Un nuevo informe de la Universidad Iberoamericana pone en blanco y negro lo que muchos ya sospechaban: las fosas clandestinas en México no son casos aislados ni tragedias regionales. Son el síntoma de un sistema que lleva casi dos décadas fallándole a sus muertos y a sus familias. Entre 2006 y septiembre de 2024, se localizaron 2,844 fosas clandestinas con más de 8,341 cuerpos recuperados y más de 52 mil restos humanos.
¿Qué dice el informe y quién lo hizo?
El estudio se llama Trazar la Ausencia, Caminar la Esperanza y fue elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH IBERO). No es un reporte de opinión: se construyó cruzando solicitudes de acceso a la información enviadas a las 32 fiscalías estatales y a la Fiscalía General de la República (FGR), más un rastreo sistemático de prensa local, nacional e internacional.
El resultado es una radiografía brutal de tres sexenios consecutivos. Y la tendencia es clara: cada gobierno encontró más fosas que el anterior. No porque hubieran más investigaciones mejores, sino porque el problema creció sin parar.
Los números por sexenio de las fosas clandestinas en México
Aquí es donde duele. Con Felipe Calderón (2006–2012), se documentaron 524 fosas, concentradas principalmente en estados del norte como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas —plena guerra contra el narco, plena tragedia humanitaria—.
Con Enrique Peña Nieto (2013–2018), la cifra casi se triplicó: 1,336 fosas. Veracruz, Guerrero y Jalisco lideraron los hallazgos. Ese periodo coincide con la expansión del Cártel Jalisco y la fragmentación del crimen organizado en el sur del país.
Y con Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), el número se disparó a 3,292 fosas —según el cruce total del informe—, con Sonora, Guanajuato y Colima entre los estados más golpeados. La política de «abrazos, no balazos» no frenó los entierros ilegales.
Por qué te importan las fosas clandestinas en México
Porque detrás de cada fosa hay una familia que lleva años buscando. México acumula hoy más de 134,000 registros oficiales de personas desaparecidas y más de 83,000 restos humanos sin identificar bajo resguardo del Estado. No son estadísticas abstractas: son personas reales, en su mayoría jóvenes, que nunca llegaron a casa.
Y hay algo que el informe deja muy claro: el Estado mexicano no está a la altura. Las fiscalías sistemáticamente reportan menos hallazgos que los propios medios de comunicación. La FGR, por ejemplo, informó apenas 18 fosas clandestinas en 2024 —una cifra cuatro veces menor a lo registrado en 2023—, mientras las fiscalías estatales reportaron 786. Alguien está contando mal, o decidiendo no contar.
Este subregistro no es un error técnico. Es una decisión política de invisibilizar una crisis que incomoda. Como señalaron desde el PDH Ibero, la Comisión Nacional de Búsqueda llegó a retirar de su sitio web el mapa de hallazgos de fosas clandestinas en 2024, justo cuando más se necesitaba transparencia.
El dato que nadie quiere ver: fosas y feminicidios
El informe también documentó una dimensión que suele quedar fuera del debate: 58 fosas clandestinas vinculadas directamente a feminicidios entre 2020 y 2024, con 92 mujeres localizadas. Seis de cada diez estaban en inmuebles privados —casas, terrenos compartidos entre víctima y perpetrador—. El 70% de los casos fue reconocido oficialmente como feminicidio.
Esto no es coincidencia: la violencia contra las mujeres también se entierra. Y cuando el Estado no busca, son las familias —en su mayoría mujeres— las que salen a cavar con sus propias manos.
En ese contexto, no sorprende que Guanajuato sea descrito por las propias buscadoras como «uno de los estados más mortíferos para las familias que buscan», con violencia creciente hacia quienes intentan encontrar a sus desaparecidos. El problema de la seguridad en México no es solo de cifras de homicidios: también tiene que ver con quién controla los territorios y cómo operan las redes criminales que hacen posible este horror.
¿Qué sigue?
El informe de la Ibero no es el primero ni será el último. Pero sí es uno de los más completos: cruza datos oficiales con prensa, desagrega por sexenio, por estado, por tipo de sitio. Lo que no tiene es un interlocutor gubernamental que responda a la altura.
La pregunta que queda en el aire es para Claudia Sheinbaum y su gobierno: ¿qué va a hacer diferente? Porque heredar una crisis no te exime de resolverla. Y mientras el Estado sigue sin publicar un Registro Nacional de Fosas Clandestinas confiable —responsabilidad que la ley le asigna a la FGR—, las familias siguen buscando solas, en cerros, pozos y terrenos baldíos, lo que el país decidió enterrar y olvidar.
Las fosas clandestinas en México no son el pasado. Son el presente. Y si no cambia algo estructural, también serán el futuro.
