La desaparición del Ayuntamiento de Juchitán está sobre la mesa. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, pidió formalmente al Congreso estatal declarar disuelto el cabildo del municipio más importante del Istmo de Tehuantepec, dos días después de que su alcalde, Miguel «Quetu» Sánchez Altamirano, fue detenido por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
¿Qué pasó exactamente en Juchitán?
La crisis comenzó el 23 de septiembre, cuando autoridades federales y estatales detuvieron al alcalde Miguel Sánchez Altamirano durante un operativo conjunto en el que participaron la Secretaría de Marina, la SSPC, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la FGR.
Sánchez Altamirano fue detenido por extorsión y presuntos vínculos con Los Cromos, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región del Istmo de Tehuantepec, en el marco de la Operación Enjambre. No estaba solo: junto a él, fuerzas federales y estatales capturaron también a Alberto de la Paz López, alias «La Parca», señalado como uno de los líderes criminales más buscados de la región.
Las investigaciones señalan que Sánchez Altamirano, desde la infraestructura del municipio, brindaba «cobertura política y económica» al grupo criminal de Los Cromos. Más grave aún: se le imputa haber proporcionado protección política y logística a este grupo, incluyendo el uso de cámaras del sistema C2 para alertar sobre la presencia de las fuerzas del orden.
La reacción no se hizo esperar: policías municipales y habitantes bloquearon accesos carreteros, quemaron llantas y hasta intentaron irrumpir en la base aérea militar de Ciudad Ixtepec, a donde fueron trasladados los detenidos. La tensión se apoderó de Juchitán, mientras la Secretaría de Marina reforzaba la seguridad para evitar cualquier intento de rescate.
El vacío de poder: el suplente también está buscado
Lo que convierte este caso en un problema institucional mayor es que la salida del alcalde no tiene relevo automático. El suplente de Sánchez Altamirano, Mariano Rosado López, permanece prófugo y el Cabildo no ha definido públicamente quién asumirá el gobierno municipal.
A más de 24 horas del operativo que derivó en su captura, el vacío permanecía sin una salida formal: el alcalde bajo proceso, su suplente prófugo y el Cabildo sin pronunciarse sobre quién asumiría las riendas del Ayuntamiento.
Es en ese escenario donde Jara Cruz decide mover ficha. El gobernador instruyó al secretario de Gobierno del estado tramitar la solicitud formal ante el Congreso estatal para que sea procesada a la brevedad posible y nombrar a un encargado.
¿Qué significa la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán?
Aquí viene lo que mucha gente confunde: disolver el ayuntamiento no es lo mismo que desaparecer el municipio. La desaparición de un Ayuntamiento no significa la desaparición del municipio ni la suspensión de los servicios públicos. Se trata de un procedimiento jurídico para sustituir al órgano de gobierno municipal cuando se actualizan las causas previstas por la legislación.
La Ley Orgánica Municipal de Oaxaca establece que el Congreso tiene la facultad de declarar la suspensión o desaparición de un Ayuntamiento. En caso de que lo apruebe, la legislación contempla que se dé vista al gobernador para nombrar a un encargado de la Administración Municipal, figura que dura 90 días, tras lo cual se integraría un Concejo Municipal que concluiría el periodo constitucional.
Lo importante: la solicitud de Jara no implica que el Ayuntamiento haya desaparecido de manera automática. La decisión final es del Congreso de Oaxaca. No es la primera vez que esto sucede en el estado: en marzo de 2026, con 35 votos a favor, la LXVI Legislatura ya había avalado la desaparición del Ayuntamiento de San Agustín Amatengo por causales similares de vacío de autoridad.
El perfil de «Quetu»: de la izquierda zapoteca al CJNG
Miguel Sánchez Altamirano, de 37 años, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca e hijo de Miguel Sánchez, exlíder de la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI). Su familia tiene antecedentes en la lucha social de izquierda en la región.
Militante de Morena, gobierna Juchitán para el periodo 2025-2027, después de haber asumido por primera vez la alcaldía en 2022 como sustituto de Emilio Montero Pérez y posteriormente ganar la elección municipal de 2024. Como parte de sus funciones, participaba de manera constante en las mesas de seguridad en el Istmo de Tehuantepec, donde conocía las acciones de combate a la delincuencia que el gobierno estatal y federal realizaban en la región. Eso, hoy, suena a otra cosa completamente.
Los números de su gestión son difíciles de ignorar: durante su periodo como alcalde se registró un incremento del 80% en homicidios dolosos y del 1,357% en denuncias por narcomenudeo. Mientras en 2021 se contabilizaban 46 homicidios, para 2025 la cifra se elevó a 83 asesinatos. Los datos están ahí. Y nosotros los venimos documentando: si quieres el contexto completo de cómo fue escalando la violencia bajo su gestión, revisa nuestro reportaje Juchitán, epicentro de la violencia en Oaxaca: la inseguridad creció con el alcalde morenista.
Por qué te importa la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán
Porque el caso no es un accidente local ni un hecho aislado. Es la evidencia de algo que en México ya sabemos pero que cuesta reconocer oficialmente: el crimen organizado no llega a las estructuras de gobierno desde afuera, sino que crece dentro de ellas.
La detención de Sánchez Altamirano se produce después de más de un año de operativos e investigaciones sobre la presunta infiltración de grupos criminales en las estructuras de seguridad de Juchitán de Zaragoza. Un año de investigaciones mientras el mismo alcalde coordinaba mesas de seguridad. Eso dice mucho del tamaño del problema.
También pone sobre la mesa una pregunta incómoda para Morena: ¿cuántos «Quetus» más gobiernan hoy municipios del país? Y para el propio Jara Cruz, que ahora actúa con «firmeza institucional», la pregunta más difícil es por qué tardó tanto. En junio de 2025, autoridades estatales y federales ya habían ejecutado un operativo previo en el municipio que intervino la Comisaría de Seguridad Pública Municipal y el centro de videovigilancia C2 de Juchitán.
El tema de quién vigila al que vigila no es nuevo. La misma pregunta sobre la infiltración del crimen en el gobierno local se cruza con los debates que exploramos al analizar cómo el gobierno federal busca reforzar la transparencia tras desaparecer el INAI —porque sin organismos autónomos que supervisen, los focos de corrupción crecen en la oscuridad.
Juchitán tiene 80,000 personas que siguen necesitando agua, luz, seguridad y gobierno. Lo que pase en el Congreso de Oaxaca en los próximos días va a definir si el Estado mexicano tiene realmente la capacidad de cerrar estos hoyos, o si la «firmeza institucional» es solo un comunicado de prensa más.
