El Congreso de la Ciudad de México discute dos iniciativas que podrían prohibir el transporte en moto por app en la CDMX —es decir, servicios como Uber Moto y DiDi Moto— y las personas que trabajan en ese sector ya prendieron alarmas: advierten que 230 mil familias se quedarían sin su principal fuente de ingreso si la medida avanza.
¿Qué está pasando con la moto por app en la CDMX?
Todo arrancó a finales de agosto, cuando la diputada local de Morena Elizabeth Mateos Hernández presentó una iniciativa para reformar los artículos 59 y 251 de la Ley de Movilidad de la capital. El objetivo: cerrar el vacío legal que permite a plataformas como Uber y DiDi operar viajes en motocicleta, aunque la ley ya prohíbe el transporte público de pasajeros en moto. Pocos días después, el diputado también morenista Miguel Ángel Macedo sumó otra propuesta en el mismo sentido.
El argumento central es la seguridad vial. Según datos del Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito de la Semovi (1er trimestre 2025), los motociclistas representaron el 48.6% de las personas fallecidas en el lugar del accidente durante ese periodo, convirtiéndose en el grupo más vulnerable en las vialidades capitalinas. En ese mismo trimestre se contabilizaron más de 7,500 colisiones con motos involucradas, con un saldo de 4,050 personas lesionadas y 54 fallecidas.
La diputada Mateos puso nombre y cara al problema: citó el caso de una mujer de 47 años que murió el 24 de julio de 2025 sobre Paseo de la Reforma mientras viajaba como pasajera en una DiDi Moto, luego de que el conductor intentó rebasar entre carriles y golpeó una camioneta.
El limbo legal de la moto por app CDMX
Aquí el asunto se pone interesante: técnicamente, estas apps ya operan en la ilegalidad. La Secretaría de Movilidad (Semovi) lo confirmó desde julio de 2025 e inició acciones jurídico-administrativas contra las plataformas, aclarando que ningún servicio de transporte de pasajeros en moto cuenta con permiso en la capital. Pese a eso, Uber Moto y DiDi Moto siguieron funcionando bajo amparos y esquemas de transporte «privado».
Eso es justamente lo que las iniciativas buscan cerrar: que la etiqueta de «privado» o el hecho de contratar por app no sirva como escape a las restricciones. Mientras tanto, una solicitud de información reveló que la propia Semovi no ha desarrollado ningún esquema de regulación ni abierto diálogo formal con las empresas — lo que deja a trabajadores y usuarios en un limbo total.
Por qué te importa la moto por app CDMX
Si nunca has subido a una, quizás te parece lejano. Pero piénsalo así: 30 mil motos operan este servicio en la capital y zona metropolitana, y detrás de cada una hay una persona —muchas veces joven— que encontró en este trabajo una salida ante el desempleo o los sueldos bajos.
Representantes del sector sostienen que cerca de 230 mil personas dependen directa o indirectamente de esta actividad para sostener a sus hogares: pagan renta, comida, escuela de sus hijos. Para ponerlo en perspectiva, eso es más gente que toda la población de ciudades como Colima o Ciudad del Carmen.
Del otro lado, la mitad de los usuarios de estos servicios son mujeres, que los eligen precisamente por ser más accesibles y rápidos en zonas donde el transporte público no llega o tarda demasiado. Prohibir el servicio sin una alternativa real también las afecta a ellas.
Lo que piden los trabajadores de moto por app
Los conductores no están negando los riesgos: piden regulación, no prohibición. En un comunicado exigieron ser escuchados antes de que el Congreso tome una decisión, y proponen un esquema con capacitación, seguros obligatorios y estándares de seguridad —algo que, hay que decirlo, la Semovi nunca se sentó a construir.
La iniciativa, por cierto, aún no ha sido aprobada. Fue enviada a la Comisión de Movilidad del Congreso capitalino, donde todavía tiene que pasar por el proceso legislativo. Hay tiempo para que los trabajadores sean escuchados — si los legisladores lo permiten.
Nuestra postura: regular primero, prohibir después (o nunca)
Esto no es blanco o negro. Los accidentes son reales y graves — los datos de la Semovi no mienten. Pero castigar a 230 mil familias de trabajadores por un vacío legal que las propias autoridades dejaron crecer durante años, sin ofrecer ninguna alternativa de empleo, suena más a lavarse las manos que a política pública seria.
Si el gobierno capitalino realmente le importara la seguridad vial, estaría diseñando un marco regulatorio con estándares claros, no esperando a que una tragedia lo obligue a actuar y luego mandando todo a la basura. La pregunta que el Congreso debería responder no es «¿prohibimos o no?», sino «¿qué le ofrecemos a esta gente si lo hacemos?»
En un contexto donde la precariedad laboral es la norma para muchísimos jóvenes en México —el mismo debate que se da alrededor de los derechos y las libertades que el Estado decide recortar sin consultar a quienes más los necesitan— prohibir sin regulación ni compensación no es proteger a nadie. Es simplemente dejar a la gente sola.
