Donald Trump firmó este jueves dos nuevos decretos ejecutivos para restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. El objetivo: golpear el llamado «turismo de maternidad» y ampliar las categorías de personas que no calificarían para obtener la nacionalidad estadounidense por el simple hecho de nacer en suelo americano.
¿Qué dicen exactamente los dos decretos sobre ciudadanía por nacimiento?
El primer decreto amplía la definición de quiénes quedan excluidos de la ciudadanía automática. Según la Casa Blanca, la lista ahora incluye a «enemigos extranjeros de Estados Unidos, miembros de organizaciones terroristas y personas que actúan en nombre de gobiernos extranjeros». El segundo decreto es el más llamativo: ordena al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional que tomen medidas concretas para prohibir el turismo de maternidad, es decir, negar visas a mujeres que viajen a EU con el único propósito de dar a luz y que su bebé nazca ciudadano americano. Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, lo dijo sin rodeos: esto prohíbe, «por primera vez en la historia de Estados Unidos», el turismo de nacimiento como práctica comercial.
Un tercer frente incluido en los decretos busca negar la ciudadanía a hijos de personal diplomático extranjero nacidos en EU, así como —de forma condicional— a bebés nacidos en territorios estadounidenses como Puerto Rico, aunque ese punto requeriría un cambio legislativo que por ahora no tiene votos para pasar.
El contexto: Trump ya perdió esta pelea una vez
Esto no es la primera vez. El 20 de enero de 2025, el primer día de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva intentando eliminar la ciudadanía por nacimiento para todos los hijos de inmigrantes sin estatus legal. Las cortes inferiores la bloquearon de inmediato y, el 30 de junio de 2026, la Corte Suprema la tumbó con un voto de 6 a 3, declarándola ilegal e incompatible con la 14ª Enmienda.
Trump lo reconoció en la Oficina Oval, aunque sin mucho entusiasmo: «Tuvimos una decisión muy desafortunada en la Corte Suprema. Muy, muy desafortunada. Así que estamos haciendo ajustes porque es muy injusto». Los nuevos decretos son, en esencia, ese «ajuste».
¿Por qué te importa la ciudadanía por nacimiento?
Porque la discusión no se queda en Washington. México es uno de los principales países de origen de personas que dan a luz en EU, ya sea como parte de estrategias migratorias familiares o en casos de familias de estatus mixto donde los papás no tienen documentos pero el bebé nace ciudadano americano. Si estos decretos sobreviven a los tribunales —algo muy incierto— cambiarían la realidad de cientos de miles de familias transfronterizas.
Además, Trump afirmó durante la firma que EU «era el único país que ofrecía la ciudadanía por nacimiento». Eso es falso: al menos 30 países tienen políticas similares, incluyendo Canadá, México y Brasil. Este tipo de dato importa porque el gobierno de Trump ha construido narrativas parecidas para justificar otras acciones contra México — como cuando comparó a los carteles mexicanos con ISIS y Al Qaeda, generando una crisis diplomática con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
¿Qué dice la Constitución de EU? El problema de fondo
La 14ª Enmienda de la Constitución estadounidense, ratificada en 1868, es muy clara: toda persona nacida en territorio americano y sujeta a su jurisdicción es ciudadana. Eso es lo que dice literalmente. Puedes leer el texto completo en Constitution Annotated del Congreso de EU.
La Corte Suprema aplicó esa enmienda desde 1898, en el caso United States v. Wong Kim Ark, donde estableció que los hijos de padres no ciudadanos nacidos en EU sí tienen derecho a la ciudadanía. Desde entonces, el precedente ha sido sólido. Lo que Trump está intentando ahora es encontrar los bordes de ese precedente: atacar categorías específicas —turismo, diplomáticos, «enemigos extranjeros»— en lugar de intentar de nuevo eliminarlo de un golpe, que ya le salió mal.
¿Estos nuevos decretos sobre ciudadanía por nacimiento van a sobrevivir?
La respuesta honesta: probablemente no sin pelea. Los expertos legales anticipan que ambas órdenes serán impugnadas en tribunales casi de inmediato. El propio Trump lo sabe — cuando le preguntaron si creía que los decretos pasarían el filtro constitucional, respondió lacónicamente: «Creo que sí». No exactamente un argumento jurídico sólido.
Ya existe un antecedente interesante: las regulaciones federales de visas ya prohíben desde hace años otorgar visas de turista a personas cuyo «propósito principal» sea dar a luz en EU para obtener la ciudadanía para su hijo. El nuevo decreto lo que hace es intentar endurecer esa prohibición y convertirla en política oficial de la administración, con consecuencias más severas.
El patrón: golpear aunque no ganes
Trump sabe que estos decretos van a los tribunales. Lo sabe su equipo, lo saben los abogados de las organizaciones que ya se están preparando para demandar. Pero la estrategia tiene su lógica política: cada batalla judicial mantiene el tema de la inmigración en el centro del debate público, refuerza su base y fuerza a la oposición a pelear en múltiples frentes al mismo tiempo.
En México esto se lee distinto. Mientras la política migratoria de EU se endurece decreto por decreto, las familias en ambos lados de la frontera son las que absorben la incertidumbre. Y esa incertidumbre tiene un costo real, aunque las resoluciones judiciales tarden meses o años en llegar.
