El megadecomiso de combustible en Guanajuato que el gobierno federal presentó como el golpe más grande de la historia contra el huachicol fiscal acaba de convertirse en un escándalo institucional de primer nivel: Omar García Harfuch confirmó este viernes la destitución del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en esa entidad por haber ejecutado el operativo sin la debida verificación de la información.
¿Qué pasó exactamente con el megadecomiso de combustible en Guanajuato?
El 17 de septiembre de 2026, autoridades federales y estatales anunciaron el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en una terminal ubicada en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide. El volumen es impresionante: gasolina regular, premium y diésel distribuidos en diez mega-tanques de almacenamiento similares a los que usa Pemex, además de tres unidades de carga y documentación diversa.
Para que te des una idea de la escala: el decomiso anterior más grande del sexenio había sido de apenas 15.4 millones de litros, en Coahuila. El de Guanajuato era casi cuatro veces mayor. El titular de Seguridad y Paz del estado lo comunicó primero. El ambiente era de victoria total contra el huachicol fiscal.
El problema: la investigación arrancó el 3 de julio tras la detención de una persona que descargaba diésel de una pipa en San Luis de la Paz. De ahí se llegó al predio de San José Iturbide. Pero durante todo el operativo no hubo una sola persona detenida dentro del inmueble.
Por qué te importa el megadecomiso de combustible en Guanajuato
Porque esto no es un asunto burocrático de quién firmó qué papel. Aquí está en juego una pregunta básica: ¿el gobierno puede asegurar tu propiedad —o la de quien sea— sin haber verificado que hizo algo ilegal?
Grupo SIMSA, dueño de la empresa Gas Natural del Noroeste que operaba la terminal, respondió públicamente que sus actividades son completamente lícitas y verificables, y que cuentan con permisos federales, estatales y municipales vigentes. Eso forzó a la Presidenta Sheinbaum a pedir a la FGR que aclarara qué los llevó al cateo. Una cosa incómoda de admitir cuando ya habías vendido el operativo como un histórico golpe al crimen.
Hay otro detalle que complica más el panorama: la orden de cateo habría estado dirigida contra una razón social distinta a la que fue intervenida. Es decir, el nombre de la empresa en el papel judicial no coincidía con el nombre de la empresa en la puerta del almacén. Ese tipo de imprecisión tiene consecuencias legales muy reales.
Qué dijo Harfuch —y qué no dijo
En la conferencia mañanera de este viernes 25 de septiembre, el Secretario de Seguridad fue directo: Juan Francisco Vera Ayala fue destituido porque el equipo de la Fiscal General de la República encontró anomalías en el operativo. Vera Ayala había tomado el cargo apenas el 28 de enero de 2026, es decir, llevaba menos de ocho meses en el puesto.
La frase clave de Harfuch fue contundente: el delegado informó el decomiso «sin haber verificado todo absolutamente». El procedimiento se ejecutó semanas antes de hacerse público, y al momento del anuncio la documentación entregada por las empresas involucradas todavía no había sido revisada a fondo.
Ahora la FGR está haciendo lo que debió hacer antes: revisar desde el primer aseguramiento todos los documentos entregados por las empresas para determinar si hubo o no actividad ilegal. El caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) precisamente por la complejidad de lo que hay que desenredar.
El problema de fondo: autonomía sin rendición de cuentas
Sheinbaum salió a explicar que las delegaciones estatales de la FGR tienen autonomía para abrir carpetas de investigación y solicitar órdenes de cateo o aprehensión ante un juez federal sin pasar por las oficinas centrales. Eso es correcto legalmente. Pero esa misma autonomía, cuando se ejerce sin los respaldos periciales suficientes, puede producir exactamente lo que vemos aquí: un operativo espectacular que luego no se sostiene.
El problema no es la autonomía en sí. El problema es que se comunicó un «golpe histórico» antes de confirmar que efectivamente era un golpe. Eso no es un error técnico, es un error político y comunicativo que ahora le cuesta la silla a un delegado y le genera un dolor de cabeza enorme a la Fiscal General Ernestina Godoy, que encabeza una institución que lleva días sin dar una conferencia pública para explicar las inconsistencias del caso.
No es la primera vez que el gobierno de Sheinbaum enfrenta presiones alrededor del combate al huachicol y la deportación de capos ligados a ese mercado ilegal. De hecho, este mismo mes Argentina autorizó la deportación de Fernando Farías a México durante una visita de Harfuch, una movida que parecía consolidar la narrativa de ofensiva criminal del gobierno federal. El megadecomiso fallido llega a desdibujar esa imagen.
¿Qué sigue para el megadecomiso de combustible en Guanajuato?
La FEMDO continúa analizando documentos, haciendo entrevistas a directivos y rastreando la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de los 59 millones de litros. Todo eso con la pregunta abierta de si realmente es huachicol o combustible legalmente almacenado.
Fuentes dentro de la FGR han señalado que los indicios apuntan a que el combustible podría no ser «huachicol fiscal», lo que agravaría el error institucional: asegurar decenas de millones de litros de una empresa con permisos en regla, destituir a un funcionario en el proceso, y tener que devolver o liberar el producto sin haber logrado una sola detención sería un golpe serio a la credibilidad del aparato de seguridad.
Se espera que Norma Quevedo Vázquez asuma la delegación en Guanajuato. Mientras tanto, el caso sigue abierto, los 59 millones de litros siguen bajo investigación y la pregunta sigue en el aire: ¿cuántos «grandes golpes» anunciados antes de tiempo terminan así?
