La creación de un nuevo órgano administrativo para sustituir al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) debilitará al Poder Judicial, advirtieron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador propone reemplazar al CJF por un Órgano de Administración Judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial. Sin embargo, esto debilitaría su independencia y facilitaría que quienes los integren respondan a preferencias partidarias y políticas, alertaron los académicos universitarios.
Irene Emilia Trejo Hernández, profesora de la Facultad de Derecho, expuso que este órgano nombraría u formaría jueces. También crearía nuevas instancias jurisdiccionales y manejaría el presupuesto, separado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
No obstante, subrayó que la propuesta de crear este órgano afectaría la independencia del sistema judicial. Ello, porque los cinco integrantes del órgano los propondrán otros poderes: uno por el Senado, otro por el Ejecutivo y tres por la SCJN. Asimismo, resaltó que sus decisiones serían inatacables y el control sobre su presupuesto como “una mordaza”.
Ulises Leonardo García Vázquez, profesor de la FES Acatlán, coincidió en que no se indica el perfil específico de los integrantes de este órgano. Por lo tanto, podría buscarse que lleguen quienes tengan afinidad política y no necesariamente la capacidad para juzgar objetivamente.
Eduardo Esquivel Jasso, profesor de la FES Aragón, remarcó que la carrera judicial debe usarse para aspirar a cargos más importantes de la función jurisdiccional. “La preparación y la capacitación es el único camino para aspirar a ellos”, señaló.
Asimismo, Josafat Cortez Salinas, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, explicó que la reforma amenaza a la gobernanza del Poder Judicial. Igualmente, a la administración de sus recursos materiales y humanos. También, dijo, trastoca y lastima su independencia porque le resta relevancia a la presidencia de la SCJN.
Ese órgano administrativo, añadió, será débil porque no tendrá injerencia en la disciplina sobre los integrantes del Poder Judicial, transfiriendo dicha facultad al Tribunal.
En tanto, Miguel Alejandro López Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, precisó que la reforma no asegura la tutela efectiva hacia los derechos de las personas por parte de los jueces, si no se garantiza la buena administración, independencia, imparcialidad, defensa, técnica adecuada y el debido proceso, entre otros aspectos.
Por su parte, Rosa Carmen Rascón Gasca, profesora de la Facultad de Derecho, apuntó que no ofrece garantía de profesionalización ni experiencia real y transparente.
En su oportunidad, Mario Ernesto Rosales Betancourt, profesor de la FES Acatlán, planteó que habrá un exceso de jueces de consigna. En otras palabras, no se atreverían a ir en contra de lo que les pida el órgano de administración judicial. Por ende, resaltó, implicaría el menoscabo paulatino de la capacidad de los ciudadanos de tener medios de defensa contra los abusos del poder del gobierno. Subrayó que significa la pérdida de la independencia de los juzgadores, pues el gobierno los tendría “agarrados por donde más duele: el aspecto económico”.
Manuel Plata García, profesor de la FES Aragón, apuntó que la mejor opción es crear más tribunales y juzgados. “Capacitar a juzgadores, secretarios, proyectistas, actuarios y oficiales judiciales, sería lo mejor y no este tipo de reformas”, sentenció.
