El debate sobre qué hacer con los menores infractores en México que cometen delitos gravísimos volvió al centro de la política nacional. El PAN presentó una iniciativa para que adolescentes de 15 a 17 años puedan ser juzgados con penas similares a las de un adulto si cometen homicidio, feminicidio, violación o secuestro. ¿Tiene sentido? ¿O es populismo puro?
¿Qué propone el PAN exactamente con los menores infractores?
El alcalde de Corregidora, Querétaro, Josué David Guerrero, llevó al Senado una iniciativa que busca reformar tanto el Código Penal Federal como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA) para que jóvenes de 15, 16 y 17 años que cometan delitos de alto impacto reciban sanciones equiparables a las de un adulto.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, anunció que su grupo analizará la propuesta y adelantó que promoverán un Parlamento Abierto con especialistas para enriquecer el debate. Ojo: eso no es una ley, es el inicio de una conversación legislativa.
La iniciativa no cayó del cielo. Surge, entre otros casos, después del asesinato de un conductor de plataforma en Baja California en el que presuntamente participaron tres adolescentes. Ese tipo de casos concretos, con nombres y caras, son los que mueven la opinión pública —y a los políticos.
Cómo funciona hoy el sistema de justicia para adolescentes
Actualmente, la Constitución mexicana reconoce el SIJPA como un sistema especializado para personas de 12 a 17 años en conflicto con la ley, completamente separado del sistema penal para adultos. Su objetivo no es castigar: es reinsertar y reeducar.
Según el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el SIJPA concibe a los adolescentes como sujetos de derechos con características y necesidades específicas, y opera con instituciones multidisciplinarias especializadas. La lógica es que un chavo de 16 no tiene el mismo desarrollo cognitivo ni moral que un adulto de 30, y el sistema legal lo reconoce.
Cambiar eso no es solo mover un número en una ley. Implica replantear desde cero la filosofía de la justicia juvenil en el país.
¿Por qué te importa el debate sobre menores infractores en México?
Porque si vives en este país y tienes entre 15 y 30 años, este tema te toca de frente. No de manera abstracta: de manera muy concreta.
Primero, el crimen organizado recluta activamente a adolescentes precisamente porque el sistema actual los trata diferente. Eso es un hecho documentado y preocupante. Pero la solución de meterlos a prisiones de adultos tiene sus propios riesgos: la evidencia internacional muestra que los centros de adultos son escuelas del crimen, no de rehabilitación.
Segundo, en México la informalidad laboral y la falta de oportunidades para jóvenes es un factor estructural que alimenta la delincuencia juvenil. De hecho, como hemos documentado, la mitad de los empleados en México trabaja sin un contrato estable: esa precarización golpea primero a los más jóvenes. Endurecer penas sin atacar causas estructurales es ponerle curita a una herida abierta.
Tercero, el dato que manejó el alcalde Guerrero —que en 2024 se registraron más de 35 mil casos de menores involucrados en delitos graves— no tiene una fuente oficial publicada que lo respalde con esa cifra exacta. Hay que pedirle al PAN que muestre sus fuentes antes de legislar.
¿Qué dicen los que saben de menores infractores?
Los especialistas en derecho penal juvenil llevan años advirtiendo lo mismo: bajar la edad de imputabilidad o equiparar sanciones con adultos suena bien en un mitin, pero los datos comparados no muestran que funcione para reducir la reincidencia ni la violencia.
La academia lo tiene claro: el SIJPA fue diseñado desde una perspectiva de protección integral y autonomía progresiva, reconociendo que los adolescentes están en una etapa de desarrollo donde las intervenciones socioeducativas tienen más impacto que el encarcelamiento. Reformarlo requiere evidencia, no reacción.
Dicho eso, tampoco es justo ignorar a las víctimas. Una familia que perdió a alguien a manos de un adolescente de 17 años tiene razones de peso para sentir que el sistema actual los deja sin justicia real. Ese dolor es legítimo y tiene que estar en la conversación.
Lo que sigue en el Congreso
El PAN aún no ha presentado formalmente un proyecto de decreto. Lo que existe hasta ahora es una propuesta del alcalde de Corregidora que el grupo parlamentario panista prometió analizar en su próxima reunión plenaria. Para convertirse en ley necesitaría mayoría en el Congreso —donde Morena y aliados tienen ventaja— y superar el filtro constitucional y de tratados internacionales, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, que México ha ratificado.
En otras palabras: el camino legislativo es largo y empinado. Esto es el inicio de un debate, no el fin de uno.
La pregunta que nadie quiere responder sobre menores infractores en México
¿Por qué el Estado mexicano es capaz de reclutar adolescentes para el crimen organizado antes de que el sistema educativo o laboral los alcance? Mientras esa pregunta no tenga respuesta, ninguna reforma penal va a resolver el problema de fondo.
El debate sobre menores infractores en México es necesario. Pero tiene que darse con datos reales, sin populismo, y con las víctimas y los especialistas en la misma mesa. Legislar desde el miedo o desde el caso viral del momento es exactamente cómo se construyen leyes que después no sirven para nada.
