El gobierno de Donald Trump escaló su retórica contra México este lunes al equiparar a los carteles mexicanos con organizaciones terroristas como ISIS y Al Qaeda. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum fue directa: si Washington quiere hablar de narco, primero que se mire a sí mismo. Esto no es solo un intercambio diplomático —tiene consecuencias reales para la relación bilateral.
Qué dijo Miller en el Pentágono
El escenario fue la ceremonia de entrega de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en el Departamento de Guerra. Ahí, Stephen Miller —arquitecto de la política antimigrante de Trump y uno de los principales impulsores de acciones militares en México— hizo la comparación más agresiva hasta ahora.
«Hay una razón por la que en México no funciona el sistema judicial, no funciona el sistema político, no funciona el sistema legal: es porque hay territorios controlados y ocupados por organizaciones terroristas», afirmó Miller ante militares condecorados por su labor en la frontera.
El punto central: según Miller, los carteles mexicanos están exactamente en la misma situación jurídica que ISIS o Al Qaeda, con la diferencia de que operan a unos cuantos kilómetros de la frontera con Estados Unidos, no a miles de kilómetros de distancia. La narrativa de la «invasión» sigue siendo el eje de todo el discurso.
La designación de carteles mexicanos como terroristas: qué implica
Esto no empezó ayer. Desde enero de 2025, Trump designó a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) mediante orden ejecutiva. Pero la escalada no paró ahí.
En mayo de 2026, la Casa Blanca publicó su Estrategia Nacional Antiterrorismo 2026 —un documento que se publica cada seis años— y por primera vez en su historia colocó a los cárteles del hemisferio occidental entre las tres principales amenazas para la seguridad nacional de EE.UU., desplazando al terrorismo yihadista del primer lugar.
Los seis cárteles mexicanos con esa etiqueta son: Cártel de Sinaloa, CJNG, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste (ex Zetas), La Nueva Familia Michoacana y los Cárteles Unidos de Michoacán. La designación FTO no es cosmética: habilita sanciones financieras, amplía poderes de vigilancia y, en teoría, permite operaciones fuera de territorio estadounidense.
Además, la estrategia declara oficialmente al fentanilo y sus precursores como «armas de destrucción masiva» —un lenguaje que acerca aún más el discurso antinarcóticos al marco legal del terrorismo.
Por qué te importa la comparación de carteles mexicanos con terroristas
Porque no es solo retórica. Cada vez que la administración Trump usa el lenguaje del terrorismo para hablar de los cárteles, está construyendo el argumento legal y político para justificar acciones más agresivas: desde sanciones hasta operaciones militares en suelo mexicano sin pedirle permiso a nadie.
Y aquí está la parte que muchos no ven: la designación FTO también afecta a personas y empresas mexicanas. Cualquier entidad que tenga transacciones con alguien vinculado a estos grupos puede enfrentar sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., aunque opere completamente dentro de México. El alcance es global.
Si te interesa entender cómo México ha respondido a estas presiones en el terreno económico, en Tiempo Real ya analizamos por qué México descartó ‘vengarse’ de Trump con tarifas y qué tan limitado es el margen de maniobra real.
La respuesta de Sheinbaum: calculada, no tímida
La presidenta Claudia Sheinbaum no cayó en el juego de Miller. En su conferencia mañanera del martes 28 de julio, dejó en claro que no entraría en un debate personal con el funcionario estadounidense —y señaló algo que muchos analistas suelen ignorar: hay elecciones intermedias en EE.UU. en noviembre.
«Recuerden que hay elecciones en noviembre en Estados Unidos. Siempre hemos dicho que México no debe ser el elemento de definición de su campaña», dijo Sheinbaum, sugiriendo que parte de la escalada retórica tiene motivaciones electorales internas.
Pero también lanzó su propio contragolpe: si Washington quiere hablar de narcotráfico, que empiece por su propio consumo de drogas, la distribución interna y el lavado de dinero que ocurre dentro de Estados Unidos. «Ellos tienen una parte muy importante ahí», subrayó. La presidenta no niega el problema de seguridad en México —lo enmarca en una corresponsabilidad que el discurso de Trump sistemáticamente omite.
El contexto que Miller no menciona
La narrativa de Washington presenta a México como un estado fallido copado por el narco. Pero hay datos que esa lectura omite convenientemente: EE.UU. es el mayor mercado de consumo de drogas del mundo, el flujo de armas desde territorio estadounidense hacia México es masivo, y el lavado de las ganancias del narcotráfico ocurre en gran parte dentro del sistema financiero norteamericano.
Señalar esto no es defender a los cárteles —que sí ejercen violencia, extorsión y control territorial en partes del país. Es exigir que el diagnóstico sea honesto. Una política antinarcóticos que solo apunta hacia el sur y nunca hacia adentro no es una política de seguridad: es propaganda.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. tiene un listado público (OFAC) de entidades sancionadas bajo estas designaciones —ahí puedes ver el alcance real de la herramienta.
¿Hacia dónde va esto?
La escalada retórica de Miller no es aislada. Forma parte de un patrón: primero viene el lenguaje («terroristas», «invasión», «estado fallido»), luego la política (sanciones, presión diplomática, operaciones militares). La pregunta que importa no es si Trump comparará a los carteles mexicanos con terroristas otra vez —lo hará— sino hasta dónde está dispuesto a llevar esa lógica antes de las elecciones de noviembre.
Sheinbaum juega el único juego que puede jugar: no confrontar directamente, pero no capitular. Si la tensión entre ambos países te parece solo un asunto de declaraciones, vale la pena recordar que ya hay militares estadounidenses condecorados por operar en la frontera con México. Las palabras siempre llegan antes que las acciones.
