Tres meses después de que Los Ardillos y Los Tlacos desataron una ola de violencia con drones y armas de alto calibre en la Montaña Baja de Guerrero, el desplazamiento forzado en Guerrero sigue sin resolverse: de las más de 300 familias que huyeron en mayo, 52 todavía no han podido regresar a sus hogares, y apenas 19 han retornado en el más reciente operativo oficial.
Qué pasó: drones, balazos y comunidades vaciadas
Todo comenzó el 6 de mayo de 2026. Las comunidades indígenas nahuas de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en el municipio de Chilapa de Álvarez, empezaron a recibir ataques armados atribuidos a integrantes de Los Ardillos. Tres días después, el 9 de mayo, el infierno se formalizó: hombres armados con equipo táctico entraron a Tula mientras drones artillados sobrevolaban la comunidad, disparando sin importar que hubiera niñas, niños y adultos mayores.
Familias enteras huyeron con lo que llevaban puesto, refugiándose en cerros, iglesias y comunidades vecinas. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) documentó que más de 800 familias fueron obligadas a abandonar sus hogares. El Consejo Nacional Indígena habló de más de 2 mil personas desplazadas, 81 asesinadas y 25 desaparecidas. El gobierno federal, en cambio, reconoció inicialmente solo 96 personas. La brecha entre esas cifras lo dice todo.
Quiénes son y por qué pelean en estas tierras
Los Ardillos llevan casi dos décadas operando en comunidades de Chilapa, consolidados en zonas de difícil acceso ligadas al tráfico de drogas. Los Tlacos —también conocidos como el Cártel de la Sierra— expandieron su influencia desde Tlacotepec y disputan rutas, territorios y extorsiones en el centro y norte de Guerrero.
Pero hay algo más que el gobierno no dice en sus boletines: según el CIPOG-EZ y organizaciones de derechos humanos, el objetivo no es solo ganar una guerra entre cárteles. Es vaciar el territorio. Desplazar a las comunidades organizadas —que tienen policías comunitarias y sistemas de autogobierno— para quedarse con tierras, recursos del subsuelo y presupuesto público. La Montaña Baja está encima de lo que algunos llaman el Cinturón de Oro: un corredor de minas concesionadas, muchas hasta después del 2050.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan lo dijo claro: este conflicto no es nuevo, es el resultado de décadas de abandono institucional, control caciquil y expansión del crimen en territorios indígenas. El Congreso Nacional Indígena fue más lejos y acusó directamente a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, de proteger a Los Ardillos.
La respuesta del gobierno: llegaron tarde y con colchonetas
Cuando la crisis ya era imposible de ignorar, llegaron las autoridades. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, visitó la zona y prometió presencia permanente. Se desplegaron elementos del Ejército y la Guardia Nacional, se instalaron bases de operaciones y se entregó ayuda humanitaria: alimentos, cobijas, atención médica. El 14 de mayo, 118 personas regresaron a Xicotlán escoltadas por militares.
Tres meses después, el balance oficial es este: 19 familias más acaban de retornar a la comunidad de Tula, sumándose a retornos anteriores. Pero 52 familias siguen desplazadas y sin fecha clara de regreso. El gobierno federal asegura que no hay nuevos desplazamientos y que se recuperaron condiciones de seguridad. Las comunidades indígenas dicen otra cosa: que nadie ha desmantelado a Los Ardillos y que volver sin esa garantía es jugarse la vida.
Por qué te importan los desplazados de Guerrero
Porque el desplazamiento forzado en Guerrero no es un tema lejano de una región marginal: es el síntoma más brutal de cómo el Estado mexicano falla a las comunidades más vulnerables. Cuando un grupo criminal puede vaciar pueblos enteros usando drones militarizados —la misma tecnología que convirtió a los ataques digitales en una amenaza cotidiana, como lo muestra el aumento del 38% en ciberataques en México— y el ejército está ahí pero no interviene, la pregunta ya no es de seguridad pública: es de a quién protege realmente el Estado.
Y hay otro ángulo que incomoda: las comunidades desplazadas tienen policías comunitarias, sistemas de justicia propios, autoridades tradicionales. Son exactamente el tipo de organización que el crimen organizado quiere destruir, porque donde hay comunidad organizada, hay resistencia. Atacarlas es una estrategia, no un daño colateral.
Lo que aún no se resuelve sobre los desplazados de Guerrero
La violencia en la Montaña de Guerrero lleva más de una década acumulándose. Los municipios de Atlixtac, Olinalá, Chilapa de Álvarez y Zapotitlán Tablas concentran el grueso de los conflictos. En 2023, cinco comunidades de la misma zona ya habían sufrido ataques con drones artillados que obligaron a 500 personas a salir. Nadie desmanteló nada entonces. Y aquí estamos.
Las comunidades exigen tres cosas concretas al gobierno federal: desmantelar a Los Ardillos, garantizar retornos seguros y reconocer públicamente la crisis de derechos humanos que la gobernadora de Guerrero, según organizaciones civiles, se empeña en minimizar. Puedes revisar los comunicados de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), que documentó los ataques desde el primer día.
Mientras tanto, 52 familias siguen esperando que alguien les diga que es seguro volver a casa. Tres meses después, nadie se los puede garantizar. Y eso, en un país que presume de estar en paz, debería pesarnos a todos. La violencia estructural que fabrica ambientes de miedo y sometimiento no solo ocurre en las escuelas: también ocurre cuando comunidades enteras son expulsadas de su territorio y el gobierno llega con cobijas.
