La reforma para eliminar el fuero de legisladores y gobernadores vuelve a estar sobre la mesa — y esta vez con más fuerza. El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó una iniciativa constitucional para acabar con la inmunidad procesal penal que protege a diputados federales, senadores, legisladores locales y gobernadores de ser procesados penalmente mientras están en funciones.
¿Qué propone exactamente la reforma para eliminar el fuero de legisladores?
La propuesta de Ramírez Cuéllar plantea reformar los artículos 61, 108, 110 y 111 de la Constitución Política para que ningún cargo de elección popular sirva como escudo frente a la justicia penal. La iniciativa fue formalmente publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 25 de marzo de 2025.
Hay un matiz importante que el propio diputado se encargó de aclarar: la reforma no toca la inviolabilidad parlamentaria — esa protección que garantiza que un legislador pueda opinar, votar y debatir en tribuna sin que nadie lo persiga por eso. Lo que sí desaparece es la inmunidad procesal penal, el famoso fuero que históricamente ha impedido que un fiscal, juez o ministerio público pueda tocarle un pelo a alguien que tiene cargo.
En pocas palabras: si eres diputado y te acusan de un delito, tendrías que ir a defenderte ante el Ministerio Público igual que cualquier ciudadano. Sin permiso del Congreso, sin trámite de desafuero, sin rodeos.
Por qué te importa eliminar el fuero de legisladores
Porque el fuero ha funcionado durante décadas como el mejor seguro de impunidad que existe en México. Políticos investigados por corrupción, abuso de poder o incluso delitos graves han podido escudarse en su cargo para frenar investigaciones. No es teoría: casos emblemáticos han recordado a la opinión pública lo fácil que es para alguien con un cargo esquivar a la justicia mientras le dure la chamba.
Ramírez Cuéllar lo dijo sin rodeos: el fuero se convirtió en «un mecanismo de protección injustificada, un privilegio excesivo» que genera indignación. Y tiene razón en que la percepción pública sobre esto es casi unánime — nadie que no tenga un cargo público defiende el fuero con entusiasmo.
Además, el debate resurgió justo cuando la Sección Instructora de la Cámara analizaba el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco y cuando el gobernador de Nuevo León, Samuel García, enfrenta un juicio político con una controversia constitucional de por medio en la Suprema Corte. El timing no es coincidencia.
¿Morena tiene los votos para aprobarlo?
Ramírez Cuéllar asegura que sí. Morena y sus aliados tienen mayoría calificada en el Congreso — la necesaria para reformar la Constitución — y el diputado ha dicho públicamente que confía en que la iniciativa avanzará en el periodo legislativo en curso.
Sin embargo, no todo en Morena aplaude. Figuras como Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, han expresado reservas: su argumento es que eliminar el fuero sin salvaguardas podría abrir la puerta a la fabricación de delitos para sacar del juego a legisladores incómodos. También hay señales de que líderes del ala dura del partido, como Ricardo Monreal, no están completamente entusiasmados.
Dentro de la Cámara, el diputado Leonel Godoy Rangel, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, calificó la propuesta como «una buena propuesta», aunque confirmó en julio de 2025 que la comisión aún no la había desahogado formalmente. La declaración quedó registrada por la Comunicación Social de la Cámara de Diputados.
La trilogía que Morena quiere cerrar
Ramírez Cuéllar enmarca esta iniciativa dentro de lo que él llama una trilogía de reformas de la Cuarta Transformación: no reelección, eliminación del nepotismo electoral y ahora el fin del fuero. La idea es que ninguna de las tres medidas tenga sentido sin las otras: de nada sirve que alguien no se reelija si puede blindarse con la inmunidad mientras dura en el cargo.
Esta narrativa conecta con algo que el movimiento morenista ha repetido desde 2018: que los privilegios de la clase política son incompatibles con la transformación que prometen. En 2020 ya se intentó algo similar — el Congreso aprobó acotar el fuero presidencial, pero la eliminación del fuero a legisladores fue retirada de la minuta en la Cámara de Diputados. Ahora, con una mayoría más sólida, la apuesta es diferente.
Qué sigue y qué falta
La iniciativa tiene que pasar por la Comisión de Puntos Constitucionales antes de llegar al pleno. Si se aprueba en la Cámara de Diputados con mayoría calificada (dos tercios), va al Senado y luego a los congresos locales para su ratificación — el proceso estándar de una reforma constitucional.
El debate político no va a ser fácil. Las voces críticas dentro y fuera de Morena apuntan a un riesgo real: sin el filtro del desafuero, un gobierno hostil podría fabricar acusaciones para neutralizar a opositores o legisladores díscolos. Es una preocupación legítima que la iniciativa tendrá que responder con mecanismos concretos de debido proceso.
En contexto más amplio, este tipo de tensiones entre accountability y garantías políticas también aparece en otras batallas institucionales del momento — como el propio seguimiento al Caso Ayotzinapa y las recomendaciones de la CNDH al gobierno de Sheinbaum, donde la rendición de cuentas del Estado sigue siendo una deuda pendiente.
La pregunta de fondo no es si el fuero es o no es un privilegio absurdo — en eso casi todos coinciden. La pregunta es si México tiene las instituciones suficientemente sólidas para que eliminar ese escudo no se convierta en otra herramienta de persecución política. Esa respuesta, por ahora, nadie la tiene clara.
