La fuga en el pozo Krem-1 de Pemex en Las Choapas, Veracruz, lleva más de 140 días sin ser controlada. El siniestro, que comenzó el 5 de marzo de 2026 durante trabajos de perforación, ya quemó suficiente gas como para abastecer a casi la mitad de los hogares en México en un año, mientras las comunidades afectadas siguen esperando respuestas reales de la empresa estatal.
¿Qué pasó con la fuga en el pozo Krem-1 de Pemex?
El 5 de marzo de 2026, durante trabajos de perforación a 3,336 metros de profundidad, un flujo inesperado de gas descontroló el pozo exploratorio Krem-1, operado por Petróleos Mexicanos (Pemex) en el ejido Constitución Mexicana, municipio de Las Choapas, Veracruz. El incendio resultante nunca fue apagado del todo.
Durante semanas, Pemex insistió en que la situación estaba «bajo control operativo». Su director prometió a la presidenta Sheinbaum que el pozo estaría sofocado antes del 20 de junio. Eso no pasó. Desde el 21 de junio, la empresa ha repetido que el cierre ocurrirá «en los próximos días», sin avances concretos. En su último comunicado del 17 de julio, anunció que trabaja en instalar un nuevo sistema de válvulas para lograr el apagado definitivo.
El patrón de opacidad es claro: Pemex no ha presentado datos transparentes sobre el monitoreo de calidad del aire en la zona, incluyendo horarios de medición, ubicación exacta de equipos o dirección del viento.
El dato que lo dice todo sobre la fuga en el pozo Krem-1
Un análisis satelital de la organización CartoCrítica, elaborado con datos del investigador Mikhail Zhizhin del Earth Observation Group (Colorado School of Mines), estima que entre marzo y julio de 2026 se quemaron aproximadamente 300 millones de metros cúbicos de gas en el pozo. Esa cantidad equivale a casi la mitad del gas natural consumido por los hogares mexicanos durante todo el año 2023.
Para ponerlo en perspectiva: no estamos hablando de una fuga menor que se resuelve con un técnico y un fin de semana. Estamos hablando de meses de desperdicio energético masivo mientras millones de personas en México pagan su gas cada quincena.
Además, la combustión ha liberado alrededor de 500 mil toneladas de CO₂; si se suma el metano que pudo escapar sin quemarse, el impacto escala hasta 620 mil toneladas de CO₂ equivalente en un horizonte de 20 años. Eso es lo mismo que las emisiones anuales de aproximadamente 135 mil automóviles.
Sensores satelitales también detectaron la posible presencia de compuestos orgánicos volátiles tóxicos como benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos en la zona.
Por qué te importa la fuga del pozo Krem-1 Pemex
Porque esto no es solo un accidente industrial en un lugar remoto de Veracruz. Es una muestra de cómo funciona (o deja de funcionar) la empresa energética más grande del país cuando algo sale mal: primero minimiza, luego promete fechas que no cumple, y mientras tanto la gente vive con el problema.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking advierte que el caso Krem-1 llega justo cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum debe decidir su postura sobre la aprobación del fracking en México, una técnica de extracción aún más compleja y riesgosa. ¿Qué nos dice este incidente sobre la capacidad de respuesta de Pemex ante un escenario peor?
Y si estás siguiendo la historia de cómo la esposa del exdirector de Pemex ha denunciado intentos de silenciarla, el patrón de opacidad institucional que rodea a esta empresa empieza a verse como algo sistémico, no como una casualidad.
Las comunidades: entre el humo y la incertidumbre económica
El área afectada abarca 270 hectáreas, de las cuales 8 son suelo calcinado, 120 corresponden a vegetación muerta y 140 a vegetación dañada. Las autoridades municipales estiman que la emergencia ha afectado directa e indirectamente a al menos 10 mil personas en cerca de 50 comunidades en la sierra de Las Choapas.
Los habitantes denuncian síntomas constantes: dificultades respiratorias, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y alteraciones del sueño por el ruido ininterrumpido del pozo. La atención médica disponible es insuficiente y hay desabasto de medicamentos básicos en las localidades cercanas.
Pero el golpe más silencioso es el económico. Las comunidades dependen de la agricultura y la ganadería, y los daños son devastadores:
- Pérdida de milpas, árboles frutales y pastizales.
- Muerte de animales de traspatio y ganado.
- Las vacas lecheras redujeron su productividad casi un 50%.
- El arroyo Armadillo, que cruza doce comunidades, fue contaminado con hidrocarburo desde la explosión inicial.
Tres meses después del siniestro, Pemex reconoció su responsabilidad y comenzó un censo para cubrir daños. También prometió rehabilitar centros de atención médica permanentes. Pero los pobladores son claros: ninguna compensación va a resarcir el daño ya hecho.
La Manifestación de Impacto Ambiental que lo vio venir
Aquí viene la parte que más molesta. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto identificó el descontrol del pozo como el peor escenario posible y le asignó la categoría de riesgo más alta. Aun así, el estudio concluyó que el proyecto representaba un «riesgo tolerable» y que no había peligros directos para la población ni el entorno.
O sea: el propio documento oficial avisó del riesgo, y aun así se procedió. Eso no es un error de cálculo; es una decisión.
¿Qué sigue?
Pemex trabaja en instalar un nuevo sistema de válvulas y tuberías para el apagado definitivo del pozo, aunque sin fecha concreta. La gobernadora Rocío Nahle ha confirmado que se ejecutan procedimientos de cierre y que existe coordinación con Protección Civil. Sin embargo, organizaciones como CartoCrítica, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y Greenpeace exigen algo más que promesas: datos verificables, atención médica sostenida y una reparación integral del territorio.
Este caso no cierra con el apagado del pozo. Las 270 hectáreas dañadas, los arroyos contaminados y las familias que perdieron su sustento van a necesitar años de atención real. La pregunta es si Pemex, o cualquier institución del Estado, está dispuesta a garantizarla. Y mientras eso se define, el humo sigue ahí.
