El decreto de transparencia de Sheinbaum ya tiene fecha en el calendario político: la presidenta lo anunció el 3 de agosto de 2026 y prometió detalles ese mismo martes con Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. La promesa suena bien, pero el diablo —como siempre— está en los detalles.
¿Qué dice exactamente el decreto de transparencia de Sheinbaum?
La presidenta fue bastante directa en la mañanera: ninguna dependencia federal podrá reservar información a su propio criterio. La única excepción válida serán dos supuestos muy específicos: que la información esté dentro de un proceso judicial activo, o que involucre genuinamente la seguridad nacional.
«El objetivo es que solo aquello que realmente es de seguridad nacional o que esté en proceso judicial no pueda darse a conocer», dijo Sheinbaum. Todo lo demás, en teoría, tendría que estar disponible para cualquier ciudadana o ciudadano que lo pida.
El decreto también busca que las plataformas de transparencia garanticen el acceso a todos los datos del gobierno, resguardando únicamente datos personales. Nada nuevo en el papel, todo nuevo en la práctica —si se cumple.
El contexto que nadie te cuenta: el INAI ya no existe
Para entender por qué este decreto importa, hay que recordar que el INAI fue extinguido en marzo de 2025. Sus funciones pasaron a Transparencia para el Pueblo, un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que opera desde el 3 de junio de ese mismo año.
El cambio no fue menor: el INAI supervisaba alrededor de 8 mil sujetos obligados, incluyendo organismos autónomos y autoridades de todos los niveles de gobierno. Transparencia para el Pueblo, en cambio, solo tiene competencia sobre las dependencias de la administración pública federal. Es decir: scope mucho más acotado.
Una excomisionada del INAI, Julieta del Río, ya señaló que las estadísticas que presenta el nuevo organismo generan dudas, porque los plazos para resolver recursos estuvieron suspendidos varios meses tras la entrada en vigor de la nueva ley. El nuevo decreto llega, pues, a un ecosistema de transparencia que todavía está asentándose —y que muchos especialistas miran con escepticismo.
¿Por qué te importa el decreto de transparencia?
Porque la opacidad no es solo un problema de académicos o periodistas. Cuando el gobierno puede reservar información a su antojo, tú eres el que pierde: no sabes cuánto costó una obra pública, no puedes saber si un contrato fue a modo, no tienes forma de exigirle cuentas a nadie.
Y esto no es teoría: en febrero de 2024, el gobierno federal reservó por cinco años el costo total del Tren Maya, argumentando seguridad nacional. Los datos permanecerán ocultos hasta 2027. Exactamente el tipo de uso discrecional que, según Sheinbaum, este decreto busca impedir.
También hay antecedentes más recientes: en noviembre de 2025, Sheinbaum confirmó haber recibido una carta del Senado vinculada con la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR, pero no reveló su contenido ni quiénes la firmaron. La información nunca fue divulgada. Si el decreto nuevo hubiera estado vigente, ¿habría cambiado algo? Eso está por verse.
Las preguntas que el decreto de transparencia todavía no responde
El anuncio tiene huecos importantes. El primero: ¿quién decide qué es realmente seguridad nacional? Esa categoría ha sido históricamente la más elástica del derecho administrativo mexicano, usada para tapar desde costos de megaobras hasta información sobre desaparecidos. Si el mismo ejecutivo define los límites del concepto, el candado puede convertirse en puerta giratoria.
El segundo hueco: Transparencia para el Pueblo no tiene la misma autonomía real que tenía el INAI. El organismo depende de la Secretaría Anticorrupción, que a su vez reporta al Ejecutivo. Un árbitro que depende del jugador siempre genera dudas, por más decretos bien intencionados que haya encima de la mesa.
Y el tercero: los procesos judiciales como causal de reserva tampoco están bien delimitados en el anuncio. ¿Cualquier expediente activo justifica censurar información? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con revisión de quién?
Lo que sí podría cambiar con este decreto
No todo es cinismo justificado. Si el decreto se traduce en criterios claros y vinculantes, podría frenar algo muy concreto: que funcionarios de tercer nivel reserven información incómoda invocando seguridad nacional de forma discrecional, sin que nadie los revise. Eso hoy pasa, y pasa seguido.
La clave está en los mecanismos de impugnación. Si cualquier persona puede recurrir una reserva y hay un organismo con dientes reales para resolverla, el decreto tiene valor. Si no, es solo papel con sello presidencial.
Vale la pena recordar también que este movimiento no ocurre en el vacío: el gobierno enfrenta presión acumulada en varios frentes donde la opacidad ha sido tema, desde el caso Ayotzinapa y las recomendaciones de la CNDH hasta decisiones de política de seguridad como el despliegue de 10 mil militares en Michoacán, donde la ciudadanía tiene derecho a saber qué criterios se usaron.
¿Qué sigue?
El martes 5 de agosto Raquel Buenrostro y Luisa María Alcalde presentarán los detalles del decreto. Ahí es donde sabremos si el anuncio tiene sustancia o si es otro ejercicio de transparencia sobre la transparencia: mucho ruido, pocas nueces.
Nosotros vamos a estar encima. Porque exigir que el gobierno muestre sus cartas no es de izquierda ni de derecha: es de ciudadanas y ciudadanos que no están dispuestos a que les cuenten cuentos.
