La llamada Ley Censura en México llegó al centro del debate esta semana: la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó un anteproyecto de lineamientos para proteger los derechos de las audiencias que, según organizaciones como Artículo 19, va mucho más allá de lo que el Congreso aprobó y abre la puerta a que el gobierno meta las manos en las decisiones editoriales de radio y televisión.
¿Qué son estos lineamientos y de dónde salieron?
El contexto importa. En julio de 2025, el Congreso aprobó una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que recuperó y amplió los derechos de las audiencias, los cuales habían sido eliminados por el PAN en 2017 —una contrarreforma que la Suprema Corte declaró inconstitucional en 2022. Esa ley le ordenó a la CRT emitir lineamientos para hacer exigibles esos derechos.
El problema está en lo que la CRT hizo con esa encomienda. El anteproyecto publicado el 27 de julio de 2026 obligaría a los medios electrónicos a distinguir entre noticias, opiniones y publicidad, designar un defensor de las audiencias, adoptar un código de ética y prevé multas de hasta el 1% de los ingresos anuales de los concesionarios que incumplan.
La consulta pública está abierta desde el 27 de julio y cierra el 21 de agosto de 2026. Cualquier persona puede participar en el portal oficial de la CRT.
El fondo del problema con la Ley Censura México: quién sanciona y desde dónde
Aquí está el nudo gordo. El IFT —el organismo que antes regulaba telecomunicaciones— era un órgano autónomo constitucional cuyas decisiones no dependían del Ejecutivo. La CRT que lo sustituyó está adscrita a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que depende directamente del gobierno federal.
O sea: el gobierno elaboró los lineamientos, el gobierno recibirá las observaciones y, en última instancia, el gobierno podrá sancionar a los medios que no los cumplan. Juez y parte, en palabras llanas.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, lo dijo sin rodeos: el proyecto incorpora criterios que calificó como ambiguos, y la CRT tendría la posibilidad de determinar qué información es verdadera o falsa. Para Maldonado, eso genera un problema gravísimo aunque nunca apliquen una sola sanción: «ya con saber que puede ser sancionado con estos montos altísimos, evidentemente va a generar un efecto de autocensura».
La organización también advirtió que los lineamientos van más allá de la ley aprobada por el Congreso al establecer procesos, mecanismos y sanciones no previstos en la legislación. La CRT, señaló Artículo 19, no tiene autonomía real frente al Ejecutivo, lo que agrava el riesgo.
Por qué te importa la Ley Censura México
Si te da igual lo que pase con Televisa o con las radios concesionadas, piénsalo dos veces. Estos lineamientos sientan un precedente sobre quién tiene autoridad para decir qué es noticia, qué es opinión y qué es información «falsa o descontextualizada» en medios electrónicos. Y la Presidencia ya dejó ir una frase que lo resume todo: el objetivo de los lineamientos es «que no haya mentiras» en los medios.
¿Quién define la mentira? Esa es exactamente la pregunta que ningún gobierno debería tener el poder de responder solo. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) también se plantó contra la propuesta, advirtiendo que los lineamientos permiten al gobierno determinar qué información puede catalogarse como falsa o descontextualizada, y que las quejas anónimas podrían usarse como mecanismo de presión contra periodistas.
El contexto es todavía más pesado si consideras que el informe Estructuras del silencio de Artículo 19, publicado en mayo de 2026, documentó 451 agresiones contra periodistas durante 2025, una cada 19 horas, y que México acumula 178 periodistas asesinados desde el año 2000. No es paranoia: es historial.
Lo que dice el gobierno sobre la Ley Censura
La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó en su conferencia matutina del 29 de julio que los lineamientos representen un mecanismo de censura. Insistió en que el documento aún se encuentra en consulta pública y que puede recibir observaciones y modificaciones antes de su versión definitiva. Precisó que la regulación no incluye a la prensa escrita y que el tema de plataformas digitales sigue en análisis.
Sheinbaum recordó que la ley fue aprobada tras un proceso de diálogo con la industria de la radio y la televisión. La Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, presentó la normativa un día antes señalando que busca eliminar ambigüedades operativas y fijar una ruta clara de cumplimiento.
Que el gobierno diga «no hay censura» no cierra el debate. La discusión de fondo no es si hoy hay intención de censurar, sino si estos lineamientos construyen la arquitectura institucional para que eso sea posible mañana. Y en eso, organizaciones civiles, periodistas y la propia industria de medios están alineados en su preocupación.
Qué puedes hacer antes del 21 de agosto
La consulta pública es real y está abierta. Puedes ingresar al portal oficial de la CRT y presentar observaciones hasta el 21 de agosto de 2026. Artículo 19 anunció que participará con observaciones jurídicas detalladas; organizaciones civiles y académicos también pueden hacerlo.
Y si quieres entender por qué el gobierno federal tiene tanto interés en controlar narrativas en este momento, vale la pena recordar que la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras por parte de EU ya puso al país bajo una lupa internacional muy intensa. La libertad de prensa no es un tema aislado: es parte del mismo tablero.
El fondo: reformas que cambian quién manda en la información
Esto no empezó esta semana. Desde diciembre de 2024, cuando el Congreso extinguió el IFT junto con otros órganos autónomos, el control del ecosistema mediático fue migrando hacia el Ejecutivo. La CRT no es un árbitro independiente: es parte de la estructura gubernamental. Eso no la hace automáticamente censora, pero sí significa que las salvaguardas institucionales que antes existían ya no están.
La consulta pública cierra el 21 de agosto. Lo que pase después definirá si México construye una regulación de medios compatible con la libertad de expresión o si instala, con buenas intenciones declaradas, una maquinaria para controlar qué se dice y cómo se dice. El tiempo para influir en ese resultado es ahora.
