La Fiscalía General de la República (FGR) tiene un problema que no puede ignorarse: hay decenas de cajas con restos humanos relacionados con desapariciones y fosas clandestinas arrumadas en instalaciones de la Ciudad de México, sin los cuidados ni los protocolos que exige la ley. Así lo documentaron testimonios y videos recabados por periodistas. Esto no es un accidente administrativo. Es el retrato de una crisis forense que lleva años sin resolverse y que hoy tiene cara, dirección y nombre institucional.
Qué pasó: la bodega que la FGR no quería que vieras
Según la investigación que se hizo pública, en dependencias de la Fiscalía General de la República operan espacios donde restos óseos vinculados a casos de personas desaparecidas y fosas clandestinas son depositados sin orden, sin protocolos forenses adecuados y sin las condiciones mínimas de resguardo que la normativa exige.
Los testimonios recabados describen cajas apiladas, evidencias mezcladas y una cadena de custodia que, en los hechos, no existe. No se trata de un cuarto olvidado: es infraestructura activa de la institución que se supone debe identificar a las víctimas y entregar justicia a sus familias.
La ironía que duele: la propia revista científica de la FGR publicó en 2024 una Guía técnica para un Centro de Resguardo Óseo Forense donde se detallan los «parámetros estandarizados para el espacio físico, el embalaje y el almacenamiento» de restos. La guía existe. El cumplimiento, al parecer, no.
El contexto: México lleva años rebasado por sus muertos
Para entender por qué esto pasa, hay que ver las dimensiones del problema. Al cierre de 2025, las instituciones forenses de la FGR y las fiscalías estatales recibieron cerca de 98 mil cadáveres en un solo año —un promedio de más de 260 cuerpos cada día—, según datos del sector forense nacional. A eso hay que sumarle miles de fragmentos y segmentos humanos en resguardo que aún no tienen identidad ni familia que los reclame.
El Registro Forense Nacional de la FGR contaba, hasta diciembre de 2024, con más de 2 mil registros de cadáveres y restos humanos vinculados a fosas clandestinas. Y eso es solo lo que está documentado: organizaciones civiles como la Plataforma Ciudadana de Fosas han señalado que la cifra real de hallazgos supera con creces lo que la FGR reporta oficialmente.
Entre 2023 y 2024, los medios documentaron al menos mil seis hallazgos de fosas clandestinas, mientras que la FGR solo reportó 94 en el mismo periodo. Esa brecha no es un error de conteo: es opacidad sistémica.
Por qué te importan los FGR restos humanos desaparecidos
Porque detrás de cada caja hay un nombre que alguien en México lleva años buscando. Hay una mamá que no duerme. Hay un expediente que se supone alguien debe resolver. La crisis forense no es una estadística abstracta: es la razón por la que colectivos de búsqueda salen al campo a hacer el trabajo que el Estado no hace.
Además, México tiene más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas registradas. Cada resto sin identificar, cada caja mal etiquetada, cada protocolo ignorado, es una puerta que se cierra para encontrar a alguien. La negligencia institucional en el manejo de FGR restos humanos desaparecidos no solo ofende la dignidad de las víctimas: activamente destruye evidencia.
La FGR sabe cómo hacerlo bien —y no lo hace
Este es quizás el punto más incómodo. No estamos hablando de una institución que desconoce los protocolos. La FGR tiene laboratorios regionales, una Base Nacional de Información Genética con más de 78 mil perfiles genéticos, guías técnicas publicadas y personal acreditado. Tiene las herramientas. Lo que muestra la investigación es que, en la práctica, hay una desconexión brutal entre lo que la institución dice que hace y lo que realmente ocurre con los restos de las víctimas.
El caso Ayotzinapa es la ilustración más dolorosa: bolsas con fragmentos óseos vinculados a la desaparición de los 43 normalistas permanecieron durante años sin ser analizados a profundidad, según han documentado periodistas. La FGR recién ahora realiza nuevos estudios forenses sobre ese material. Doce años después.
Qué exigen las familias —y qué dice la ley
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada obliga a la FGR a mantener el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas. Ese registro existe en papel. En la práctica, organizaciones como Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Iberoamericana tuvieron que construir una Plataforma Ciudadana de Fosas porque la información oficial es insuficiente, tardía o directamente inaccesible.
Los colectivos de búsqueda no piden favores: exigen que el Estado cumpla lo que ya está escrito en la ley. Que los restos sean resguardados con dignidad. Que la cadena de custodia sea real. Que haya rendición de cuentas sobre qué hay en esas cajas, de dónde vienen y a quién pertenecen.
Lo que sigue —o lo que debería seguir
La FGR tendrá que responder. La pregunta es si lo hará con transparencia o con el hermetismo institucional que la ha caracterizado cada vez que su gestión forense queda expuesta. El patrón conocido es el de los comunicados que no dicen nada, las conferencias que esquivan y los protocolos que se citan en el papel mientras los huesos siguen en cajas sin nombre.
Mientras tanto, hay familias que llevan años esperando que alguien en esa institución haga su trabajo. No un favor. Su trabajo. Las cajas están ahí. La negligencia está documentada. Lo que falta es que alguien en la FGR tenga que dar la cara.
