Por el presunto delito de genocidio, la Fiscalía de la Nación de Perú investiga a la presidenta de dicho país, Dina Boluarte.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso iniciar una “investigación preliminar” contra la presidenta de la República del Perú, quien ocupa el cargo desde el 7 de diciembre.
Además, se investigará al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; y, a los ministros Víctor Rojas, del Interior; y Jorge Chávez, de Defensa. Asimismo, contra Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, exministro del Interior.
“La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, precisa el Ministerio Público de Perú.
Las autoridades de procuración de justicia peruanas realizan “diligencias urgentes”. Entre estas están el recoger imágenes de cámaras de videovigilancia, declaraciones de testigos y las necropsias de ley, cuyo avance se encuentra al 80%.
Por otro lado, la Fiscalía de la Nación solicitó información a la Presidencia del Consejo de Ministros y a los referidos ministerios sobre dichos actos.
Cabe recordar que Dina Boluarte llegó a la Presidencia del Perú por sucesión constitucional. Su ascennso fue a consecuencia del intento de autogolpe y posterior destitución del Congreso de la República del entonces presidente, Pedro Castillo Terrones. Antes de ello, se desempeñó como vicepresidenta de dicho país.
Todos estos acontecimientos provocaron una serie de protestas –que aún continúan– en varias ciudades del país andino, las cuales causaron la muerte de, al menos, 47 personas. La misma Boluarte ya tenía en curso una primera investigación preliminar. También se declaró un toque de queda de tres días en Puno.
En Perú, el delito de genocidio se castiga con más de 20 años de prisión.