La guerra narco en Sinaloa ya cumplió dos años y el saldo es brutal: casi 4 mil muertos, más de 4 mil 400 secuestros y más de 6 mil desplazados. El Financial Times lo pone en perspectiva con una frase que duele: es la peor crisis de violencia que ha vivido el estado en un siglo de narcotráfico.
¿Cómo se armó este desastre?
Todo empezó con una traición. El 25 de julio de 2024, Joaquín Guzmán López —hijo de El Chapo— tendió una trampa a Ismael «El Mayo» Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, en un rancho a las afueras de Culiacán. En ese mismo lugar también fue asesinado Héctor Cuén, exrector de la UAS y aliado político de El Mayo.
La trampa sirvió para entregarle a El Mayo a las autoridades de Estados Unidos. Menos de dos meses después, el 9 de septiembre de 2024, los seguidores de Zambada lanzaron ataques coordinados de represalia y la guerra se formalizó. Desde entonces, no ha habido un solo día de paz en Culiacán.
Los dos bandos: Los Chapitos (hijos de El Chapo, liderados por Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán) contra La Mayiza (la red de Zambada). Dos facciones del mismo cártel que durante décadas operaron juntas y ahora se están destruyendo mutuamente, arrastrando a la población civil en el proceso.
Los números de la guerra narco en Sinaloa que nadie debería normalizar
A dos años del inicio del conflicto, las cifras oficiales ya son inocultables:
- Más de 3,800 homicidios dolosos registrados durante el conflicto.
- Más de 4,400 personas privadas ilegalmente de su libertad (secuestros).
- Un incremento del 300% en homicidios respecto al periodo previo al estallido, según el gabinete de seguridad federal.
- La violencia se extendió más allá de Sinaloa: hay derrames en Chihuahua, Durango, Nayarit, Sonora y Zacatecas.
Y eso son solo los números que el gobierno reconoce. Colectivos y organizaciones civiles en Sinaloa llevan meses denunciando que las cifras reales son mayores: muchas muertes se clasifican como «homicidios culposos» o simplemente no se reportan.
El conflicto también incorporó tecnología de guerra. El International Crisis Group documentó en julio de 2026 al menos 31 ataques con drones armados entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, convirtiéndola en la primera guerra narco con uso masivo de estos dispositivos en México. Ambas facciones reutilizan drones agrícolas equipados con morteros para atacar objetivos enemigos, incluyendo instalaciones gubernamentales.
Por qué te importa la guerra narco en Sinaloa aunque vivas en CDMX
Primero: porque Sinaloa no es una burbuja. La violencia ya se derramó hacia otros estados y el rediseño del mapa criminal que está produciendo esta guerra va a impactar rutas, plazas y equilibrios de poder en todo el país durante años.
Segundo: los desplazados. Más de 6 mil personas tuvieron que abandonar sus comunidades —muchas rurales, indígenas, sin recursos— huyendo de drones, enfrentamientos y amenazas. Familias enteras que dejaron sus casas con lo que traían puesto. Comunidades vaciadas. Escuelas cerradas. Economías paralizadas. Es una crisis humanitaria que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa ya nombra así sin rodeos.
Tercero: la impunidad estructural. El gobernador Rubén Rocha Moya —de Morena— tiene vínculos documentados con el conflicto desde su origen. Investigaciones periodísticas señalan que Los Chapitos financiaron su campaña en 2021. En abril de 2026, Estados Unidos emitió una orden de captura en su contra por colaboración con el cártel. Y aún así, el exgobernador no ha sido citado a declarar ni como testigo por la justicia mexicana.
Esta crisis también explica por qué colectivos y ONGs le pidieron a la ONU crear un mecanismo extraordinario ante la crisis de desaparecidos en México: Sinaloa es el caso más urgente, pero el patrón se repite en todo el país.
¿Qué está haciendo el gobierno?
El ejército mexicano desplegó miles de soldados en Sinaloa y logró reducir parcialmente la violencia en Culiacán. Pero el conflicto simplemente se movió: de la capital hacia las zonas rurales, donde hay menos ojos y menos registro. Más de 3,900 personas han sido detenidas en dos años de operativos, incluyendo a más de 40 operadores clave de ambas facciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum está bajo presión adicional: la Casa Blanca amenaza con intervención militar en México si el gobierno no contiene a los cárteles. Eso pone a Sinaloa en el centro de una negociación geopolítica que va mucho más allá de Culiacán.
La guerra narco en Sinaloa y el periodismo que cuesta sangre
Cubrir este conflicto desde adentro es una de las tareas más peligrosas del periodismo mexicano hoy. Reporteros locales trabajan bajo amenaza constante, con acceso limitado a zonas de combate y sin protección institucional. No es casualidad que Sinaloa sea uno de los estados más hostiles para la prensa. Lo que el Financial Times —o el Crisis Group o cualquier medio extranjero— puede documentar desde afuera, periodistas sinaloenses pagan con su integridad o su vida por contarlo desde adentro. Sobre esa realidad, ya documentamos cómo 8 de cada 10 periodistas en México han sufrido discursos de odio como parte de un patrón de violencia contra la prensa.
Dos años después, ninguna de las dos facciones ha ganado. Culiacán sigue con edificios quemados, negocios cerrados y el silencio tenso de una ciudad que aprendió a convivir con la guerra. Y mientras tanto, la discusión pública en México sigue girando en torno a si fue traición o estrategia, como si eso cambiara algo para las familias que enterraron a alguien este año.




