En el mero quinto informe de gobierno, mientras David Monreal presumía cifras de seguridad, circulaba entre el personal de acceso algo mucho más revelador: una lista negra en Zacatecas con nombres, domicilios, placas vehiculares, fotos de casas y hasta diagnósticos médicos de periodistas, activistas y madres buscadoras considerados críticos de su administración.
¿Qué tiene la lista negra de Zacatecas exactamente?
No es un chisme de red social. Los documentos filtrados, impresos con membrete de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, están titulados «Activistas y periodistas» y «Posibles conflictos sociales y políticos». El contenido va muy lejos de ser un simple directorio.
Cada ficha incluye fotografía del rostro, dirección particular, modelo y placas del vehículo, número telefónico y, en varios casos, diagnósticos de salud mental: «cuadro depresivo, bipolar», «ataques paranoicos». Pero lo más perturbador es la columna de «acuerdos»: intentos documentados de silenciar a cada persona. Ahí aparecen cosas como croquetas para perros entregadas como dádiva, una oferta de empleo para la hija de una activista dentro de la propia Comisión Local de Búsqueda, y apoyos económicos. En un caso, la anotación es directa: «sin acuerdo, el G. no busca arreglo».
La periodista Verónica Trujillo confirmó que su nombre aparece en el listado, incluyendo referencias a la escuela de sus hijas.
Cómo salió a la luz la lista negra de Zacatecas
Todo se destapó el 8 de septiembre, durante el quinto informe de Monreal. El periodista Luis Chávez relató que le avisaron que el personal de acceso al evento tenía en mano una lista para impedir la entrada a comunicadores y activistas críticos del gobierno. Ese mismo día, el periodista Ignacio Gómez Villaseñor publicó los documentos en su cuenta de X, y el material se propagó de inmediato entre gremios periodísticos y colectivos.
Lo que hace difícil el deslinde del gobierno: los documentos llevan el logo institucional de la corporación policial estatal. No parece el trabajo de un particular.
El analista político Gabriel Contreras lo dijo sin rodeos: «Los que tienen los insumos para construir este tipo de bases de datos, con las informaciones que vimos en las columnas, pues es obviamente un ente público.»
La respuesta oficial: «no es nuestra, pero denuncien»
El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes, reconoció la existencia del documento pero negó que el gobierno estatal lo haya elaborado. Su argumento: que la difusión podría constituir un delito, y que ya pidió a la Fiscalía iniciar una investigación, incluso de oficio si no hay denuncia formal.
Para los afectados, eso no alcanza. La periodista Verónica Trujillo lo planteó así: si el documento lleva el logotipo de la SSP y el gobierno dice que no es suyo, entonces el gobierno tiene la obligación de denunciar, no de pedirle a las víctimas que lo hagan.
Esto tampoco es la primera vez. La diputada local del PT, Renata Ávila Valadez, recordó que en 2024, durante el tercer informe de Monreal, ya circuló una lista similar con nombres y fotos de personas «no gratas». En ese momento el gobierno negó su existencia. Dos años después, la historia se repite, pero con fichas más completas.
Por qué te importa la lista negra de Zacatecas
Si eres periodista, activista, madre buscadora o simplemente alguien que ha criticado públicamente a un gobierno, este caso te importa porque muestra que el aparato de seguridad del Estado puede estar usándose para catalogar ciudadanos, no para protegerlos.
Exponer domicilios, placas y datos clínicos de personas que ya viven en un estado con altos índices de violencia no es un trámite burocrático: es ponerles una diana en la espalda. Y esto no ocurre en el vacío. Hace apenas un mes, a nivel federal, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó su propio «ecosistema» de periodistas y medios críticos de la 4T —con nombres como Aristegui, Loret de Mola y Dresser— generando una controversia similar sobre el uso del aparato estatal para señalar voces incómodas. El patrón es el mismo, la escala cambia.
En ese contexto nacional no es casual que la organización Artículo 19 ya esté dando seguimiento al caso de Zacatecas. No son los únicos: algunos afectados ya iniciaron acciones legales con respaldo de organismos internacionales. Y vale la pena recordar que, según datos públicos, en lo que va de 2026 han sido asesinados siete periodistas en México.
No es paranoia. Es el contexto.
Este caso también conecta con un patrón más amplio de vulneración de datos desde instituciones públicas en México. Ya lo vimos antes con el presunto hackeo al gobierno de Sinaloa que expuso cerca de un millón de registros con datos fiscales, bancarios y médicos: cuando el Estado concentra información sensible sin controles reales, el daño puede venir tanto de afuera como de adentro.
Qué sigue para los afectados por la lista negra de Zacatecas
Las personas fichadas exigen una investigación penal. La diputada Ávila Valadez hizo una distinción que vale la pena sostener: una cosa es un protocolo de seguridad para un evento público, y otra muy distinta es elaborar fichas de ciudadanos por sus opiniones, su activismo o su trabajo periodístico.
El gobierno de Zacatecas tiene preguntas que responder: ¿quién elaboró estos registros?, ¿de dónde vino la información?, ¿con qué fundamento legal se recopiló?, ¿quién más tuvo acceso?
Por lo pronto, la activista feminista María Luisa Sosa, quien asegura haber aparecido en una lista anterior de esta administración, lo resume bien: ser crítico de un gobierno no debería convertirte en objetivo de ese gobierno. Esa es la línea que, según todo lo que circula, ya fue cruzada en Zacatecas. Más de una vez.
En Tiempo Real seguiremos este caso. Porque cuando el Estado usa sus recursos para silenciar en lugar de proteger, la rendición de cuentas no es opcional.
