La senadora Kenia López Rabadán y otros legisladores presentaron una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por diversas ilegalidades con motivo de la marcha que convocó.
López Rabadán ya había anunciado que presentaría una queja escrita ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por las ilegalidades realizadas antes y durante la marcha del domingo pasado. Acto que llevó a cabo el día de hoy, señalando que «usaron recursos públicos para la promoción de la marcha, para el acarreo de personas, para pago de alimentación y por asistir al evento”.
De acuerdo con la senadora, hubo coacción con la pérdida del empleo, cargo, comisión o la pérdida de algún programa social en caso de no asistir. Así como permisos de inscripción a algún programa social en caso de asistir y el despliegue ilegal de propaganda personalizada.
«En un Estado de Derecho, no se pueden violar las reglas básicas que rigen a la democracia. El Presidente de la República y Morena están tratando desesperadamente de posicionar a su gobierno y a sus aspirantes a la Presidencia de la República, pero no lo vamos a permitir. Por ello, hoy presentamos ante la autoridad electoral esta queja y solicitamos se emitan las medidas cautelares respectivas para que se abstengan de volver a incurrir en actos similares a los denunciados»,
señaló López.
Además del presidente, la queja también se impuso contra Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Dicha queja se acompañó con fotos y videos que hicieron llegar distintos ciudadanos a través de las redes sociales a modo de “pruebas”.
«Utilizaron ilegalmente los recursos públicos y la estructura de gobierno para amenazar a la gente y coaccionarla para asistir. Estos hechos deben ser denunciados», afirmó la representante del PAN.
De igual manera, López Rabadán presentó en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), una queja en contra de la jefa de Gobierno. Pues la acusa de ilegalmente utilizar servidores, espacios y recursos públicos del erario local para la promoción y realización de dicho evento.