El decreto de transparencia de Sheinbaum llegó este 4 de agosto con una promesa concreta: que ya no sea un funcionario quien decida qué te ocultan y qué no. La presidenta firmó la medida en Palacio Nacional y la presentó como la pieza que le faltaba al rompecabezas institucional que dejó la desaparición del INAI. Aquí te explicamos qué cambió, qué no, y por qué sí te importa.
El contexto que nadie te cuenta sobre el decreto de transparencia
Para entender este decreto hay que recordar un dato clave: el INAI fue extinguido el 20 de marzo de 2025 mediante una reforma constitucional de simplificación administrativa. Desde entonces, sus funciones en el ámbito federal quedaron a cargo de Transparencia para el Pueblo, un organismo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con autonomía técnica y operativa.
El problema era el vacío que quedó: sin un árbitro autónomo, ¿quién garantizaba que los funcionarios no se guardaran lo que les convenía? Ese es exactamente el hueco que este decreto intenta tapar, al menos en papel.
¿Qué dice el decreto de transparencia de Sheinbaum?
La medida gira en torno a cuatro ejes principales que amplían lo que el gobierno debe publicar de forma obligatoria:
- Contrataciones públicas: los contratos y convenios del Ejecutivo Federal estarán disponibles de forma mensual.
- Filiales de Pemex y CFE: finanzas, gobierno corporativo y contratos de las subsidiarias.
- Fiscalización y auditorías: programa anual, observaciones y despachos de auditores.
- Invitación a sumar: se exhorta a estados, municipios y otros poderes a adoptar el mismo estándar.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que el decreto busca ir más allá de las obligaciones legales vigentes y fomentar la máxima publicidad de la información gubernamental. Además, se incorporaron herramientas para descargar la información en formatos que permiten analizarla con mayor facilidad.
La frase clave: «ya no lo deja a criterio del funcionario»
Sheinbaum lo dijo sin rodeos: «Con el decreto que firmamos, ya no lo dejamos a decisión de un funcionario público, hay un lineamiento específico de lo que debe ser transparente.» Eso suena bien, pero hay que leerlo completo: seguirá existiendo información reservada, específicamente la vinculada con seguridad nacional o con procesos judiciales en curso. La diferencia es que ahora esos criterios deben estar explícitos, no depender del humor del secretario de turno.
También se anunció que en 30 días hábiles la Plataforma Nacional de Transparencia tendrá contenidos más completos, y que al inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso se enviará una iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia para que todo esto quede en ley permanente, no solo en un decreto.
Por qué te importa el decreto de transparencia
Simple: los contratos del gobierno son tu dinero. Cada peso que gasta Pemex, cada obra que contrata la federación, cada auditoría que se hace o no se hace, sale de impuestos. Antes, un director de área podía decidir que cierto contrato era «sensible» y no publicarlo. Con este decreto, esa discrecionalidad debería acabar, al menos para el Ejecutivo federal.
El detalle está en el «debería». El decreto es un acto administrativo, no una ley. Si cambia el gobierno o cambia la voluntad política, puede deshacerse. Por eso la apuesta real es la reforma legal que Sheinbaum prometió enviar al Congreso. Mientras eso no pase, esto es un avance real pero frágil.
Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿el gobierno que desapareció al árbitro independiente (el INAI) es el mismo que ahora te dice «confía en nosotros, somos transparentes»? Esa tensión existe, y vale la pena nombrarla. No es lo mismo transparencia como política pública que transparencia como herramienta de control propio. El historial reciente del gobierno federal en este tema no es limpio: hay episodios donde la lógica fue exactamente la contraria.
¿Qué sigue?
Sheinbaum anunció que en aproximadamente un mes se fortalecerá la Plataforma Nacional de Transparencia y que al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso se enviará la iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia para hacer permanentes estas disposiciones. Si eso se cumple, el decreto de hoy puede convertirse en algo con dientes reales. Si no, quedará como otro anuncio bien intencionado.
Lo que sí puedes hacer desde ya: entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia y verificar si los contratos que te interesan están ahí. La rendición de cuentas también es ejercicio ciudadano, no solo promesa de gobierno.
Y si te interesa seguir el hilo de cómo el gobierno federal maneja sus compromisos de cara a la ciudadanía, el caso Ayotzinapa sigue siendo el termómetro más honesto de qué tan lejos llega esa transparencia cuando de verdad duele.
