Colectivos de familiares, organizaciones de derechos humanos y académicas enviaron un documento a la Asamblea General de la ONU para que defina un «mecanismo extraordinario» que dé seguimiento a las desapariciones forzadas en México —crisis que acumula más de 135 mil personas no localizadas y 72 mil restos humanos sin identificar— tras la activación, por primera vez en la historia, del artículo 34 de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada.
¿Qué pasó exactamente con las desapariciones forzadas en México?
El 19 de marzo de 2026, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) resolvió invocar el artículo 34 de la Convención al considerar que existían indicios suficientes de que en México las desapariciones se cometen de manera generalizada y sistemática, es decir, que constituyen crímenes de lesa humanidad. Decidió entonces remitir el caso al máximo órgano de la ONU: la Asamblea General.
El 12 de mayo, el secretario general António Guterres notificó formalmente la decisión a los Estados miembros. Nunca antes se había usado este mecanismo contra ningún país. México fue el primero.
Ahora, con el caso ya en manos de la Asamblea General, los colectivos y ONGs —encabezados por Amnistía Internacional— fueron un paso más allá: le enviaron directamente a las embajadas un documento fechado el 30 de agosto de 2026 con una propuesta concreta para que la Tercera Comisión de la Asamblea General defina cómo actuar. El texto fue presentado como insumo para el diálogo bilateral con el gobierno mexicano y para el debate multilateral.
Qué piden los colectivos ante la crisis de desapariciones forzadas en México
La propuesta tiene tres ejes principales:
- Crear un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia a familias, organizaciones y defensores que buscan a sus seres queridos.
- Que México reciba apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional, reconociendo que la magnitud de la crisis rebasa las capacidades del Estado.
- Establecer un procedimiento internacional de referencia, ya que lo que la Asamblea General resuelva sobre México sentará precedente para futuros casos en el mundo.
Los colectivos también exhortaron a los gobiernos aliados a entablar un «diálogo profundo» con las autoridades mexicanas, para que el proceso no sea visto como un ataque político sino como una oportunidad de cooperación técnica. La idea: que México no se cierre, sino que acepte el acompañamiento.
Por qué te importan las desapariciones forzadas en México
Porque 135 mil personas no son una estadística abstracta. Son familias enteras —muchas de ellas madres buscadoras que llevan años rastreando fosas clandestinas bajo el sol— que no saben si su hijo, su hermano o su pareja está vivo o muerto. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) registró 135 mil 48 personas desaparecidas al 16 de junio de 2026, cifra que sigue actualizándose.
Y el colapso forense lo hace todavía más urgente: 72 mil restos humanos pendientes de identificación. Hay cuerpos. No hay certeza de a quién pertenecen. Las familias esperan.
El artículo 34 importa porque es el último recurso dentro del sistema de la ONU. Que se haya activado —y por primera vez en la historia— dice algo muy concreto: los mecanismos ordinarios ya no alcanzaron.
El gobierno mexicano dice que no hay tal crisis de desapariciones forzadas
Aquí está la tensión de fondo. Mientras los colectivos llevan el caso a la Asamblea General, la Cancillería y la Secretaría de Gobernación han rechazado de forma reiterada la postura del CED, interpretando la resolución como un ataque y sosteniendo que no existen elementos para presumir una práctica generalizada o sistemática de desaparición en el territorio nacional.
Es una posición que choca frontalmente con los datos del propio registro oficial del Estado mexicano —el RNPDNO— y con la conclusión del Comité de la ONU, que determinó que hay indicios fundados de crímenes de lesa humanidad «en múltiples momentos y distintas partes del país».
Esta contradicción entre el discurso oficial y la evidencia acumulada no es menor. Es, de hecho, parte de lo que el mecanismo extraordinario busca resolver: que haya alguien con autoridad internacional que le lleve la cuenta al Estado.
El contexto que el gobierno no cuenta: impunidad y presupuesto
Detrás de los números hay un sistema que falla estructuralmente. Las comisiones locales de búsqueda operan con recursos insuficientes frente a la magnitud del problema. Al 16 de junio, de los más de 130 mil registros activos, solo 3 mil 869 casos contaban con una carpeta de investigación. El resto: sin rastro, sin proceso, sin respuesta.
La impunidad no es un accidente. Es el combustible que mantiene viva la crisis. Y eso conecta directamente con el argumento central de los colectivos ante la ONU: que el Estado no tiene ni la voluntad ni la capacidad para resolverla solo. No es una narrativa opositora —es la lectura que sostienen tanto el CED de la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en mayo de 2026 publicó su propio informe coincidiendo en el diagnóstico y describiendo la colusión entre grupos criminales y servidores públicos.
El contexto importa también porque este tipo de presión internacional no surge en el vacío. Como hemos documentado en Tiempo Real, la forma en que el Estado gestiona su relación con organismos internacionales —ya sea en derechos humanos o en compromisos financieros— revela sus prioridades reales. No por nada Sheinbaum acusó la «ratería» neoliberal por crear deudas impagables en el Infonavit: la narrativa de culpar al pasado tiene límites cuando las crisis del presente siguen sin atenderse.
¿Qué sigue?
La pelota está en la Tercera Comisión de la Asamblea General. Los colectivos ya pusieron su propuesta sobre la mesa. Lo que resuelva —o no resuelva— la Asamblea General sobre México sentará precedente internacional para cualquier país que enfrente una crisis similar en el futuro.
El artículo 34 nunca antes había sido invocado. Eso significa que no hay manual. Y precisamente por eso los colectivos insisten en que la Asamblea no puede darse el lujo de ignorarlo, dilatarlo o enterrarlo en burocracia. Hay 135 mil razones para que no lo haga.
