de generar una influencia indebida en los procesos electorales federales y locales.

El TEPJF precisó que el presidente no puede ser sancionado por infracciones electorales, de acuerdo con la Constitución. No obstante, subrayó que sí se declara su responsabilidad por estas, según criterios de la Sala Superior de este tribunal.

Igualmente, el Pleno responsabilizó por las mismas conductas al coordinador de Comunicación Social y vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. Asimismo, a la directora general de Comunicación Digital de la Presidencia, Jessica Ramírez González; al jefe de departamento adscrito a esta coordinación, Pedro Daniel Ramírez Pérez, así como al director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), Sigfrido Barjau de la Rosa.

En el caso de estas personas servidoras públicas, determinó dar vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine lo que en Derecho corresponda.

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