El fraude en el examen de la UNAM pasó de escándalo universitario a caso penal: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) detuvo el 25 de agosto a dos operadores de una academia que cobraban por suplantar a aspirantes y contestar en su lugar el examen en línea de ingreso a licenciatura para el ciclo 2026-2027.
¿Qué pasó exactamente con el fraude en el examen de la UNAM?
Los detenidos son Edgar «N» y David «N», operadores de la academia «Más Preparación». Según la FGJ-CdMx, durante mayo y junio de 2026 usaron las instalaciones y los equipos de cómputo de ese lugar para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes que los contrataron, simulando en todo momento que eran los propios estudiantes quienes respondían la evaluación.
No actuaron solos: la Fiscalía señala que presuntamente contaron con el apoyo de algunos instructores de la academia. Un negocio redondo montado dentro de un lugar que, formalmente, existe para ayudarte a prepararte para entrar a la universidad.
El mismo martes 25, la Policía de Investigación ejecutó cuatro cateos simultáneos en inmuebles vinculados al caso y aseguró diversos dispositivos de almacenamiento que ahora serán analizados para determinar el alcance real del esquema.
¿Cómo los agarraron?
La pista vino de los datos. La propia UNAM proporcionó información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias sospechosas en los datos de conexión. Esas huellas digitales, junto con archivos y entrevistas, permitieron a la FGJ-CdMx relacionar las evaluaciones directamente con las sedes de «Más Preparación» e identificar a los responsables.
Con esa evidencia, el Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión y los cateos. Nada de magia: fue rastreo de IP y trabajo de investigación clásico.
El contexto: el examen en línea que nadie vio venir
Este no es un evento aislado. La UNAM aplicó por primera vez su examen de selección 100% en línea, con casi 159,000 aspirantes compitiendo por una de las 22,000 plazas de licenciatura disponibles. El experimento salió mal.
Las alertas se encendieron casi de inmediato: el porcentaje de aspirantes con más de 100 aciertos se disparó de 3.5% histórico a 16.3% en esta edición. Una comisión técnica encabezada por Eduardo Bárzana documentó suplantación de identidad, uso de celulares y presencia de personas ayudando durante la prueba.
El rector Leonardo Lomelí tuvo que admitir públicamente que «subestimamos el negocio de vender ayuda en línea». La consecuencia: un examen de control presencial para alrededor de 58,000 aspirantes. Una crisis institucional en toda regla, y estos dos detenidos son hasta ahora su primer resultado penal concreto.
¿Por qué te importa el fraude en el examen de la UNAM?
Porque toca algo muy concreto: la entrada a la universidad más grande del país. Si entrar a la UNAM ya es una carrera de obstáculos —son 22,000 lugares para más de 159,000 personas— imagínate que encima hay gente con dinero suficiente para comprar ese lugar. No es solo trampa: es desplazar a alguien que sí estudió.
Y no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de la UNAM. La FGJ-CdMx ya tenía abiertas, desde agosto, dos carpetas de investigación previas por presunta venta de respuestas y asistencia remota durante el mismo examen. Lo de esta semana es la primera detención formal, pero la investigación sigue abierta para determinar si hay más personas involucradas y si el esquema operó también en otros procesos de admisión.
Esto también nos recuerda que la identidad digital tiene consecuencias legales reales. Prestar tus credenciales para que alguien más haga algo en tu nombre —ya sea un examen, un trámite o una votación— es un terreno con implicaciones serias. El Instituto Nacional Electoral (INE), por ejemplo, tiene protocolos específicos para blindar la identidad de los ciudadanos en procesos oficiales, precisamente porque la suplantación es un riesgo estructural.
¿Qué sigue para los detenidos y la investigación?
Edgar «N» y David «N» quedaron a disposición de la autoridad judicial. La FGJ-CdMx es clara: la investigación continúa abierta para identificar a otras personas posiblemente involucradas y para establecer si estas prácticas se usaron en otros procesos de admisión más allá del examen de licenciatura de la UNAM.
Los dispositivos de almacenamiento incautados en los cateos podrían revelar el número real de aspirantes que pagaron por este servicio y el monto total del negocio —datos que, por ahora, la Fiscalía aún no ha dado a conocer.
No es el único caso de corrupción organizada que investigan las fiscalías mexicanas estos días. Mientras la FGJ-CdMx avanza en este frente, otras instituciones siguen el rastro de esquemas distintos pero con la misma lógica: usar posiciones de confianza para operar en la sombra. Un recordatorio de que la corrupción no distingue entre política y educación.
El fondo de todo esto: en México, el acceso a la educación pública de calidad lleva décadas siendo tratado como un recurso escaso que se disputa, se negocia y, al parecer, también se vende. Eso no lo resuelven dos detenciones. Pero sí manda una señal de que, al menos esta vez, el rastro digital no mintió.
