La presidenta Claudia Sheinbaum firmó y envió al Congreso la iniciativa de Ley General de Feminicidio —nombre completo: Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio—, una propuesta que plantea penas de 50 a 70 años de prisión y busca que las 32 entidades del país investiguen y castiguen este delito exactamente igual. Aquí te explicamos qué dice, por qué importa y qué viene después.
¿Por qué existe esta iniciativa de Ley General de Feminicidio?
Antes de que llegue esta ley, el feminicidio en México vivía en un caos legal: cada estado lo definía, investigaba y penaba a su manera. Había entidades donde la pena era menor, otras donde el tipo penal ni siquiera estaba bien construido, y fiscalías que seguían clasificando muertes violentas de mujeres como suicidios u homicidios simples, aunque todos los indicios apuntaran a otra cosa.
Eso no era un accidente. Era negligencia institucionalizada. Las consecuencias: pérdida de indicios, subregistros de feminicidios y, sobre todo, impunidad.
La base legal para cambiar eso llegó el 6 de mayo de 2026, cuando se reformó el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a emitir una ley general en esta materia. Lo que Sheinbaum firmó el 15 de julio es la iniciativa concreta que irá a debate en el periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de septiembre, según lo establece la propia Constitución en su artículo 65.
¿Qué dice la Ley General de Feminicidio sobre las penas?
El punto más contundente: la iniciativa establece una pena homologada de 50 a 70 años de prisión para quien prive de la vida a una mujer por razones de género, en todo el país y sin importar el estado.
Además, contempla 19 agravantes que pueden aumentar esa pena hasta en una mitad cuando, por ejemplo:
- La víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, esté embarazada o viva con discapacidad.
- Sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
- El responsable sea servidor público.
- Haya ataques con ácido o sustancias inflamables.
Y la tentativa de feminicidio tampoco se perdona: se sanciona con entre la mitad y dos terceras partes de la pena del delito consumado.
Para comparar: el Código Penal Federal vigente castiga el feminicidio con 40 a 60 años. Esta iniciativa sube el techo y, sobre todo, lo hace igual en todo el territorio nacional. Puedes revisar el artículo 325 del Código Penal Federal en el sitio oficial de la Cámara de Diputados.
Sin perdón, sin amnistía, sin reducción de pena
Quizás esto es lo que más va a doler a los agresores: la iniciativa declara el feminicidio como un delito imprescriptible. Eso significa que no hay fecha de caducidad para perseguirlo.
Y se prohíben expresamente: criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada y ningún tipo de amnistía. Tampoco aplican atenuantes ni excusas absolutorias. Una vez que se acredita el delito, no hay atajos.
Además de la cárcel, el responsable también pierde derechos sucesorios, patria potestad, tutela y custodia. Si es funcionario público, destitución e inhabilitación permanente.
¿Cómo cambia la forma de investigar?
La iniciativa obliga a que toda muerte violenta de mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio, no al revés. Las fiscalías —federales y estatales— deberán tener unidades especializadas, y la Fiscalía General de la República expedirá un Protocolo Nacional Homologado para todas las investigaciones.
Se incorpora perspectiva de género, diligencia reforzada y análisis de antecedentes de violencia, aunque no haya denuncias previas. La misma fiscalía que abre la carpeta debe acompañar el caso hasta la ejecución de la sentencia. Sin pases de charola entre dependencias.
¿Por qué te importa la Ley General de Feminicidio?
Porque antes de esta iniciativa, el lugar donde vivías determinaba qué tan probable era que el asesinato de una mujer llegara a una condena. Eso es inaceptable.
La ley también crea el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio y garantiza atención médica, psicológica y jurídica gratuita para sobrevivientes y víctimas indirectas. Reconoce, por primera vez de forma nacional, que los hijos e hijas que quedan sin madre también son víctimas que el Estado tiene que atender. Puedes seguir el proceso legislativo en el Senado de la República.
Esta iniciativa llega al Congreso en septiembre. Lo que pase ahí —si se aprueba tal cual, si le meten cambios o si se estanca— va a decir mucho sobre qué tan en serio se toma México la violencia feminicida. Eso vale la pena rastrearlo.
