El titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, presentó el segundo Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, donde se dieron a conocer los avances de la investigación a 9 años de los hechos.
Asimismo, defendió que la investigación de la actual administración es diferente a la “verdad histórica” que se presentó en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En primer lugar, sostuvo que los estudiantes iban a tomar autobuses para trasladarse a la Ciudad de México el 2 de octubre. La “verdad histórica” afirmó que ellos querían boicotear el informe de labores de la entonces presidenta municipal del DIF.
Dos, que no pudo ocurrir la incineración de los cuerpos en el Basurero de Colula por las condiciones climáticas, del terreno y la vegetación. Tampoco estuvieron juntos tras salir de la terminal de autobuses, sino que los dividieron en al menos tres grupos.
Tres, que en los hechos sí participaron, en colusión, grupos criminales de la región, autoridades civiles y de seguridad municipales, estatales y federales. También elementos del 27 Batallón de Infantería.
Las conclusiones
Hasta ahora, las conclusiones de lo que va de la investigación, indicó Encinas Rodríguez, son las siguientes:
- La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un Crimen de Estado.
- En todo momento, las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes. Es decir, desde su salida de la Escuela Normal hasta su desaparición.
- Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
- Los estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” eran objetivo de la inteligencia militar de manera regular desde años atrás de los hechos en Iguala.
- Los mandos militares no realizaron las acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin, quien se encontraba dentro del grupo de estudiantes.
- En ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedeció a la intención de boicotear el acto de la presidenta municipal del DIF.
- En ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala. Los estudiantes fueron divididos en al menos tres grupos.
- El grupo directivo actuó con un amplio número de personas a partir de un mando central y al menos tres células de halcones y sicarios con el apoyo de distintos policías municipales y agentes del Estado.
- Las autoridades federales, estatales y municipales del más alto nivel fueron omisas y negligentes. Existen elementos suficientes para presumir que se alteraron hechos, evidencias y circunstancias para crear una conclusión ajena a la verdad.
- Existía vínculo y contubernio entre el grupo delictivo de “Guerreros Unidos” y las policías municipales de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, la Policía Estatal, la Policía Ministerial Estatal, la Policía Federal, así como miembros del Ejército Mexicano.
- Hasta hoy se han identificado 3 de los 43 estudiantes desaparecidos: Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio.
- No hay indicios de los de que los estudiantes se encuentren con vida. Por el contrario. todas las declaraciones, testimonios y evidencias indican que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.
El móvil
Por otro lado, precisó que el móvil de la desaparición de los estudiantes se sustenta en tres posibles causas que, aclaró, no son excluyentes:
- Confusión en “Guerreros Unidos” respecto a la presunta infiltración de “Los Rojos” entre los estudiantes.
- Dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por parte del alcalde José Luis Abarca y “Guerreros Unidos”.
- El trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados.
Participación del estado
Al mismo tiempo, Encinas Rodríguez indicó que la “verdad histórica” fue una construcción desde el Gobierno Federal para “legitimar socialmente la verdad de los hechos” y acreditar la versión de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula y dar carpetazo al caso.
Igualmente, que la “junta de autoridades” presidida por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, junto con funcionarios del más alto nivel del Gobierno, es la responsable directa de la construcción de la “verdad histórica”.
Por lo tanto, indicó que la “verdad histórica” fue una segunda desaparición de los estudiantes. Al respecto, estas fueron las consideraciones:
Por las omisiones de las autoridades que, en todo momento, estuvieron informados y que permitieron la violencia y la desaparición de los estudiantes.
- Participaron con el grupo delictivo en la desaparición
- Manipularon y ocultaron evidencias y pruebas
- Crearon escenas del crimen
- Obtuvieron declaraciones bajo tortura
- Protegieron a los servidores públicos que participaron en los hechos
- Mintieron a los familiares de las víctimas y a la sociedad
Detenciones
Desde el 2014 a la fecha, estas son las detenciones de personas involucradas:
Además, refirió que las decisiones de los jueces afectan la investigación del caso. Por ejemplo, dijo, persisten las decisiones contradictorias de los jueces, liberaron a 77 personas consignadas por tortura, ordenaron la destrucción de los videos de las seis cámaras del Palacio de Justicia, restaron validez a pruebas de cooperación internacional, como las escuchas de la DEA.
La búsqueda los estudiantes
En cuanto a las acciones de búsqueda, expuso que, hasta ahora, van 138 en 9 municipios, 68 zonas intervenidas y 524 sitios explorados. En total, suman mil 21 jornadas de trabajo, 25 hallazgos, 32 cuerpos recuperados, 34 indicios balísticos y prendas de vestir y numerosos restos óseos.
Omar García Harfuch
Aunque no lo mencionó directamente, sino que respondió a una pregunta de un reportero, Alejandro Encinas confirmó que el nombre del extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y aspirante a jefe de gobierno, Omar García Harfuch, sí aparece en los informes de la Comisión para la Verdad del caso.
En aquel entonces, él habría estado en la “junta de autoridades” donde se creó la “verdad histórica”. En ese momento, él pertenecía a la extinta Policía Federal.
Tomás Zerón
Finalmente, comunicó que, quien fuera jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, acusado por tortura y desaparición forzada, presentó un amparo para que no se mencione su nombre.
“El Poder Judicial me prohibió decir la verdad sobre la participación del exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal.
“[…] recibí en mi oficina un amparo que concedió el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa a la Ciudad de México al señor Tomás ‘N’, en donde se me prohíbe decir la verdad y abstenerme de declaraciones verbales escritas o publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales, mediante las que se afirme sugiera o preste dentro de un contexto al quejoso sosteniendo que es un torturador”.
