Con 86 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó las reformas al Código Penal Federal con las que se darán hasta 12 años de prisión a quien filtre imágenes de feminicidios.
Las reformas tipifican y sancionan la filtración de imágenes o difusión de información de víctimas de feminicidios o ilícitos sensibles relacionados con violencia de género.
El proyecto modificó el artículo 225 del Código Penal para establecer que son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos el:
“Dar a conocer, difundir, entregar, revelar, publicar, transmitir, exponer, remitir, distribuir, videograbar, audiograbar, fotografiar, filmar, reproducir, comercializar, ofertar, intercambiar, copiar o compartir, a quien no tenga derecho, imágenes, audios, videos, documentos, información, indicios, hallazgos, evidencias, objetos, instrumentos o constancias que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que, por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales”.
Asimismo, el Senado aprobó que, quien cometa dicho delito, se le impondrá pena de prisión de 6 a 12 años. También, una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (51 mil 870 a 103 mil 740 pesos).
Además, plantea un artículo donde la persona servidora pública que cometa este delito, será acreedor a una pena de 6 a 10 años de prisión. Igualmente, una multa de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización.
La sanción también aumentará hasta en una mitad más, cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes, mujeres o que la información corresponda a cadáveres.

Las y los senadores destacaron que este proyecto busca garantizar una vida libre de violencia contra la mujer en todas sus formas. Por ello, pretende combatir la violencia mediática de género y su normalización, al establecer y tipificar dicho delito.
Con este tipo de prácticas, aseguraron, evitan violaciones a la dignidad y derechos humanos de las víctimas, familiares o dependientes, garantizando el debido proceso.
Por su parte, la senadora Olga Sánchez Cordero mencionó que estas reformas garantizan la seguridad, intimidad, dignidad, protección, bienestar físico y psicológico de las víctimas.
Recordó que, en 2020, las imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla Vargas, víctima de feminicidio, se difundieron en noticieros, diarios, periódicos y en redes sociales.
“Lamentablemente, todos y todas fuimos testigos de la exhibición pública del material visual de su cuerpo, como si se tratara de cualquier noticia cotidiana, lo que laceró gravemente la dignidad y memoria de su persona y de sus familiares”, expresó.
Resaltó que esto puso en el centro del debate la actuación de las autoridades y personas servidoras públicas, en la integración de las carpetas de investigación del delito de feminicidio. Al mismo tiempo, la falta de probidad al manejar información y material en dichas carpetas, que deberían encontrarse bajo la debida confidencialidad y reserva.
El dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.
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