La Fiscalía General de Baja California, la institución que en teoría persigue al crimen organizado en el estado, le pagó más de 200 millones de pesos a una empresa que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acaba de sancionar por lavar dinero del Cártel de Sinaloa. No es un rumor ni una acusación política: hay contratos públicos, hay facturas y hay una lista negra federal de por medio.
¿Qué es Inteliproof y cómo terminó cobrándole a la Fiscalía BC?
Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V. es una empresa de seguridad privada constituida en diciembre de 2020. Fue fundada por Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Jorge Enrique Figueroa Barrozo. En papel, ofrecía servicios de seguridad, tecnología de vigilancia y suministro de equipo. En la práctica, según las autoridades estadounidenses, era parte de algo muy diferente.
Marco Antonio Moreno Gómez Santelices fue incluido en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por sus vínculos con Los Mayitos, facción del Cártel de Sinaloa. Moreno es identificado como un actor clave en una red de lavado de dinero que apoya a este grupo criminal.
La empresa fue incluida en la lista de sancionados de la OFAC como parte de una estructura que las autoridades de ese país relacionan con el lavado de recursos para René Arzate García, alias «La Rana», identificado como operador del Cártel de Sinaloa en Tijuana.
Uniformes, cámaras y reconocimiento facial: lo que la Fiscalía BC compró al cártel
No estamos hablando de un contratito menor. La Fiscalía General de Baja California ha otorgado contratos por más de 200 millones de pesos a una de las empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como parte de una red vinculada al Cártel de Sinaloa.
Se trata de Inteliproof Efficient, S. de R.L. de C.V., que entre 2022 y 2025 obtuvo decenas de contratos de la Fiscalía estatal por conceptos tan diversos que van desde conservación y mantenimiento de inmuebles, hasta compra de mobiliario, equipo de cómputo, uniformes y equipo táctico, e incluso de un software de inteligencia para reconocimiento facial.
Eso no es todo. Entre los contratos asignados a la compañía hay incluso algunos financiados con recursos de fondos federales en materia de seguridad. Es decir: dinero federal, administrado por la fiscalía estatal, que terminó en manos de una empresa que Washington señala como fachada del cártel.
Y si te preguntas qué tan sensible era lo que vendían: Inteliproof suministró a la Fiscalía tecnología relacionada con intervención de comunicaciones privadas, vigilancia de personas, seguimiento de dispositivos y persecución de delitos. No se especifica qué investigaciones realizó la Fiscalía con ese software, ni tampoco queda claro qué nivel de acceso técnico mantuvo Inteliproof sobre los sistemas después de su suministro. Esa última parte es la que debería quitarle el sueño a más de uno.
Por qué te importa la relación entre la Fiscalía Baja California y el Cártel de Sinaloa
Porque esto no es corrupción abstracta en un documento de gobierno. Es la institución que tiene el poder de investigar delitos, interceptar comunicaciones y vigilar personas, comprándole equipo de vigilancia a una empresa que —según EE.UU.— trabajaba para el crimen organizado.
Piénsalo al revés: ¿a quién vigilaban con ese software? ¿Quién tenía acceso a esa información? ¿Podría la empresa —o quienes la controlan— haber accedido a datos de investigaciones en curso? Son preguntas que la Fiscalía de BC no ha respondido. Hasta la fecha no se ha aclarado la relación de los contratos de la Fiscalía con las empresas sancionadas.
Además, el caso se enmarca en un patrón más amplio de infiltración institucional en Baja California. La gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila también ha contratado a Inteliproof Efficient, identificada por las autoridades estadounidenses como una de las empleadas para lavar dinero del Cártel de Sinaloa. Y eso es aparte del escándalo de su exesposo, Carlos Torres Torres, quien también fue sancionado por la OFAC.
La acción de EE.UU. que lo destapó todo
El 29 de septiembre de 2026, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a casi 50 objetivos que sirven como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa. Los 21 individuos y 25 entidades designados incluyen al líder del cártel Ismael Zambada Sicairos, miembros de su círculo más cercano, y líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos.
Como medida preventiva, la UIF —el equivalente mexicano de la OFAC— aplicó un bloqueo financiero a los 46 señalados. En otras palabras, México también reconoció formalmente las sanciones, aunque la Fiscalía de BC sigue sin dar explicaciones sobre tres años de contratos millonarios.
La investigación documentó, mediante registros de transparencia y contratos públicos, al menos 33 convenios de la Fiscalía estatal con Inteliproof entre 2022 y 2025, por un monto superior a 73.2 millones de pesos. Sin embargo, al incorporar contratos reportados previamente, el monto total supera los 200 millones de pesos.
Para verificar directamente el historial de sanciones de la OFAC, puedes consultarlo en el sitio oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
¿Cómo llegó la Fiscalía BC a contratar con la empresa del Cártel de Sinaloa sin que nadie dijera nada?
Inteliproof fue constituida en diciembre de 2020. Uno de sus fundadores, Jorge Enrique Figueroa Barrozo, fue presidente de Canacintra Tijuana entre 2021 y 2024 y después fue designado por la Secretaría de Economía como coordinador del corredor de bienestar económico en Baja California. Es decir: alguien con presencia pública, contactos institucionales y contratos de gobierno. La fachada perfecta.
El empresario Moreno era conocido en Tijuana y destacado en círculos empresariales, y participó en numerosos eventos con funcionarios locales. Nadie hace preguntas cuando el proveedor aparece en fotos con el gobernador.
Este tipo de infiltración —empresas con cara respetable que operan para el crimen— es exactamente el mecanismo que hace más difícil el registro y trazabilidad de dinero público. No es coincidencia que en México se debatan cada vez más mecanismos para blindar las compras gubernamentales, igual que se discuten otras formas de control sobre quién accede a sistemas del Estado, como ocurre con el registro obligatorio de líneas móviles y los debates sobre acceso a datos de 7.3 millones de usuarios suspendibles: al final, siempre es la misma pregunta —¿quién controla la información?— y no siempre la respuesta llega antes del daño.
Lo que queda claro en Baja California es que la institución encargada de perseguir al Cártel de Sinaloa le depositó más de 200 millones de pesos, le entregó acceso a tecnología de vigilancia y nunca preguntó demasiado. Ahora que EE.UU. encendió la alarma, la pregunta ya no es si hubo negligencia. La pregunta es si fue solo eso.
