El Senado de la República pide no más exhumación ni tráfico de restos humanos en un exhorto a las 32 entidades federativas a prevenir y combatir esta actividad ilegal.
Al respecto, expresaron su preocupación de que se perciba a los restos humanos como objetos. Añadieron que éstos pertenecen a personas que vivieron en algún momento, con una identidad y una historia.
Los senadores hicieron referencia a medios de comunicación que mencionan que quienes se dedican al tráfico de huesos humanos “cobran desde 200 pesos por un dedo, hasta 35 mil pesos por un esqueleto humano completo”. Asimismo, aquellos que los adquieren se dedican a la santería o son estudiantes de medicina u odontología.
Por otro lado, expusieron que los vendedores usan las plataformas digitales como “Uber” o “Didi” para entregar los restos humanos. En algunos casos, estos intercambios o ventas se hacen en el Mercado de Sonora, en la Ciudad de México.
Refieren que dichas actividades las realiza «una red criminal de complicidades y corrupción en los panteones de la Ciudad de México y las 32 entidades”.
Si bien es recurrente la utilización de restos humanos en rituales y en el ámbito escolar, este tipo de prácticas tienen un impacto social, mencionaron. Entre los ejemplos que pusieron, está el caso de la sustracción de su tumba del cuerpo de un bebé de tres meses.
Sobre el exhorto a las autoridades de los 32 estados, el Senado llamó a combatir esta actividad ilegal. También, a sancionar a docentes e instituciones de educación superior que incentivan al alumnado a la compra de restos humanos extraídos ilegalmente.
Precisaron que la UNAM tiene un programa que incentiva a la población a donar su cuerpo a la ciencia al momento de fallecer.
En ese sentido, resaltaron que la Ley General de Salud indica que éstas sólo podrán utilizar cadáveres cuando tengan el consentimiento previo de la persona sobre la disposición final de su cuerpo; o bien, de sus familiares después de su muerte.
Además, su uso requiere del consentimiento del disponente y un registro con el nombre, edad, domicilio, sexo y la institución educativa beneficiaria del cadáver.
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