Expertos del sistema de derechos humanos de la ONU lanzaron este 30 de septiembre un llamado urgente al Estado mexicano: las madres buscadoras en México siguen siendo asesinadas y desaparecidas mientras buscan a sus propios desaparecidos, y el gobierno tiene la obligación de protegerlas ya.
Qué dijo exactamente la ONU sobre las madres buscadoras
El pronunciamiento llegó desde Ginebra y no dejó mucho espacio para interpretaciones suaves. Los especialistas de Naciones Unidas advirtieron que, a pesar de que la comunidad internacional ha avanzado en visibilizar y reconocer el trabajo de las buscadoras, en México «siguen afrontando niveles alarmantes de violencia» que, en los casos más graves, terminan en su propio asesinato o desaparición forzada.
El documento fue suscrito por figuras de peso dentro del sistema ONU: la relatora sobre defensores de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas; el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz; la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, Grażyna Baranowska; y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre discriminación contra mujeres y niñas, Claudia Flores, entre otros. No es una declaración menor ni burocrática: es el sistema internacional de derechos humanos diciéndole a México que está fallando.
Puedes leer el comunicado oficial directamente en el sitio de Noticias ONU.
Sinaloa, el epicentro: los casos que la ONU puso sobre la mesa
Los expertos no se quedaron en lo abstracto. Enumeraron casos concretos ocurridos en Sinaloa que ilustran los riesgos que corren las mujeres dedicadas a la búsqueda:
- Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista por las personas desaparecidas, fue reportada desaparecida el 29 de agosto de 2026.
- Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida ese mismo día junto a su hija y dos menores de edad.
- Rubí Gómez-Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, fue asesinada en Mazatlán el 27 de febrero de 2026. Tenía 38 años y buscaba a su hijo, desaparecido desde mayo de 2025. Su muerte fue el primer feminicidio registrado de una buscadora en lo que va del año.
- María de los Ángeles Valenzuela, también del mismo colectivo, había sido reportada desaparecida desde octubre de 2025.
No son casos aislados. Según la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), una de cada tres mujeres defensoras asesinadas en México desde 2020 es buscadora, y al menos 19 han sido asesinadas en ese periodo. En 2026 ya suman cinco las mujeres buscadoras asesinadas a nivel nacional.
Por qué te importa la crisis de madres buscadoras en México
Fácil: porque la desaparición de personas no es un problema que les pase a «otros». México acumula más de 100,000 personas desaparecidas en registros oficiales, y quienes más han empujado para encontrarlas no son fiscales ni peritos estatales: son madres, hermanas, esposas que salen a buscar con sus propias manos, a veces en territorios controlados por el crimen organizado.
La ONU lo dijo sin rodeos: la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de estos casos le corresponden al Estado, no a las familias. El problema es que el Estado ha fallado tanto que las familias tuvieron que salir a hacer su trabajo, y ahora encima las están matando por hacerlo. Es una crueldad doble.
Además, los expertos señalaron que todos estos ataques ocurren en un contexto de impunidad casi total, con características específicas de género: las agreden también para castigarlas por ocupar el espacio público y romper el rol que «se supone» deben tener. No es solo violencia; es un mensaje.
Este patrón no es nuevo ni exclusivo de Sinaloa. Si algo nos enseña el caso Ayotzinapa a 12 años de los 43 desaparecidos, es que cuando el Estado no investiga, las familias quedan solas con su dolor, y en México quedarse solo con tu dolor puede costarte la vida.
Qué le pide concretamente la ONU al gobierno mexicano
El llamado de los expertos tiene puntos claros:
- Reconocer públicamente la importancia de la labor de las mujeres buscadoras.
- Garantizar protección efectiva ante las amenazas, agresiones y asesinatos que enfrentan.
- Cumplir con sus obligaciones internacionales, incluyendo las establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado un deber reforzado de protección hacia quienes defienden derechos humanos en México.
- Actuar con diligencia estricta para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas contra buscadoras.
- Garantizar que las familias puedan participar en los procesos de búsqueda sin exponerse a represalias.
También celebraron que la Asamblea General de la ONU aprobara una resolución que establece el 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas. Un gesto simbólico importante, pero los expertos fueron claros: el reconocimiento internacional no sustituye la protección real en el terreno.
Las madres buscadoras llevan el trabajo que el Estado abandonó
Este comunicado de la ONU no salió de la nada. Los expertos reconocieron que ya habían enviado comunicaciones previas al gobierno mexicano, incluyendo una carta de abril de 2026 sobre el asesinato de Rubí Gómez-Tagle, a la cual el gobierno respondió. Pero responder una carta y proteger vidas son cosas muy distintas.
Lo que está en juego aquí no es solo la seguridad de unas cuantas activistas valientes. Es la pregunta de fondo sobre qué tipo de país somos cuando las personas que más duelo cargan son también las más vulnerables a la violencia. Las madres buscadoras en México no deberían necesitar protección internacional para hacer lo que el Estado les falló en hacer primero.
Mientras el gobierno no asuma esa deuda de manera real —con presupuesto, con mecanismos de protección que funcionen, con fiscales que investiguen— el llamado de la ONU será, como tantos otros, un documento que nadie leyó antes de la próxima tragedia.
