El estado de derecho en México está en números rojos según el organismo internacional más reconocido en el tema: el World Justice Project (WJP) colocó al país en el lugar 121 de 143 países en su Índice de Estado de Derecho 2025, con una puntuación de 0.40 sobre 1.0. No es solo un mal dato: es una tendencia que va para abajo.
¿Qué es el Índice de Estado de Derecho y por qué importa?
El WJP Rule of Law Index es la medición global más rigurosa sobre cómo las personas viven —y perciben— las leyes en su país. Se publica cada año desde 2009 y para la edición 2025 analizó 143 países, aplicando más de 215,000 encuestas a hogares y 4,100 a expertos y abogados. No es una encuesta de opinión: es la fotografía más completa que existe sobre si las reglas del juego se cumplen o no en cada nación.
El índice evalúa ocho dimensiones: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. México sale mal en casi todas.
Los números del estado de derecho en México que duelen
El puntaje de 0.40 coloca a México muy por debajo del promedio mundial de 0.55 y también del promedio de América Latina y el Caribe, que cayó a 0.51. Regionalmente, México queda en el lugar 26 de 32 países latinoamericanos. Hay subíndices que son todavía más preocupantes:
- Ausencia de corrupción: lugar 134 de 143, con una puntuación de 0.27. Casi al fondo del mundo.
- Orden y seguridad: lugar 132 de 143. La sensación de inseguridad que vives en la calle está medida aquí.
- Justicia penal: lugar 135 de 143, apenas por encima de países como Venezuela, Haití o Afganistán.
Esto no es sorpresa si consideras que el contexto de seguridad en estados como Michoacán sigue siendo crítico: el gobierno federal ha llegado a desplegar 10 mil militares para combatir la extorsión, una medida que refleja exactamente el tipo de vacío institucional que mide este índice.
¿Por qué te importa el estado de derecho en México?
Aquí viene la parte que la mayoría de los medios no te explican: el estado de derecho en México no es un tema de abogados ni de debates en el Senado. Es lo que determina si puedes denunciar un delito y esperar que pase algo, si un juez puede ser presionado para fallar a modo, si una empresa puede extorsionarte sin consecuencias o si tus derechos fundamentales tienen respaldo real cuando los necesitas.
Cuando el índice documenta que la libertad de expresión y opinión se deterioró en el 73% de los países evaluados —México incluido— y que la justicia civil se debilitó en el 68% de las naciones, no está hablando de estadísticas abstractas. Está describiendo por qué hay gente que no denuncia, por qué los procesos tardan años, y por qué la impunidad sigue siendo la norma.
El estado de derecho roto también tiene costos económicos directos: menos inversión, más informalidad, mayor vulnerabilidad para las personas que no tienen contactos ni recursos para navegar un sistema opaco.
El contexto: un problema que viene de lejos y sigue cayendo
Esta edición del índice mide el desempeño correspondiente a 2024, el último año de la administración de López Obrador. La trayectoria de la última década, que incluye los gobiernos de Peña Nieto, AMLO y los primeros meses de Claudia Sheinbaum, muestra retrocesos sostenidos en protección de derechos, justicia civil y contrapesos institucionales.
Y no es solo México: el WJP advirtió que el 68% de los 143 países evaluados retrocedió en 2025, comparado con el 57% el año anterior. Es la caída anual más pronunciada desde que existe el índice. La recesión global del estado de derecho, como la llama el propio organismo, se está acelerando.
América Latina, en particular, lleva once años de declive casi ininterrumpido. Países como Uruguay (0.72) y Costa Rica (0.68) siguen siendo la excepción regional. México, con 0.40, está en el otro extremo.
La reforma judicial, la gran pregunta sin respuesta
El gobierno de Sheinbaum impulsó una reforma al Poder Judicial que, según sus promotores, busca acercar la justicia a la gente. Pero los datos del WJP —que miden independencia judicial, imparcialidad y eficiencia de los tribunales— apuntan en dirección contraria: los órganos de supervisión perdieron independencia en la mayoría de los estados evaluados globalmente, y los poderes judiciales enfrentan presiones crecientes. El debate sobre si la reforma ayuda o agrava el problema apenas empieza, y este índice será una de las formas de medirlo en los próximos años.
La falta de instituciones sólidas, por cierto, no solo afecta la seguridad o la justicia penal: también tiene consecuencias en cómo el Estado responde ante crisis sistémicas. No es casualidad que los países con mejor estado de derecho también respondan mejor a emergencias como las ambientales, donde México también tiene pendientes serios, como muestra la pérdida de biodiversidad que afecta al país y a toda la región.
¿Qué sigue?
El reporte completo del WJP está disponible en su sitio oficial: worldjusticeproject.org/rule-of-law-index. Los datos de México están desagregados por subíndice y tienen serie histórica desde 2015, así que puedes ver exactamente en qué año empezó cada caída.
El número 121 de 143 no es solo una posición en una lista. Es el resultado acumulado de decisiones institucionales, omisiones y dinámicas de poder que llevan décadas construyéndose. Cambiarlas requiere mucho más que reformas constitucionales apresuradas —requiere que la ciudadanía exija resultados medibles, y que los medios los rastreemos sin importar quién gobierne.
