El lenguaje inclusivo en Chihuahua no se puede prohibir en las escuelas. Eso es, en esencia, lo que resolvió este 31 de agosto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la ley es válida, pero usarla para sacar el lenguaje inclusivo del salón de clases es inconstitucional.
¿Cómo llegamos aquí? El chiste que se les salió de control al PAN
En octubre de 2025, el Congreso de Chihuahua aprobó una reforma al artículo 8 de la Ley Estatal de Educación impulsada por el diputado panista Carlos Olson San Vicente. El texto decía, en términos generales, que las escuelas debían fomentar el «uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del español». Sonaba inocente. Pero Olson se encargó de dejar claro el objetivo real: celebró en redes que Chihuahua era «el primer estado del país en prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas».
El problema —para él— es que la ley nunca dijo eso de forma explícita. Y esa ambigüedad fue exactamente lo que la Corte aprovechó para voltear el juego.
El fallo: lenguaje inclusivo Chihuahua, 7 votos a 2
El Pleno resolvió las acciones de inconstitucionalidad 127/2025 y 133/2025, promovidas por el Ejecutivo Federal y por diputadas y diputados de Morena en el Congreso de Chihuahua. El argumento del impugnador federal era claro: la reforma violaba derechos humanos como la no discriminación, la libertad de expresión y cátedra, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a una educación inclusiva.
La Corte, por siete votos contra dos, no declaró inválida la norma, sino que hizo algo igual de contundente: estableció que la disposición debe interpretarse de forma que incluya la enseñanza del lenguaje inclusivo, por lo que ninguna autoridad educativa puede usarla para desincentivar o prohibir expresiones de perspectiva de género. El ministro ponente, Giovanni Azael Figueroa Mejía, fue claro: «la norma no impide manifestaciones sobre la equidad de hombres y mujeres».
Los dos votos en contra fueron de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y del ministro Irving Espinosa Betanzo, quien rechazó que el Estado pueda determinar cuál es la forma «correcta» de expresarse.
Por qué te importa el debate del lenguaje inclusivo en Chihuahua
Porque esto no es solo un pleito semántico entre políticos. Lo que estaba en juego era si un gobierno estatal podía, bajo el disfraz de «defender el español», silenciar expresiones que visibilizan a mujeres, personas no binarias, comunidades indígenas y personas afrodescendientes dentro de las aulas.
La Corte dijo que no. Y al hacerlo, fijó un precedente: ninguna ley estatal puede usarse como excusa para excluir contenidos con perspectiva de género de la educación. La ley de Chihuahua sigue viva, pero el espíritu con el que Olson la vendió políticamente está constitucionalmente muerto.
Esto también conecta con un patrón más amplio: los congresos locales han intentado colarse en temas que no siempre les corresponden. De hecho, la propia Corte ha tenido que marcar límites en otras áreas —como cuando negó a los estados legislar sobre extorsión, dejando esa facultad de forma exclusiva al Congreso federal.
La jugada política: el PAN ganó el titular, la Corte ganó el fondo
Aquí está el detalle que no puedes perderte: el PAN en Chihuahua está celebrando como si hubiera ganado. Olson y sus aliados salieron a decir que la Corte les dio la razón porque la ley quedó vigente. Pero eso es como celebrar que tu tiro al arco no fue gol en propia puerta: técnicamente no perdiste, pero tampoco marcaste.
La ley existe. Pero ya no puede usarse para lo que fue diseñada políticamente. Los maestros y maestras de Chihuahua no pueden ser sancionados por usar lenguaje inclusivo. Los estudiantes no pueden ser obligados a abandonarlo. La «victoria» del PAN es, en términos reales, una derrota disfrazada de empate.
¿Y qué sigue para el lenguaje inclusivo en las aulas?
La resolución de la Corte no resuelve el debate cultural —ese seguirá siendo ruidoso y polarizado. Lo que sí hace es poner un piso constitucional: la perspectiva de género en la educación no es negociable mediante una reforma local. Cualquier estado que intente replicar la movida de Chihuahua se va a encontrar con el mismo muro.
Y no es menor que la propia SCJN tenga desde 2022 una guía de lenguaje inclusivo y no sexista para su propio funcionamiento interno: difícilmente iba a validar que otros poderes lo prohíban.
El lenguaje es poder. Y en Chihuahua, por ahora, nadie tiene el poder de prohibirlo.
